Los representantes de las compañías petroleras no acudieron este lunes a la reunión convocaca por el ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga. El gobierno planteará a las transnacionales el cambio de modalidad de contratos de participación por prestación de servicios.
La reunión éstaba prevista para este lunes, pero las petroleras justificaron su inasistencia argumentando que están en consultas con sus oficinas matrices para definir su posición, luego de que el presidente Rafael Correa disminuyó de 50 a uno por ciento la participación de las empresas petroleras en el excedente de los precios del barril de petróleo.
No se conoce de una nueva fecha para la reunión .
Correa advirtió que "si las empresas petroleras reclaman por la nueva distribución de los excedentes petroleros, también les retirará el 1 por ciento que les dejó como concesión".
"Si empiezan a molestar, hago un nuevo decreto diciendo que el cien por ciento" de esas ganancias extraordinarias son para "los dueños del petróleo", que son los ecuatorianos, dijo al recordar que, según la Constitución, los recursos naturales le pertenecen al Estado.
Correa ha aclarado insistentemente que no requieren nacionalizar los hidrocarburos puesto que los recursos naturales pertenecen a los ecuatorianos, según lo establece la Carta Magna.
El jefe de Estado dijo que tras la medida anunciada el pasado jueves sobre los excedentes, los contratos de las petroleras en el país siguen "siendo rentables".
Correa puntualizó que en la reunión prevista con los representantes de las petroleras, el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, les reiterará que el petróleo es de los ecuatorianos y que el contrato ideal para su operación en Ecuador es el de "prestación de servicios", por lo que pondrán en conocimiento de las petroleras, un "contrato tipo" en ese sentido.
El jefe de Estado, un economista de 44 años, ha descartado que su decisión de entregar el uno por ciento de los ingresos extraordinarios a las empresas petroleras que operan en el país sea una medida "confiscatoria", como han advertido abogados de esas compañías.
La medida no supone una confiscación "porque el crudo, de acuerdo a la Constitución, es propiedad del pueblo ecuatoriano", y lo que se reparte es el valor adicional que las compañías privadas obtienen por el alto valor del crudo en el mercado internacional.
Ecuador es el quinto productor de crudo de Suramérica, con unos 500.000 barriles diarios, lo que convierte a este capítulo en el más importante de su economía y en la fuente de financiación de alrededor del 35 por ciento del presupuesto del Estado.
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