Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Rey don Juan Carlos o José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Son tres ejemplos bien claros de mandatarios o representantes públicos que se librarán de comparecer en distintas sedes parlamentarias por el veto de las mayorías que controlan esas cámaras de representación popular.
El primer caso y el más sangrante ha sido, si duda, el de Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No comparecerá en el Congreso para explicar sus viajes de lujo a Marbella, tal como había solicitado el PSOE y el grupo de la Izquierda Plural. Así lo acordó el martes la Mesa del Congreso, por 6 votos en contra (PP y CiU), y 3 a favor (PSOE).
El rechazo a tramitar el requerimiento se decidió porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre comparecencias del presidente del CGPJ establece que el Congreso "no es competente" para controlar la organización interna del órgano de gobierno de los jueces, según la vicepresidenta primera del Congreso, la 'popular' Celia Villalobos.
Griñán y Chaves, tampoco
Por su parte, PSOE e IU, nuevos socios de gobierno en Andalucía, impidieron que ni el actual presidente, José Antonio Griñán; ni su antecesor, Manuel Chaves, den la cara por el polémico caso de los ERE irregulares de la Junta andaluza.
La consejera de Presidencia, Susana Díaz, dijo que no ve motivos para que comparezcan ni Griñán ni Chaves. LaJunta cree que, en base a las conclusiones del atestado de la Guardia Civil sobre el caso de los ERE fraudulentos, no existen "elementos probatorios que justifiquen la declaración del actual presidente, de su antecesor, Manuel Chaves, ni de cualquier otro miembro del consejo de Gobierno.
El Rey, menos...
Por último, la Mesa del Congreso de los Diputados no admitió tampoco el martes, por "inconstitucional", una iniciativa registrada por ERC, IU-ICV y el BNG para abrir una comisión de investigación sobre el Rey y la Familia Real con el objetivo de tratar de dar mayor transparencia y control parlamentario a su acción y, singularmente, a su actividad económica. En este caso, también el PSOE votó en contra, uniendo sus votos a los del PP.
Según informó la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, la propuesta "va en contra de la Constitución", por la que la decisión de rechazar su tramitación ha sido unánime y no ha habido discusión en el órgano de gobierno de la Cámara Baja.
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