La nueva Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, tampoco presentará un
recurso de inconstitucionalidad a instancia de los sindicatos CC.OO. y
UGT contra la reforma laboral, según confirmaron fuentes de la institución.
Su antecesora,
María Luisa Cava de Llano, desestimó la petición de
los sindicatos, que no tienen potestad para realizar este trámite por sí
mismos, y les emplazó a que la reforma finalizara el trámite
parlamentario, a la espera de ver qué cambios se introducían.
Desde los sindicatos se consideró que las enmiendas incorporadas
al texto durante su periplo parlamentario incluso lo empeoraban, por lo
que
reiteraron su petición a Becerril y el pasado 28 de septiembre le
remitieron una carta para pedirle una respuesta.
Una vez superado este proceso, desde el Defensor del Pueblo
explican que esta desestimación se debe a que ya se habían presentado
con anterioridad otros recursos en la misma dirección, como es el caso
del tramitado por PSOE e IU, y que en estos casos "éste es el
procedimiento habitual".
Molestia en los sindicatosCC.OO. y UGT han remitido un comunicado conjunto en el que
rechazan "el fondo y la forma" de la decisión de Becerril, ya que, tras
la carta remitida apremiándole una respuesta, no han recibido
comunicación alguna y han tenido conocimiento de forma indirecta de la
desestimación de su solicitud.
"Puesto que hasta el momento no hemos recibido comunicación alguna
de esa institución, desconocemos los argumentos que han podido motivar
la no presentación del recurso más allá de lo aparecido en los medios",
indican.
"Resulta lamentable la forma en la que los interesados nos hemos
enterado de esta decisión", añaden, para apostillar que, aunque la
respecta, "en absoluto" la comparten.
Según CC.OO. y UGT, "la interposición de recurso por parte de
algunos grupos parlamentarios, así como la presentación de cuestión de
inconstitucionalidad por parte de algún juzgado de lo social, no puede
justificar la inacción de una institución como la del Defensor del
Pueblo".
"No se trata de entrar en peleas políticas, sino de defender los
derechos y libertades de millones de trabajadores de nuestro país
afectados por una reforma laboral que, al entender de una amplia
mayoría, incurre en inconstitucionalidad", sentencian.
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