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Consideran "injustificado" el expediente de extinción

La empresa ATJ se opone a la 'arbitrariedad' de la CHD en el cierre de una minicentral de energía renovable

La empresa ATJ se opone a la "arbitrariedad" de la CHD en el cierre de una minicentral de energía renovable

martes 08 de marzo de 2011, 23:38h


La empresa familiar ATJ ha denunciado irregularidades en el proceso de cierre de una minicentral eléctrica en Ávila. Según la firma, "a pesar de la situación actual en los países exportadores de energía y de la necesidad de políticas que fomenten las energías limpias y autóctonas, la Confederación Hidrográfica del Duero, pretende cerrar la minicentral de energía renovable de la pequeña empresa familiar ATJ", alegando unas irregularidades "inexistentes" para la empresa.

En 1994, el nuevo arrendatario de la concesión de la minicentral hidroeléctrica, la pequeña empresa familiar de Salamanca -ATJ Asesoría Técnico Jurídica SL-, realiza la reparación de las instalaciones y dota a la fábrica de luz de maquinaria y equipos de tecnología prestando especial atención a los aspectos ambientales. Con estas reparaciones, se elimina el antiguo canal y se mimetiza la central con el entorno, haciendo desaparecer las tuberías a la vista,  haciendo un escachado de piedra natural en el azud y colocando una escala de peces según las recomendaciones del ICONA, taly como asegura ATJ.

Es a partir de 2007 cuando la CHD, siempre según las afirmaciones de ATJ, toma la decisión de paralizar la minicentral, curiosamente coincidiendo con una campaña mediática de varias asociaciones ecologistas que pretende la eliminación de 20 presas y azudes, entre ellos la minicentral de Barbellido, por suponer, sin prueba alguna, un ‘paso infranqueable para los peces’.

En ese mismo año, el arrendatario, la empresa ATJ Asesoría Técnico Jurídica SL, solicita a la Confederación Hidrográfica la realización de tareas de mantenimiento del azud, presentando el proyecto a la CHD en Julio de 2007. A día de hoy el proyecto no ha sido aprobado. Tampoco  el arrendatario ha recibido ningún tipo de requerimiento, de rectificación o mejora por parte la Confederación desde 2005, tal y como asegura la firma.

A comienzos de 2009, se inicia un expediente de extinción de Barbellido por supuesto incumplimiento de 6 condiciones concesionales. En este expediente, llama la atención que una de las razones por las que la Confederación considera un incumplimiento de la concesión es el no haber realizado obras de reparación, cuando fue la misma CHD la que había impedido al Ayuntamiento de San Juan de Gredos a autorizar dichas obras, como demuestra un escrito del 23 de Julio de 2009.

El preceptivo informe del Consejo de Estado emitido por el Alto Organismo, descarta 4 de los 6 presuntos incumplimientos y establece que no se han demostrado los otros dos. Estos dos aspectos, que se refieren al caudal ecológico y al funcionamiento de la escala de peces, han sido demostrados por la empresa concesionaria mediante la grabación notarial del paso de truchas por la escala en el mes de diciembre y tres informes periciales de la Doctora Bióloga Marisa Blasón, del Doctor Ingeniero de Montes Juan Carlos Montoya y del perito Industrial  José Tomás Sánchez.

Por otra parte, los informes de funcionarios de la Junta de Castilla y León ratifican el buen estado de pesca del río y recientemente el programa Jara y Sedal emitió un reportaje sobre pesca de trucha autóctona en este río, ensalzando el buen estado y la buena pesca realizada. Del río Barbellido se extraen los ejemplares de trucha para repoblar todo los ríos de Gredos en las instalaciones de la Junta de Castilla y León de Galisancho ( Salamanca).

En definitiva, en opinión de ATJ la CHD pretende cerrar la minicentral por medio del expediente de extinción anteriormente citado, un procedimiento reservado por la Ley de Aguas a casos extremos y exclusivamente para incumplimientos esenciales de la concesión, sin permitir y ni siquiera apuntar la posibilidad de continuidad de la concesión, a pesar de que dicha Ley lo exige en dos momentos distintos y así haberlo solicitado los interesados.

Los arrendatarios se oponen totalmente a que pueda cerrarse la fábrica de luz de estas "maneras ilegales y sin justificación objetiva alguna , pues ello supone una manifiesta arbitrariedad de los poderes públicos que prohíbe  la Constitución". "En cualquier caso, únicamente pueden utilizarse otros procedimientos que establece la Ley, llegando a un acuerdo previo e indemnizando a los afectados como es preceptivo", aseguran las fuentes directas de la firma.

Actualmente la fábrica está parada, por lo que se está perdiendo una energía renovable limpia y autóctona, que supone evitar la emisión anual de 10.881 Tm de CO2, el mismo efecto que 3109 Ha de bosque. Además, el cierre de la central supone la ruina para la pequeña empresa familiar y por consiguiente, la perdida de empleos.

Esta situación, esta pendiente de decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Valladolid.
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