Urpi Torrado, presidenta de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (Apeim), señaló que esta situación dificultó en cierta medida el desarrollo de los sondeos de intención de voto.
“Hemos sentido que en los demás trabajos realizados hay mayor desconfianza y rechazo”, indicó.
Agregó que como consecuencia de la polémica generada, los ciudadanos responden por anticipado que no darán el número de documento de identidad (DNI) y muestran mayor reticencia a contestar por su intención de voto para las elecciones del 10 de abril próximo.
Torrado sostuvo que en un estudio reciente, con las mismas características técnicas, con la misma ficha técnica, el mismo nivel de representatividad, entre otros, se descubrió que el rechazo a responder un cuestionario subió de 24 a 28 por ciento.
“Si uno empieza a tener tasas de rechazo muy altas, ya no representas a todo el electorado, sino a una porción más reducida”, subrayó.
De otro lado, la titular de la Apeim informó que en la reunión sostenida en la víspera con los miembros del JNE, fue importante escuchar a las encuestadoras de otras ciudades del país para obtener una posición común.
Por ello, llegaron a la conclusión de postergar la aplicación del nuevo reglamento y conformar una comisión técnica que realice legislación comparada y formule algunas sugerencias para optimizar el proceso de fiscalización.
Entre los planteamientos mencionó, por ejemplo, que el JNE visite la sede institucional de una encuestadora cuando solicita su acreditación o cuando renueve su licencia cada dos años, y así comprobar que posee una infraestructura mínima.
Del mismo modo, propuso que el Jurado actúe con mayor énfasis en la fiscalización de “las encuestas fantasmas” que surgen durante la veda informativa, aplicada una semana antes de los comicios, especialmente aquellas que surgen en otras ciudades.
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