La reforma no es cosa de vida o muerte

Ya estamos de nuevo, como buenos españoles, haciendo de cualquier cosa un enorme drama y/o un tremendo combate naval en la bañera. Ahora es la reforma constitucional para la estabilidad presupuestaria lo que se constituye en asunto apocalíptico: para unas visiones es una necesidad absoluta, mientras que para otras va a ser la fuente de todos los males. Por favor, estimadas y estimados, ¿no sería posible encarar la cosa más tranquilamente? Porque la verdad es que la decisión al respecto no es cosa de vida o muerte. Si se decide hacer la reforma no es tan grave y si se decide lo contrario tampoco. Hay veces en la vida que las cosas son sólo convenientes y otras que son imprescindibles. Afortunadamente, estamos en el primer caso y se puede optar tranquilamente por una opción u otra, sin que se caiga el cielo. Insisto en que si se acomete la reforma eso no significa para nada la destrucción definitiva del Estado de Bienestar, como aseguran voces altisonantes. Y que, en el periodo de oscilaciones económicas frecuentes que nos ha tocado vivir, gastar alegremente en las etapas de bonanza tampoco es un buen negocio para el Estado de Bienestar, porque luego en la recesión subsiguiente vienen los recortes inevitables, lo que espolea el descontento social de gente que se acostumbra al gasto y  luego no le parece para nada el recorte. Así que, sobre todo en las filas socialistas, el asunto debería mover a la reflexión mucho más que al rasgamiento de vestiduras que presenciamos estos días. Parece mentira que luego de años de aceptar el papismo zapateril, ahora se encrespen los ánimos como si el jefe hubiera perdido la razón. Ni tanto ni tan calvo, colegas, algo más de equilibrio. En todo caso, no estoy de acuerdo con interpretaciones económicas, como las del exministro Borrell, que aseguran que, precisamente porque estamos en un periodo de frecuentes oscilaciones, es que hay que dejar las manos libres de los gobiernos para manejar el déficit, supongo que como instrumento anticíclico. La experiencia nos dicta que eso podría ser cierto cuando el cuadro de mandos económicos dependía fundamentalmente de la voluntad nacional, pero hoy eso no es tan así y el manejo arriesgado del déficit es leído por unos mercados globalizados que nos pueden castigar dramáticamente. Por eso, obligar a la prudencia presupuestaria (constitucionalmente) no resulta tan malo si se hace con no menos prudencia. Subrayo que no sería procedente jugársela estrechamente al déficit cero (o 0,35% del PIB, como en Alemania), pero poner un techo del 2 o el 3%, como propuso la Unión Europea, no me parece tan mal. En todo caso, lo que me parece muy útil es el concierto previsto en la reforma constitucional alemana para que la estabilidad presupuestaria sea algo que valga tanto para el Gobierno central como para las autonomías. Pero si la decisión final es no hacer la reforma constitucional tampoco se hunde el mundo. No creo que a estas alturas el gobierno entrante, sea del color que sea, deje de orientarse a favor de la estabilidad fiscal, aunque tampoco creo que se lance a recortes sangrientos del gasto público, porque no está el horno para esos bollos.  Así que me parece que, al interior del país, la reforma constitucional no es imprescindible a rajatabla. Me parece que es una señal hacia el exterior más que otra cosa y creo que es mejor hacerla sin rigideces innecesarias. Ahora bien, lo que no me parece edificante es hacer una reforma constitucional para hablar en términos abstractos, que sirvan como saludo a la bandera, sin mecanismos concretos de control y de previsión de turbulencias financieras. Definitivamente, para ese viaje no hacen falta alforjas. Y si eso es lo que está pensando Rubalcaba para evitar la división del socialismo y su propio deterioro electoral, flaco servicio le estará haciendo al país. Si se hace la reforma, que tenga efectos pertinentes, en caso contrario es mejor que no se haga. Que tampoco se nos cae el edificio fiscal encima. Desde luego, el pacto en torno a la reforma constitucional tiene un valor agregado: que se convierta en el punto de partida de un acuerdo nacional para el establecimiento de una Política de Estado sobre el crecimiento y el empleo. Ese acuerdo sí es mucho más sustantivo y necesario que la propia reforma en sí misma. Por ese acuerdo si hay que batirse el cobre. Una política de Estado para superar la crisis económica, que, obviamente, debería incluir un pacto sobre el control del gasto, sí que fortalecería al país hacia dentro y hacia fuera. Por eso la idea de un pacto para reformar la constitución sería muy útil si acaba resultando la rampa de lanzamiento de esa política de Estado. Porque en caso de que la reforma constitucional no se haga, esa política concertada sigue siendo completamente necesaria. 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