El Consejo, que aprobó por unanimidad las sanciones en su segundo día de debates sobre el tema, exigió de nuevo que se ponga fin de inmediato a los ataques contra civiles "incitados desde el más alto nivel del gobierno libio".
La Organización de Naciones Unidas estima que más de 1.000 personas han muerto en los disturbios.
La prohibición de viajar y el congelamiento de activos recae sobre el líder libio de 68 años, y siete de sus hijos, así como sobre otros miembros de la familia y funcionarios de defensa e inteligencia implicados en el baño de sangre en el país árabe.
Dieciséis nombres están en la lista de sanciones.
Asimismo, el Consejo ordenó el cese inmediato de las ventas de armas a Libia y se refirió a los ataques a civiles, que "pueden constituir crímenes de lesa humanidad" ante la Corte Penal Internacional.
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