¿Igualdad ante la ley? No me hagan reír

Raúl Iturriaga Neumann terminó ingloriosamente en estos días su periplo como “clandestino” al ser detenido por detectives en Viña del Mar, en un edificio con vista al Pacífico. Había sido condenado a diez años de prisión por el homicidio de Luis San Martín Vergara, un militante de izquierda desaparecido en 1974.

El ex boina negra se declaró en rebeldía por la sentencia del juez Alejandro Solís, al que le dijo que su labor en la DINA consistía en organizar las fiestas patrias (sic), y se sumergió en el departamento de un edificio de la calle Las Hualtatas, en Vitacura, propiedad de una amiga de su familia. Su objetivo era encabezar desde allí la resistencia contra este opresivo régimen democrático que persiste en querer castigar a los culpables de desapariciones y torturas.

Sus amigos decían que no se iba a entregar así como así, y que su preparación de comando de elite, que se entrenaba en sus buenos tiempos estrangulando gatos con sus propias manos para forjar su temple, prometía que íbamos a ser testigos de una lucha épica en caso de que la policía intentase echarle el guante encima.

Sin embargo, nada de ello pasó. Su pistola 9 milímetros y su corvo acerado quedaron a buen recaudo en su equipaje de prófugo cuando un equipo de la policía civil le cayó encima, empleando la argucia de llevarle el diario a su vivienda. Al parecer, a juzgar por un video que anda por ahí dando vueltas, incluso forcejeó menos que el “Mamo” Contreras cuando el brazo de la ley le cayó encima.

Es que, pensándolo con calma, no había para qué batirse como los héroes de La Concepción o la Esmeralda, hasta quemar el último cartucho si fuese necesario, considerando que su destino último, en el albur de ser hecho prisionero, estaba muy distante del que Iturriaga y los suyos le reservaban a quienes caían en manos de la DINA, en los tiempos en que Pinochet mandaba.

Para empezar, nadie le iba a poner una venda o una capucha en el rostro para arrastrarlo hacia un centro clandestino de detención y proceder a picanearlo y aplicarle tormentos diversos con el fin de que confesara sus reales o imaginarios crímenes.

Lo más probable es que se le hicieran presente sus derechos, e incluso se tuviera con él la gentileza de ocultarle debidamente las esposas bajo su chaqueta, de modo que como general del Ejército no ofreciera la imagen indigna de un delincuente cautivo al ser presentado a la prensa.

Por eso es que nuestro Manuel Rodríguez redivivo salió sonriente y hasta de buen talante desde la casa en la que había buscado refugio. Lo peor que le podía pasar, creo yo, se dijo a sí mismo, era terminar junto a sus camaradas de combate –guerreros, como él, de la Guerra Fría-, encerrado en el penal “Cordillera Inn”, que dista mucho, por cierto, de ser una mazmorra, con internet, gimnasio y TV cable.

Allí, el “Gigio” se reencontró con el “Ronco” Moren Brito, con Miguel Krassnoff Marchenko y otros próceres que contribuyeron a liberar a nuestra dulce patria del comunismo, aunque para eso haya hecho falta liquidar a algunos aguafiestas en el camino y luego arrojar sus cuerpos al mar. Cosa que, según Hermógenes Pérez de Arce, el rey de los sofistas, nunca ocurrió. Y que, según otros, más realistas, sí sucedió. Pero de inmediato se justifican diciendo que no se puede hacer una tortilla sin romper huevos.

Como sea, lo cierto es que mientras el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA iba a dar con sus huesos al penal cinco estrellas de Peñalolén, a corta distancia de la ex Villa Grimaldi, donde los prisioneros eran entubados o asesinados a cadenazos, el tema de la justicia y la igualdad o desigualdad ante la ley volvía a ganar titulares en los diarios.

Y cito un par de ejemplos. Para empezar, el de la líder de la llamada “secta ABC1”, como la bautizó LUN, Paola Olsece. El otro día vi a un fiscal muy orondo anunciar por televisión su arresto, diciendo que se la acusaba por el homicidio y la inhumación ilegal de una joven que falleció tras un parto efectuado sin atención médica en la comunidad de Pirque, en la que residía.

Según los miembros de esta Comunidad Cristiano-Ecológica (así se autodenominan), Olsece no estaba ni antes, ni durante ni después de estos hechos allí. Pero unos escritos suyos la incriminan (¿?) como “líder espiritual” de este grupo. Y eso es suficiente al parecer para mandarla a la cárcel.

A mí, que en general suelo ser bastante agnóstico, la cosa, qué quieren que les diga, me huele a caza de brujas. Y no deja de extrañarme el excesivo celo policial y judicial puesto en este asunto. Celo que eché de menos, por ejemplo, en el caso de Paul Schäfer.

Otro botón de muestra, pero a la inversa, es la reciente condena a tres años de presidio a Aarón Vásquez, el hijo y nieto de pastores protestantes que mató a golpes, con un bate de béisbol, al ciclista Alejandro Inostroza, en una plaza de Santiago.

Ya me he referido con anterioridad a este caso en un blog que soporta habitualmente los dislates y desvaríos de mi pluma (http://artemiolupin.blogspot.com), de modo que no ahondaré en mayores detalles de mi postura al respecto. 

Sólo diré que los ilustres magistrados estimaron que esta leve pena, que se reducirá en la práctica a dos años y tres meses en un centro de reclusión juvenil de Calera de Tango, que tiene campos de deportes y lugar para hacer asados (¿a qué les hace acordar?), con régimen semi-cerrado de detención –es decir, Vásquez puede dormir todas las noches en su casa - es la justa y correcta manera de purgar este alevoso crimen.

Homicidio simple, así lo caratularon. Y al que no le guste, a llorar a la iglesia (pero no a la evangélica).

Lo curioso es que estos mismos días leí un cable que da cuenta que en Atlanta, Estados Unidos, un joven de 21 años fue sentenciado a diez años de cárcel por tener una relación sexual oral consensual con una adolescente.

La pena aún no está firme, pues falta la decisión de un tribunal superior. Pero, en principio, Genarlow Wilson, de 21 años, “fue declarado culpable del delito agravado de abuso de menor de edad luego de una fiesta de Año Nuevo en el 2003 en una habitación de un hotel del condado de Douglas, donde fue grabado en video teniendo sexo oral con una muchacha de 15 años; él tenía 17 entonces”.

Detalle no menor: Wilson es negro.

Aunque, en rigor, no hay que irse tan lejos para comprobar que la justicia a veces es ciega y dispar, además de discriminatoria.

Un menor de 17 años, M. M. S., vecino de la villa San Miguel de Puente Alto, cuyo caso conozco de cerca por circunstancias que sería ocioso mencionar, acaba de ser condenado hace poco tiempo a diez años de prisión en el CDP de esa populosa comuna (ya cumplió uno adentro, mientras esperaba el fallo) por “robo con intimidación”. Ergo, un vulgar “cogoteo”.

No digo que M. M. S., adicto a la pasta base y con un largo prontuario pese a su temprana edad, sea una “blanca paloma”.  Pero al menos no ha matado a nadie. Y eso no es poco, comparado con el caso de Vásquez, a quien los jueces le aminoraron su responsabilidad porque era menor de edad al momento de cometer su crimen.

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Carlos Monge Arístegui
Periodista y escritor.