El Gobierno publica paquete de decretos para combatir la delincuencia

Por ejemplo, se agravan las penas hasta un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido para los delincuentes que desde las cárceles dirijan operaciones de tráfico ilícito de drogas, secuestro, extorsión, terrorismo, lavado de activos, entro otros.

También sanciona a los adultos que instiguen o participen con menores en pandillas perniciosas, a quienes cometan actos de violencia o toma de locales en huelga, y a los funcionarios públicos que participen en paralizaciones.

Asimismo, a los que vendan terokal a menores de edad para su inhalación, a quien amenace a los testigos de un delito o a los peritos, a quien revele la identidad de testigos, agentes encubiertos o colaboradores eficaces, y a quien simule su insolvencia o la provoque para no pagar la reparación civil.

Por otro lado, las nuevas normas permitirán a los jueces de Lima conocer los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, secuestro, extorsión, con participación de organizaciones criminales, que hayan ocurrido en otra jurisdicción del país.

El objetivo –explicó la ministra de Justicia María Zavala- es evitar que los procesos se trunquen por falta de seguridad.

Igualmente se crea el delito de reclutamiento de personas para fines de terrorismo el cual será reprimido con una pena de no menor de 20 años ni mayor de 25.

Del mismo modo se establece que los condenados por terrorismo podrán acogerse al beneficio penitenciario de libertad condicional cuando hayan cumplido tres cuartos de la pena impuesta y previo pago de la reparación civil y de la multa.

Según esta norma, los terroristas no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de pena por trabajo y educación, semi libertad y liberación condicional.

También se establece la obligatoriedad de reportar las transacciones sospechosas de dinero y se sanciona penalmente a quien transporte dinero o bienes ilícitos dentro del territorio nacional o entre frontera.

Se establece que recibirán pena de cárcel de no menor de 25 años quienes laven dinero proveniente de extorsión, secuestro y delitos contra el patrimonio cultural.

En el marco de la lucha contra el narcotráfico también se aprobó la norma que faculta al fiscal para intervenir y controlar las comunicaciones y documentos privados en caso excepcional, previa autorización del juez, quien deberá tramitar esta solicitud con prioridad.

Respecto a este punto, se estableció que las empresas de comunicaciones tendrán que facilitar la recolección de la información intervenida, previa autorización judicial.

Otra de las normas establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada y que incluye a los procesados por tráfico ilícito de drogas, quienes podrán acogerse a esta modalidad.

Asimismo, a través del proceso "perdida de dominio", el Estado podrá obtener la propiedad de los bienes y títulos adquiridos por los delincuentes producto de sus ilícitas actividades.

Ello se realizará luego de un proceso sumario que contará con todas las garantías del caso.

La ministra de Justicia, María Zavala, sostuvo que estos cambios en la legislación se diseñaron con la finalidad de mejorar los niveles de seguridad ciudadana en el país.