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La reforma del Poder Judicial, tras el Caso Dívar

La reforma del Poder Judicial, tras el Caso Dívar

sábado 07 de julio de 2012, 12:53h
En todos los diarios se recogen ese sábado los avances de la reforma que se propone llevar a cabo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardon, presentada en el último Consejo de Ministros del viernes en forma de "primer informe" sobre los trabajos de la comisión que está elaborando la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Gallardón, en su presentación a la prensa, detalló algunas de las propuestas de los expertos, subrayando que se trata sólo de la reforma de la ley en lo que compete a los cambios en el órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, y reiteró que el Gobierno espera poder consensuar la reforma "con el máximo número de grupos posible" por tratarse de una "reforma orgánica de nuestro Estado de Derecho". Por ello, anunció que iniciará una ronda de contactos con los grupos para acordar las líneas maestras de la reforma. Una de las propuestas de la comisión de expertos es la de endurecer las condiciones para llegar a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. El reciente Caso Dívar parece que sirve para rectificar unos cuantos errores. A partir de la nueva ley, el presidente de estos órganos deberá tener como requisito una antigüedad de 3 años como presidente de sala del Supremo, o 25 años de experiencia. Gallardón explicó que el objetivo de este cambio es el de asegurar "la excelencia" del cargo. Desde luego, Dívar dejó mucho de ser "excelente", según ahora se ha sabido. Por otro lado, la reforma también prevé la creación de una nueva figura, la del vicepresidente del Supremo, un cargo que no formaría parte del Consejo General del Poder Judicial, y que evitaría el actual caso en el que se encuentra el Supremo y el CGPJ que, tras la dimisión de Carlos Dívar, están presididos por dos personas distintas de forma provisional por primera vez en la historia de la democracia.

Una de las propuestas estrella del proyecto Gallardón pretende garantizar la independencia y la despolitización del Consejo, y hace referencia al sistema de elección de los 20 vocales. Los expertos invocados por Gallardón han elevado distintas propuestas para cambiar este sistema de elección, entre las cuales se encuentra la de que 12 vocales sean elegidos entre jueces y magistrados, mientras que los 8 restantes sean designados por el Congreso y el Senado. El titular de Justicia insistió en que sólo es una propuesta y que, por lo tanto, ahora deberá pactarse con el resto de grupos parlamentarios, especialmente con el primer grupo de la oposición. La reforma también prevé que el presidente será el único miembro del CGPJ con dedicación exclusiva, mientras que el resto de vocales puedan compaginar su función en el órgano con su actividad profesional externa. Ello permitirá, según el ministro, una "mayor eficiencia y conexión con la realidad jurídica del día a día". También será una medida de ahorro, porque a los vocales sólo se les pagaría las dietas. Según Gallardón, la nueva reforma no eliminará las actuales competencias del CGPJ aunque sí se reformularán las actividades del órgano de los jueces en algunas competencias que corresponden a otros organismos. Por ejemplo, toda la actividad exterior del Consejo, que según el boceto de Gallardón, debería coordinarse con el ministerio de Exteriores.

Cabe recordar que el Ejecutivo apostó, desde el primer día, por cambiar radicalmente la forma de elegir a los 20 miembros del Poder Judicial. Quería volver al modelo de los 80, cuando los jueces elegían directamente a 12 de los 20 miembros del Poder Judicial, y no los partidos. Los otros ocho sí tienen que ser designados por el Congreso y el Senado, según señala la Constitución. La elección directa supondría que los conservadores, muy mayoritarios entre los jueces, prácticamente controlarían siempre el Poder Judicial, gane quien gane las elecciones. Por eso se cambió en los años 90, y por eso el PSOE se opone ahora radicalmente a volver al procedimiento anterior. Gallardón, sin embargo, aseguró que el Gobierno está dispuesto a estudiar cualquier fórmula para intentar buscar un gran acuerdo en este asunto con los socialistas. Es decir, ya no pone encima de la mesa esa elección directa por los jueces como un requisito intocable. Parece evidente que el Ejecutivo intenta recuperar la malograda imagen del Poder Judicial después de la dimisión de Carlos Dívar, y para eso buscar evitar la ruptura con el PSOE. Aún así, si la negociación no funcionara, es muy probable que el Ejecutivo finalmente imponga su mayoría absoluta para cambiar la forma de elección del Poder Judicial y dejarla en manos de los jueces. De momento, el PSOE dejó clara la dificultad del acuerdo. El portavoz de Justicia, Julio Villarrubia, advirtió de que la elección de los vocales del Poder Judicial por parte del Parlamento es una cuestión "innegociable". Si el PP aprovechara su mayoría absoluta para cambiarlo, "el PSOE, a las 24 horas de recuperar la mayoría parlamentaria, derogaría esa ley porque se trata de una "ocupación" por parte del PP del Poder Judicial", avisó, porque implicaría dejar "en manos conservadoras de forma permanente e indefinida" ese órgano.

Opinó que el "mensaje de despolitización" lanzado por el ministro es "incompatible" con las presiones e "interferencias" que han recibido algunos vocales por parte del Gobierno para resolver "la crisis Dívar". Pero se mostró dispuesto a negociar y saludó la oferta del ministro, de quien recordó que. "hasta ahora, no ha negociado nada".  Ya se han producido algunas reacciones adversas de las asociaciones de jueces. Especialmente indignada se mostró la APM, conservadora y muy influyente en el PP, cuyo portavoz, Pablo Llarena, mostró su oposición a la reforma porque, en su opinión, conduce a la politización de la justicia. Llarena aseguró que el hecho de que los vocales del CGPJ no tengan dedicación exclusiva, a excepción del presidente, y de que se rija por una comisión permanente de cinco miembros debilita la actuación independiente de este órgano y lo deja expuesto a un mayor control político. A su vez, la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, señaló que la propuesta "permite entrever cierto desconocimiento" sobre la labor de los vocales del Consejo. "No puedo por menos que dejar constancia del drástico cambio de modelo para el funcionamiento del órgano de gobierno del tercer poder del Estado que se propone, cuyo encaje constitucional deberá ser estudiado", sostiene Bravo. A su vez, el portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, también cree, como el de la APM, que la reforma pretende "subordinar el poder judicial al ejecutivo". Cree que muchas de las funciones que ahora tiene el Poder Judicial serán asumidas por el Ministerio de Justicia y el Gobierno, por lo que la propuesta es "contraria al principio de separación de poderes del Estado".

Veremos en qué queda el proyecto Gallardón de reformar "el poder judicial", tan baqueteado en el último mes y medio por culpa de los largos fines de semana de un nada excelente Carlos Dívar... a quien Gallardón, por cierto, defendió hasta el último momento. Gallardón titula El País, ofrece ahora  negociar el modelo reelección del PJ. La Vanguardia explica en sus titulares de este sábado que Galardón propone adelgazar la cúpula judicial y quitarle poder. El Mundo destaca que Gallardón olvida su compromiso de que los jueces elijan a sus doce vocales del CJPJ.  Según La gaceta, el Gobierno frena la despolitización del CGPJ al condicionarla a un gran pacto con el PSOE. Habla ABC de vuelco al Poder Judicial y de "golpe de timón al PJ". La Razón destaca la frase de Gallardón: La reforma judicial protege la democracia y la nación.

Definitivamente, nada será igual tras el melífluo y gastoso Dívar.
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