Esta asociación ya pidió su imputación durante la fase de instrucción de la causa su imputación, si bien fue archivada en 2006 por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska.
Durante la primera sesión del juicio del 'caso Gescartera', catorce abogados de las acusaciones particulares, algunos en representación de varios afectados, se adhirieron a lo planteado por el letrado de Adicae.
La asociación considera que la imputación de los ex miembros de la CNMV, así como la de Giménez-Reyna, tenía que resolverse por la Sala Especial del Tribunal Supremo razón por la cual la cuestión no está resuelta. "Entendemos que existe una responsabilidad por parte de la CNMV en la primera sanción" impuesta a Gescartera, explicó un abogado de Adicae.
La CNMV tramitó el cambio de estatus de Gescartera bajo la aceptación del Ministerio de Economía en octubre de 2000, el mismo mes de la toma de posesión de Valiente, la primera sanción se hizo bajo el mandato de Juan Fernández-Anesto.
Por su parte, el representante legal de Caja Madrid Bolsa, responsable civil subsidiaria en la causa, pidió la nulidad del auto de apertura de juicio y solicitó que se responsabilice por los mismos hechos que a Caja Madrid a entidades como Bankinter, HSBC y Deutsche Bank.
La caja considera que estos bancos trabajaron también con Gescartera y sus actuaciones fueron las mismas, a pesar de que el fiscal les haya eximido de cualquier responsabilidad responsabilidad.
La defensa de Camacho quiere como testigo a Juan Fernández-Armesto
El abogado de Antonio Camacho y su mujer Laura García More, Miguel Bajo, ha pedido este lunes la declaración como testigos del ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre 1996 y 2000, Jesús Fernández-Arnesto, y del antiguo director de Supervisión Ramiro Martínez Pardo.
Durante la primera jornada del juicio oral por el 'caso Gescartera', el letrado también solicitó la declaración como testigo del director de Gestión de Gescartera, Antonio Pérez Pazos, así como de Isidoro de Blas Fernández y Jesús Carrillo Ramírez.
En representación de la mujer de Camacho, el abogado pidió que la acusada pueda ausentarse de las sesiones del juicio oral aportando la partida de nacimiento de Laura María García Morey, hija de ambos nacida el pasado mes de mayo.
El abogado aportó el historial laboral de Camacho y su cotización como trabajador autónomo correspondiente a la época anterior a la apertura de Gescartera, creada en 1992.
Asimismo, el letrado pidió la aportación de una carta enviada por Deutsche Bank en enero de 1999 donde se informa que el saldo de Camacho en dicha entidad era cero, así como remitir al BBVA para que envíe una de las declaraciones de patrimonio del imputado, explicó Bajo.
Juan Fernández-Arnesto dirigió la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde 1996 hasta agosto de 2000. Fue sustituido en el cargo por Pilar Valiente, quien dimitió a causa del escándalo de Gescartera en 2001. Por su parte, Ramiro Martínez, que ya no forma parte de la plantilla de la CNMV, fue consejero de Beta Capital.
Por su parte, la abogada de Bolsa Consulting pidió que se oficie a la CNMV para que remita las inspecciones hechas a dicha entidad entre 1993 y 1994 para demostrar que "conocían las operaciones realizadas por Gescartera", según afirmó.
Asimismo, recordó que en el informe de la Agencia Tributaria correspondiente a dichos años "se mencionaros las posibles irregularidades y la CNMV no hizo caso".
En la misma línea, la defensa de José María Ruiz de la Serna pidió que el Banco de España remita para su incorporación al proceso toda la documentación referente a las cuentas de Gescartera y las ejecuciones de operaciones realizadas con Caja Madrid Bolsa.
De su lado, el letrado de Aníbal Sardón pidió que se acepte incorporar las cuentas anuales de Asociación de Gestión de Patrimonio (AGP) de la que era apoderado, sociedad a través de las que se captaron clientes para Gescartera, desde su constitución hasta la fecha.
