La Dependencia no puede esperar

La Unión General de Trabajadores ha sido la Organización pionera en la reivindicación y en el impulso para el establecimiento en nuestro país de la protección específica para las personas dependientes reconocida como un derecho subjetivo de los ciudadanos. Ya en 1998, en las resoluciones del 37 Congreso Confederal del Sindicato, y cuando nadie lo había planteado con ese carácter básico e integral, UGT demandaba una norma que regulase la implantación de ese nuevo derecho social, lo que fue corroborado en los años siguientes como una prioridad de nuestra acción sindical.

Pero no fue hasta las pasadas elecciones generales de marzo de 2004 en que, ante los planteamientos que hicimos a los diferentes partidos políticos, el PSOE lo incorporó a sus propuestas electorales y, a continuación, a su programa de Gobierno. En la Declaración para el Diálogo Social, de 8 de julio de 2004, quedó fijado el compromiso correspondiente, que cristalizó en diciembre de 2005 en el “Acuerdo sobre los principios básicos de la acción protectora en las situaciones de Dependencia” que reflejaba en gran medida los posicionamientos que había adoptado sobre este tema el 39 Congreso de UGT celebrado ese mismo año.

Después de su tramitación parlamentaria, finalmente fue aprobada en el Congreso de los Diputados, el pasado 30 de noviembre, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención  a las Personas en situación de Dependencia —el que se considera el cuarto pilar del Estado de Bienestar, junto con la Sanidad, la Educación y el Sistema de Pensiones—, y que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año. Es, por lo tanto, y desde ese mismo momento, una norma de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, entre ellas, claro está, las Comunidades Autónomas, coparticipes en la implantación del Sistema Nacional de Dependencia y en la financiación del mismo.

Además, en el calendario previsto en la ley, en el primer año de su aplicación, es decir, en este 2007 que ahora acaba, podrían acceder a las prestaciones correspondientes quienes fuesen valorados como “grandes dependientes” (el calificado como grado III, con sus niveles 1 y 2), según los baremos marcados en el texto legislativo y a los que, obviamente se tienen que ajustar todas las Administraciones), una calificación que corresponde hacer a cada Comunidad Autónoma en concreto, todo ello sin perjuicio de que, por ser una norma de mínimos garantizados, puedan ser aumentados dichos mínimos por la propia Administración regional y por las Administraciones locales.

Pues bien, este es el momento, casi un año después y a punto de iniciarse el periodo 2008-2009 en el que ya se tiene que valorar también a los ciudadanos que padezcan “dependencia severa” (grado II, nivel 2), en que la Comunidad de Madrid sufre un muy considerable retraso en la aplicación práctica de los preceptos de la llamada Ley de Dependencia, todo ello como consecuencia de la lentitud o de las dilaciones con que el Gobierno regional está procediendo al respecto. Y esto es tanto más inaceptable para UGT-Madrid cuanto que no se trata de cuestiones meramente formales, con ser éstas tan importantes, sino sencillamente de que cerca de 24.000 madrileños (los “grandes dependientes” que hay en nuestra Comunidad) no han podido beneficiarse hasta ahora de las prestaciones a que tienen derecho desde el pasado 1 de enero.

Llama la atención esta actitud dilatoria del Ejecutivo autonómico, que está impidiendo la recepción de 21.582.927 euros transferidos de la Administración central para la puesta en marcha del correspondiente servicio público —que se tienen que complementar, como mínimo, con otros 21.582.927 euros por parte de la Comunidad Autónoma, al tener que ser compartida la financiación—, cuando un día sí y otro también los responsables autonómicos madrileños no se cansan de reclamar a aquella Administración nuevas inversiones y millones de euros para unas u otras infraestructuras. Hay que lamentar estas maniobras obstruccionistas que sólo buscan enfrentamientos artificiales entre los Gobiernos porque, al cabo, los únicos perjudicados de verdad son los ciudadanos potenciales beneficiarios que ven frustradas sus expectativas —y la imposibilidad de ejercer sus derechos— por atrasos e incumplimientos legales injustificados y gratuitos.           

