Alarma social

   El difícil equilibrio entre el respeto a los derechos constitucionales de un individuo y el riesgo que representa para  la sociedad se ha roto por el lado de esta última. El llamado 'violador del la Vall d'Hebron', condenado a  trescientos once años de prisión por violar a dieciséis mujeres, y de los que ha cumplido solo dieciséis (que ironía de dato), está ya en la calle.

   El juez podía haber aceptado la petición de la Fiscalía de aplicarle la 'doctrina Parot', la que acumula todas las condenas y se van cumpliendo sucesivamente una detrás de otra hasta un máximo de treinta años. Es verdad que esta doctrina del Supremo se dictó para el caso de un terrorista con acciones monstruosas, pero en su sentencia la Sala de lo Penal del alto Tribunal no mencionaba, en ningún párrafo, que no pudiera ser aplicada a otro reo con delitos tan repugnantes.

   Sobre todo dándose el caso de que el violador, a juicio del psicólogo de la prisión, no se ha rehabilitado y el riesgo de reincidencia es muy alto. Es decir, en lenguaje llano, que puede volver a violar en cualquier momento por mucha vigilancia 'no invasiva' a que se le someta por parte de la policía.

   En un caso como este ha faltado sentido común. No se ha medido el riesgo denunciado por especialistas, médicos y sicólogos, de la nula reinserción que muestran determinados delincuentes sexuales de los que se sabe (casos hay para escribir un tratado del horror) que van a volver a hacerlo. Porque lejos de experimentar sentimientos de culpa creen que la agredida, aunque lo niegue, esta encantada con la violación. Ese sentimiento de dominio, relatado por una juez, es el mismo que experimentan hombres que matan a sus parejas. El problema es que en ambos casos las víctimas siempre son mujeres.

   Precisamente estas mujeres, las víctimas de este violador, pidieron ayer a la desesperada que se le controlara con un GPS o que se permitiera hacerle fotos a su salida de la prisión. Pero la policía lo trasladó de centro antes de ponerle en libertad precisamente para evitar las cámaras de televisión (otro acto más en la dirección de primar los derechos individuales).

   El juez de Barcelona podía haber aceptado el recurso de la Fiscalía, haberle mantenido en prisión con la aplicación de la 'doctrina Parot' y que su abogado hubiera recurrido ante el Supremo.  No como ha ocurrido; que sean  las víctimas  quienes tengan que recurrir  ante esta instancia para que vuelva a prisión. Queda en el aire una tremenda pregunta : ¿se dejaría en la calle a un psicópata con crímenes a sus espaldas y sin reinsertar?.