La defensas alegan deficiencias
La primera sesión del juicio por el 'caso Gescartera' se reanudó con las cuestiones previas presentadas por los abogados de las defensas. Los letrados coincidieron en criticar las deficiencias en el traslado de la documentación y las actuaciones a las partes durante la investigación instruida por la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, lo que llevó a algunos de ellos a solicitar la nulidad de las actuaciones.
El primero en tomar la palabra fue el abogado del asesor fiscal de Gescartera, Julio Rodríguez Gil, quien solicitó "una nulidad como una catedral" de las actuaciones contra Rodríguez. El letrado alegó la edad del imputado -70 años-, así como las presuntas deficiencias cometidas por la Audiencia Nacional durante su declaración como imputado y pidió el archivo de "este engendro que se ha montado alrededor de mi defendido". El abogado criticó la doble investigación del 'caso Gescartera' que se llevó a cabo en los juzgados y en el plano político.
Tras él, los abogados de los imputados Carlos Pascual Ortiz, José Alfonso Castro y Miguel Carlos Prat pidieron que se les exima de asistir a las sesiones del juicio oral. Los tres abogados alegaron vulneración en su derecho de defensa por la falta de entrega de copia de la documentación y piezas separadas en la causa.
La abogada que defiende a la entidad Gescartera, así como a todas las sociedades que englobaba la agencia de valores, pidió la nulidad del auto de apertura del juicio oral. La letrada explicó que la investigación se clausuró "sin que se practicara ninguna de las diligencias solicitadas por esta parte".
En concreto, recordó que no se incorporaron a la investigación las cintas incautadas en el domicilio social de la entidad donde presuntamente está grabado cómo Gescartera actuaba en nombre de sus clientes.
"Estas cintas tienen carácter probatorio directo", afirmó. La abogada solicitó su reproducción y criticó que la investigación adolece de "un montón de lagunas" por lo que consideró se ha vulnerado el derecho de defensa. Asimismo, recordó que la jueza instructora denegó su petición de oficiar a la CNMV para que remitiera a la instrucción las inspecciones realizadas a Bolsa Consulting correspondientes a los años 1993 y 1994 y que acreditan que la sociedad fue objeto de sanción y que la CNMV lo sabía.
Por último, la abogada pidió la aportación de la documentación sobre varios efectivos de cuenta emitidos por Link Securities y el BBVA desde las cuentas de Antonio Camacho y de su padre, ya fallecido, que permitirían acreditar que estuvieron soportando durante años las minusvalías de Gescartera. En concreto, la letrada recordó que Camacho desvió desde una cuenta a su nombre, 3,6 millones de euros en favor de Gescartera.
Incoherencias en los escritos
El representante legal de Caja Madrid Bolsa, entidad presente por su presunta responsabilidad civil subsidiaria, pidió la nulidad de apertura de juicio por la "absoluta incorrección de los escritos de acusación". El abogado recordó que fue la propia entidad la que denunció la presencia de sellos falsificados en la documentación remitida por Gescartera y que en los escritos de acusación no se ha concretado "dónde, cuándo y contra quién" actuó Caja Madrid para verse involucrada en la causa.
El letrado recordó que cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional denegó la responsabilidad patrimonial del Estado en Gescartera, las acusaciones se volcaron en buscar responsables civiles subsidiarios que hicieran frente a las posibles indemnizaciones. "No hay ningún empleado de Caja Madrid que haya declarado en condición de imputado ni que esté acusado", alegó.
Por su parte, el abogado de 'La Caixa', también presente como responsable civil subsidiaria, denunció la situación de indefensión por la ausencia de traslado de la documentación a las partes y se adhirió a las posiciones defendidas por Caja Madrid. Los abogados de las cajas se preguntan por qué no se ha incluido la responsabilidad de los bancos HSBC, Bankinter y Deutsche Bank en la causa si realizaron operaciones de la misma naturaleza con Gescartera.
Antes de finalizar, el tribunal, compuesto por Carmen Paloma González, Juan Francisco Martel y Ángeles Barreiro, acordó eximir a los responsables civiles a título lucrativo de asistir a las sesiones del juicio, tal y como solicitaron sus abogados. La deliberación del resto de cuestiones previas, planteadas durante esta primera jornada, continuará mañana con la contestación del Fiscal, Vicente González Mota.
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