En total son más de 230.000 los dependientes que viven en Madrid y que, por tanto, se podrán ir acogiendo en los próximos años a las prestaciones de la ley, según se vayan aplicando sus distintos grados y niveles. De todos ellos, aproximadamente las dos terceras partes son personas mayores, un conjunto de ciudadanos cuyo número crece día a día, por lo que su importancia en el seno de la sociedad es cada vez más determinante y decisiva. UGT-Madrid considera que la atención a los mayores tiene que ser una prioridad de las Administraciones públicas, siendo en este terreno donde es más fácil advertir la sensibilidad social —o su falta— de los responsables políticos de aquéllas. Porque el Sindicato defiende un modelo social en el que el cuidado de las personas mayores, y en especial el de las personas mayores dependientes y el de las personas con discapacidad, ha de ser de responsabilidad pública y no sólo de las familias o de esa iniciativa privada sujeta a las llamadas leyes del mercado y a la que únicamente pueden acceder los que dispongan de los recursos suficientes.

Por todo ello, desde UGT-Madrid urgimos al Ejecutivo regional de Aguirre a que ponga en marcha de inmediato todos los mecanismos de que dispone para empezar a aplicar de una vez por todas los preceptos recogidos en la citada Ley de Dependencia, primero porque es su obligación —y resultaría inconcebible que un Gobierno, el de la Comunidad de Madrid en este caso, pudiese no cumplir las leyes— y porque los derechos de los ciudadanos en ningún caso pueden quedar sometidos a la arbitrariedad de unos muy determinados y concretos responsables políticos.

En rigor lo que tendría que estar haciendo ya el Ejecutivo Aguirre, además de atender desde primeros de año a los 24.000 “grandes dependientes” a los que nos hemos referido, es intensificar los servicios existentes, crear nuevos servicios públicos y preparar las nuevas partidas presupuestarias que incrementen el conjunto del gasto social en nuestra Comunidad. Estas son las reivindicaciones del Sindicato, unas medidas que responden a nuestra razón de ser y que, de añadidura, son generadoras de un empleo seguro y estable.

El pasado 1 de octubre celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores, ocasión para resaltar de manera especial, como decíamos antes, su importancia creciente en la sociedad actual y la necesidad —una exigencia para todos— de tratarles con el respeto que se merecen y que no es otro que el de dar cumplimiento a sus derechos como personas y como ciudadanos. Pero en la UGT, y esto lo quiero subrayar muy especialmente, consideramos que todos los días del año son de y para nuestros mayores, un compromiso que asumimos con decisión porque también forma parte de nuestras más genuinas señas de identidad.

En este sentido, y entre otras muchas propuestas, nuestra Organización reclama la puesta en marcha de un Plan de choque para la construcción de Residencias y Centros de Día; la creación de un Observatorio Permanente de la Dependencia; la articulación de un sistema regional de Atención a la Dependencia de titularidad pública y gestión directa; el desarrollo de un nuevo Plan regional de atención a las personas mayores; la ampliación de la cobertura de recursos alternativos como centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia y viviendas tuteladas; la creación de un Plan Integral Sociosanitario para el desarrollo de la Ley de Dependencia o la elaboración y puesta en marcha de un Plan de eliminación de barreras arquitectónicas.

Para UGT-Madrid es muy importante igualmente que se destinen recursos para permitir el mantenimiento de las personas mayores que lo deseen en su entorno familiar habitual, dotándolos de comida, lavandería a domicilio, adaptación de viviendas, espacios comunes y ayudas técnicas. Son todas ellas medidas imprescindibles para que nuestra Comunidad empiece a recuperar el terreno perdido en los últimos años. La aplicación en Madrid de la Ley de Dependencia no puede esperar más. Las personas mayores y los dependientes tampoco.

José Ricardo Martínez Castro
Secretario General de UGT-Madrid