Algunas esperanzas y muchos temores generalizados

De vez en cuando sería conveniente que nuestros goberrnantes duieran algunas "grandes pistas" sobre hacia dónde vamos y cómo nos va en el tránsito. Ahora mismo, sucede que la mayoría de los españoles padecemos muy seriamente la crisis, o el cambio de ciclo económico, pero sin tener clara certeza de si es normal lo que nos sucede, si les pasa o ha pasado a otros europeos, y sobre cuánto terminará este trance difícil: La crisis dura ya cinco años, y nadie parece saber, a ciencia cierta, si terminará el año que viene o dentro de dos, tres o cinco años más... Es cierto que, en la última semana, ha habido dos opiniones esperanzadoras: Luis de Guindos ha señalado que ve, atisba o adivina "rayos de esperanza". Y Botín ha recalcado que este año será, o está siendo, sumamente difícil, pero que el año próximop ya será mejor. Por el contrario, en el ladod e los nada optimistas llega Ruiz Gallardón y arroja el jarro de agua fría y "determina", como cuenta Diario Crítico, que los recortes aún no son suficientes para superar la crisis.

O sea, que queda bastante desierto más por atravesar. ¿A qué carta quedarnos? Rajoy, por su parte, insiste en "los viernes, reformas y frecortes". Y no se sabe bien si alguien tiene un esquema total en su cabeza, y si se aplica algún plan o previsión que sería bueno que todos compartiéramos, para darnos ánimos o resistirnos a mantener la resistencia ante una mala y seguro que larga coyuntura...  El diario El País de este domingo recuerda que al presidente Rajoy se le vienen reclamando objetivos de déficit menos exigentes, y que por esa vía entreabrió este sábado la puerta de la Comisión Europea. Pero mientras Europa busca las vueltas a un dilema endiablado, el Ejecutivo del PP ofrece su respuesta: subidas de impuestos en la primera mitad de legislatura, copago en medicinas, peaje en autovías y un recorte sin precedentes del gasto público de sanidad y educación, con numerosos despidos de funcionarios en no pocas comunidades aut´ónomas.

En resumen, que, se asegura, en el programa de estabilidad enviado esta semana a Bruselas, el tamaño del Estado español quedaría reducido a niveles sólo comparables, en la UE, al de los países de Europa del Este. Es decir, que, se´gun ese programa que Bruselas probablemente apruebe, el plan español anticipa que el gasto público pasaría, en esta legislatura, de equivaler a un 43,6% del PIB, que es como cerró 2011, a rondar el 37,7% del PIB cuatro años después. En 2015, según estas estimaciones, Administración central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tendrían que haber ahorrado cerca de 32.000 millones de euros. Desde luego, como se pone de manifiesto en el análisis de El País, nunca se ha hecho un esfuerzo así en una legislatura, un tijeretazo que haría retroceder el gasto público español a registros similares a los del inicio de la década de los ochenta del siglo pasado, justo antes de que España entrara en la Comunidad Económica Europea, el embrión de la UE. En el mismo análisis se pone de manifiesto que prácticamente todos los Gobiernos europeos prevén un recorte generalizado del gasto público, fiel reflejo de la política de austeridad fiscal imperante en la UE.

Una política, por cierto, atribvuida a ASngela Merkel, y que ahora mismo está seriamente en entredicho por sus escasos resultados y ante un hipotético cambio de signo político en Francia. Se recuerda que tan solo media docena de países comunitarios plantean un recorte de gasto público más exigente que el español en estos cuatro años, entre ellos Irlanda (con un déficit aún mayor, tuvo que ser rescatada por la UE), Reino Unido (Rajoy ensalzó las primeras medidas del Gobierno de David Cameron), Eslovenia y dos países bálticos, Letonia y Lituania. ¿Conviene al país y a los españoles recortes tan drásticos? No hay duda de que una política de esa naturaleza supone ventajas indiscutibles: el Estado, en los últimos tiempos, ha crecido más de lo soportable, y de ello son responsables todos los Gobiernos de los veinte o treinta últinos años, que no tuvieron el menor propósito ni voluntad de poner freno a los gastos públicos. Como si su pago fuera gratuito... Ahora, finalmente, "alguien" ha advertido de la necedad de que ciudadano pague dos,  tres y hasta más veces por un mismo servicio, que prestan al mismo tiempo -se supone- municipios, autonomías, el Estado central, y a veces también las entidades comarcales, las diputaciones...

Desde luego, ni Suárez, ni Calvo Sotelo, ni González, ni Aznar ni Zapatero se ocuparon nunca de freducir el tamaño del Estado, sino todo lo contrario, sin reparar en que el crecimiento elefantíasico era más y más costoso para el con tribuyente-ciudadano. Finalmente, "alguien" ha caído del guindo, y cabe suponer que algún día todos nos beneficiaremos de la bondad de esa idea y ese proyecto de reducción del tamaño del Estado. Pero, repito la cuestión: ¿alguien tiene, en nestro país, el mapa y la idea de lo que conviene hacer, y de dónde nos llevarán estas "experiencias", acaso solamente de laboratorio...? El Estado central ha estallado en las 17 CCAA de cuentas difíciles de controlar, como vemos en  Cataluña, Andalucía, Valencia, Baleares.... Los funcionarios se han multiplicado "como gremlings". ¿Para qué sirve el Senado, para qué las Diputaciones, para qué ocho mil y pico pueblos y ayuntamientos locales, para qué las televisiones autonómicas y tantos otros "chocolates del loro" que, a fin de cuentas, paga (o adeuda, que es peor) el contribuyente?

Nos cuenta la mencionada crítica de El País que los países bálticos, y otros antiguos regímenes comunistas, están entre los que menos recursos destinan al Estado: en 2015: apenas superará el 30% del PIB. Con esos países parece que desea asimilarse el objetivo de gasto previsto por el Ejecutivo de Rajoy para 2015, un 37,7% del PIB, con algunas diferencias sustanciales, como las transferencias sociales, que mantienen su protagonismo, hasta el punto de que en 2015 equivaldrían a la mitad del gasto público. La pretensión de mantener el gasto en transferencias sociales (sanidad, educación, servicios sociales) es coherente con lo dibujado en el primer presupuesto de los populares y con las últimas líneas rojas que le quedan a Rajoy por traspasar: pensiones y prestaciones por desempleo. Más dudas despierta la evolución prevista en la remuneración de los asalariados públicos. Rajoy ha insistido en que no reducirá el sueldo a los funcionarios. Esa es otra línea roja. Pero plantea el mayor recorte del gasto en los empleados públicos (del 11,5% al 9,2% del PIB) de toda la Unión Europea.

Superior incluso al de Portugal, otro país rescatado. De momento, los recortes más llamativos parecen centrarse en los gobeirnso regionales, en los que el mantenimiento de gastos sanitarios y medicamentos tienen un peso determinante. El recorte en inversión pública (y en las transferencias de capital) es la tercera pata del plan de Rajoy. El tijeretazo a la inversión, las infraestructuras y la investigación de los Presupuestos de 2012, también aparecen entre los más significativos de la UE. ¿Con criterio predeterminado, o porque así salen las cuentas que ha hecho para los españoles la canciller alemana?