Un asunto cuanto menos polémico, y no precisamente relacionado con el mundillo del deporte, salpica ahora al actual presidente del Real Madrid, Ramón Calderón. Según informaciones que corren ya como la pólvora por los mentideros de la Villa y Corte, sus tres hijos Leticia, Jaime y Mariana, tuvieron “la fortuna” de ser agraciados con tres áticos de nueva construcción protegidos por la Comunidad de Madrid mientras más de 200.000 jóvenes esperan en la capital ayudas para la vivienda.
Las viviendas protegidas, ubicadas en dos de las zonas en expansión más cotizadas de Madrid: Montecarmelo y Las Tablas, según se han hecho eco algunos medios periodísticos, les salieron a los hijos de Calderón por poco más de 100.000 euros, cuatro veces menos que su precio en el mercado, y fueron asignadas en una promoción de la promotora Martinsa, propiedad de Fernando Martín, uno de los más efímeros presidentes del Real Madrid.
Las informaciones apuntan a que durante las fechas en las que se realizó la adjudicación, el verano del 2002, el actual presidente del Real Madrid era uno de los abogados mercantiles que representaban los intereses de Martinsa. Los hijos de Calderón tenían una fuente dentro de la empresa más que fiable, su padre.
Los tres hijos de Calderón también adquirieron nueve plazas de garaje y un local comercial que, según la documentación del Registro de la Propiedad, fue pagado a precio de mercado y sin necesitad de hipoteca por una de las hijas de Calderón.
En la Comunidad de Madrid, por su parte, aseguran que la adjudicación es legal y que si los hijos de Calderón tienen una concesión, es porque cumplían todos los requisitos y todo está en orden. Integrantes de la Plataforma para una Vivienda Digna creen que “una cosa es que sea legal y otra muy distinta es que sea moral”.
Lo cierto es que Calderón no pasa lo que se dice ‘necesidades’ económicas. Además de presidir el club de fútbol merengue y de dirigir una decena de empresas, atesora un patrimonio millonario entre el que se encuentra una vivienda en la lujosa urbanización de La Moraleja valorada en cinco millones de euros. Se da la circunstancia de que allí están empadronados dos de sus hijos lo que incumple al menos uno de los requisitos legales para acceder a una VPO, como es residir en la vivienda que se adjudica.
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