El gobierno de Entre Ríos, acompañado por legisladores y la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, solicitará a la Cancillería que "elabore una nueva medida cautelar" para presentar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el momento de la inauguración de la planta pastera de Botnia en Fray Bentos. Un dirigente ambiental aseveró que la apertura de la pastera será “una nueva violación al Tratado del río Uruguay”.
Así fue informado por la fiscal del Estado entrerriano, Claudia Mizawak; el secretario de Medio Ambiente, Gabriel Moguilner, y uno de los coordinadores de la Asamblea, Juan Carlos Quinteros.
"Consideramos procedente esta acción judicial debido a que la planta van a entrar en funcionamiento antes de que haya sentencia del máximo tribunal por la cuestión de fondo", sostuvo Mizawak en una rueda de prensa.
Por su parte, Moguilner dijo a Télam que "la acción se enmarca en la generación de un nuevo dato, que sería la puesta en marcha de la planta, respetando el pronunciamiento de la Corte al momento del anterior pronunciamiento cautelar".
Quinteros, en diálogo con Télam, subrayó que "la apertura de la pastera será una nueva violación al Tratado del río Uruguay y es motivo más que suficiente para recurrir otra vez a la La Haya".
"Tenemos que anticiparnos a los hechos. Este es el momento preparar la nueva medida cautelar y presentarla, si es posible, el mismo día en que Botnia decida activar su proyecto", indicó el asambleísta.
Mizawak dijo que el gobierno de Entre Ríos decidió "comenzar a motorizar esta iniciativa", pero remarcó que para esto buscarán "reunir las conformidades políticas" que le den un sustento pleno.
Desde la mirada legislativa, la diputada nacional Rosario Romero anticipó que los representantes entrerrianos motorizarán en el Congreso "un debate sobre la necesidad de insistir sobre una medida cautelar".
Su colega Blanca Osuna, en tanto, anunció que impulsará una resolución ante ambas Cámaras para que actúe la Cancillería en virtud de lo planteado.
La primera medida cautelar presentada por Argentina a la Corte fue rechazada, a raíz de que el supremo tribunal entendió que el planteo versaba sobre una "presunción" de contaminación.
De cualquier modo, el pronunciamiento dejó abierta la posibilidad de que las partes en litigio (Argentina contra Uruguay) puedan repetir presentaciones cautelares ante la presencia de "situaciones nuevas".
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