La ominosa pena de muerte

Sin embargo, en la mayor parte de estas naciones la pena capital no se aplica desde hace varios años, a pesar de que hay numerosos sentenciados a este condena.

Estados Unidos, donde en 38 estados está permitida la pena de muerte, es el país del continente que más sobresale por la aplicación de este castigo, que fue restablecido en 1976. Hasta la fecha se han realizado 1.099 ejecuciones.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Pena de Muerte, Amnistía  Internacional (AI) urgió a los países del continente a que se comprometan a abolir esta condena y a respaldar la resolución de moratoria de la pena capital que será debatida en noviembre en la ONU.

En la presentación de su informe anual sobre ejecuciones en el mundo, la organización defensora de los derechos humanos señaló que al menos 1.591 personas fueron ejecutadas y 3.861 condenadas a muerte en 2006.

Según estos datos, el 91% de todas las ejecuciones de las que se tuvo noticia en 2006 tuvo lugar en China (al menos 1.010, aunque otras fuentes elevan la cifra a 8.000), seguido de Irán (unas 177, entre ellos cuatro menores), Pakistán (82), Irak y Sudán (65) y EE.UU. (53).

En América los países que mantienen la pena de muerte para delitos comunes son: Cuba, Dominica, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, Guayana, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, de acuerdo con AI.

Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EE.UU., prohíbe en su constitución la pena capital, pero los casos juzgados por el tribunal federal en la isla son susceptibles de que se aplique, aunque para las ejecuciones los reos son trasladados a prisiones de Estados Unidos.

Cuba aplicó por última vez la pena de muerte en 2003 y desde entonces mantiene una "moratoria" de facto en su aplicación.

Guatemala es el único país de Centroamérica que prevé la pena de muerte y hasta hace diez años se aplicaba por medio del fusilamiento; ahora se hace por medio de la inyección letal. Por otro lado, están las naciones cuyas leyes establecen la pena de muerte únicamente para delitos previstos en el código penal militar o los cometidos en tiempos de guerra. En este grupo están Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador y Perú.

En el caso de Bolivia, se mantiene la pena de muerte solo para casos excepcionales, como crímenes de guerra, después de que en 1997 esta condena fuera abolida para delitos comunes. Sin embargo, existe la llamada "justicia comunitaria" que aplican las comunidades indígenas a quienes creen ladrones o asesinos, sin fórmula de juicio.

La Constitución peruana, aprobada en 1993 tras el auto golpe del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), establece la pena de muerte para el delito de terrorismo y de traición a la patria, aunque dicha sanción no se ha aplicado en las últimas décadas.

Además, el actual mandatario peruano, Alan García, aboga en favor de la pena capital a terroristas y a violadores pederastas que provoquen la muerte de sus víctimas.

En El Salvador el partido oficialista ha intentado restaurar la pena de muerte para los delitos de secuestro, homicidio agravado y violaciones sexuales, sin embargo, hasta ahora no ha tenido éxito por una amplia oposición de organismos de derechos humanos.

Frente a los 15 países donde aún la pena capital está vigente, está el grupo de los abolicionistas: Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

A ese club se sumó México en 2005, cuando su Legislativo hizo una modificación a la Constitución de 1917, que permitía la pena de muerte en casos especiales, para abolirla de manera definitiva.

Tanto las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos (OEA) y organismos no gubernamentales impulsan acuerdos internacionales para que los Estados se sumen a la abolición total de esta condena.