Algo huele a podrido en la Junta

Éramos muchos los que pensábamos que el denominado "Caso Mercasevilla" no era simplemente un episodio más de corrupción política a los que los andaluces estamos tan acostumbrados. En contra de lo que muchos pensaban, el "ya escampará" no va con la jueza instructora Mercedes Alaya, empeñada en destapar toda una trama que oculta un desvío importante de dinero público procedente de las arcas de la Junta y destinado, por lo que sabemos hasta ahora, a pagar comisiones y prejubilaciones de personajes afines al partido que nos gobierna. Lo que comenzó como una astracanada de dos individuos que pretendían "cobrarle" una comisión a un empresario de hostelería para conseguirle una subvención, se está transformando en una imparable bola de nieve que amenaza con llevar por delante a importantes figuras del socialismo sevillano y andaluz. En Mercasevilla no huele sólo a pescado podrido, la podredumbre llega ya hasta los sótanos de la Consejería de Empleo.

Pero pongámonos en antecedentes. Hace ahora unos dos años, los gestores del restaurante La Raza denunciaban que dos personas del PSOE se habían entrevistado con ellos y les pedían una buena cantidad de dinero para lograr que la empresa se quedara con unos cursos de formación de la Escuela de Hostelería.  La conversación fue grabada y puesta en manos de la jueza Mercedes Alaya. Comenzaba así el "Caso Mercasevilla",. En principio no era sino un "choriceo" más de los muchos a los que algunos políticos nos tienen acostumbrados desde la época de Juan Guerra. Pero la cosa comenzó a complicarse. Fernando Mellet y Daniel Ponce, director y director adjuntos de Mercasevilla fueron imputados por  prevaricación, fraude y exacción ilegales de funcionarios, un delito societario y maquinación para alterar el precio de las cosas por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de un "concurso predeterminado". Posteriormente también fueron imputados el secretario de Mercasevilla, Jorge Piñero, y el ex concejal socialista y ex presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo. Después, Domingo Enrique Castaños, asesor del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, Juan Lanzas, y el delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. La trama iba subiendo escalones poco a poco y el PSOE comenzó a inquietarse. De hecho trató de impugnar a la jueza esgrimiendo que su marido había trabajado en una auditoría a Mercasevilla.

El siguiente escándalo del caso surgió por la venta fraudulenta de unos terrenos de la empresa municipalizada. De nuevo acudieron varios testigos a declarar y, entre ellos, la jueza citó al ex delegado de Urbanismo y uno de los hombres fuertes del gobierno de Monteseirín, Manuel Marchena, quien tuvo que ser sustituido a toda prisa en la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla, donde iba a encarnar al Rey Melchor.

Pero en esta imparable escalada de escándalos, el más importante ha surgido a cuenta del "ere" realizado en Mercasevilla. Se descubrió que había varias personas que habían cobrado una indemnización millonaria sin que nunca hubieran trabajado en la empresa, entre ellos un miembro del PSOE de Jaén, Garrido Santoyo. Esta anomalía hizo que las investigaciones profundizaran en el asunto y la Policía confirma que existe un fraude en la gestión con el cobro de comisiones y favores mediante regulaciones de empleo irregulares o a través de intermediaros. La guinda del pastel la ha puesto el el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, quien ha declarado que se gestionaba mediante un "fondo de reptiles" la concesión de ayudas especiales a empresas en crisis a través de expedientes de regulación de empleo (ERE). La Consejería de Empleo traspasaba fondos a un organismo dependiente de la propia Consejería, el Instituto de Fomento de Andalucía -luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía-, para «evitar los controles y la fiscalización» propia de los actos administrativos, entre otros la no publicación de las concesiones a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El informe policial calcula que mediante este peculiar modelo de «ayuda extraordinaria» se habrían gestionado desde el año 2000 un total de 647 millones de euros, es decir, más de cien mil millones de las antiguas pesetas. Y todo eso, en una comunidad, Andalucía, que roza el treinta por ciento de tasa de desempleo y suma ya un millón de parados. Ejemplarizante.

Inmediatamente el PSOE le ha abierto expediente de expulsión pero no cabe duda que el escándalo va a afectar, de lleno, al secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, quien era consejero de Empleo en el periodo 2000-2004 y a la vez presidía el IFA. Otro de los afectados, que ya ha ido a declarar como testigo, ha sido su sucesor en el cargo, Antonio Fernández, durante cuyo mandato estallo el "Caso Mercasevilla".  La investigación sigue su curso y no es de extrañar que la jueza Alaya siga tirando de una manta que puede dejar al PSOE con las vergüenzas al aire en unos momentos en los que lo que menos desean sus dirigentes, empezando por el propio José Antonio Griñán, son escándalos que les resten más votos. Las encuestas no están para demasiadas bromas.

Convendría pues que la nueva Ejecutiva socialista andaluza de la era "postchaviana" largara amarras y pusiera tierra de por medio de las maquinaciones que urdió el antiguo factotum del régimen y del PSOE-A, Gaspar Zarrias, si no quiere repetir la historia del Cid. Ya saben, que Gaspar vuelva a ganar la batalla después de muerto. Habría que pedirles, como mínimo a Pepe Griñán y sus muchachos, luz y taquígrafos y quizás un ajuste de cuentas que llevan aplazando desde hace mucho tiempo.