Unos calvos para el Constitucional

Ya me sé yo, jefe Jaúregui, que no estamos para esos trotes. Y que no es muy de recibo entre gente de orden como nosotros. Por no hablar del beneficio de evitar al personal semejante imagen, tan de herir sensibilidades. Pero te confieso que lo que me pide el cuerpo es plantarme en la puerta del troncocónico edificio de la calle Doménico Scarlatti de Madrid y hacerle unos calvos al Tribunal Constitucional. ¡Que escándalo, tú! Porque será muy legal - aunque hay muchos sabios del lugar naufragando en un mar de dudas y en pleno discernimiento sobre lo que realmente dicen las leyes, la doctrina y las buenas costumbres sobre la imparcialidad y la independencia-. Pero la ocultación  de militancia pepera para llegar a magistrado, primero, y la irresistible ascensión a la presidencia del Tribunal, después, de Francisco Pérez de los Cobos (FPC) es profundamente inmoral. Carnaza de la mejor calidad para alimentar a los antisistema. Y es verdad que hay mogollón de derecho comparado donde los magistrados son personas con militancia política.

Pero aquí el TC fue recientemente el frente en el que se desarrolló la madre de todas las batallas, una de cuyas escaramuzas más cruentas se libró  con ocasión del dictamen sobre el Estatuto Catalán. ¿Te acuerdas de la pelea del PP contra Francisco Pérez Tremps y otros magistrados y de su impugnación, finalmente lograda, por presunta parcialidad subjetiva a cuento de un informe profesional que había hecho para la Generalitat? Si en aquel entonces hubiera aparecido un carnet de afiliación política entre las togas las huestes populares hubieran levantado una inmensa hoguera para inmolar a tanto magistrado por dependiente, parcial y sectario. Que eso sí que era una oposición dura. Y ahora resulta que "el modesto profesor universitario", que es como se definía a sí mismo ante el Senado que lo eligió FPC, pagaba religiosamente sus cuotas de militante del PP, a 37,14 euros al año, mientras dictaminaba, por ejemplo, la inadmisión del recurso de amparo presentado por Baltasar Garzón. Cuando resulta que quien inició la operación de acoso y derribo contra el entonces juez de la Audiencia Nacional fue precisamente el Partido Popular.

La que se nos viene encima, si nadie lo remedia o el interfecto no se quita de en medio, es que, por ejemplo, las mujeres españolas podrán abortar más o menos según lo que decida una sentencia emitida por un órgano presidido por quien hasta hace no demasiado tiempo era cumplidor militante del PP. Y al personal le va a entrar más de una duda razonable sobre si lo que vayan a decidir los doce sabios  será una interpretación más o menos  imparcial de lo que permite o no permite la Constitución o más bien el resultado del triunfo de su presidente y otros para transcribir negro sobre blanco en el BOE los principios ideológicos del PP al respecto. Por no hablar de la reforma laboral, un auténtico casus belli entre la derecha, y, la izquierda y los sindicatos del país.  Porque además el presidente tiene voto de calidad por si hiciera falta romper empates. ¿Cabría mayor desamparo? No tengo más que rendirme ante la inteligencia privilegiada y la inmensa capacidad de maniobra de Federico Trillo, artífice de toda la maquinación popular en torno al TC durante las últimas décadas. Es el autor de la maniobra contra el magistrado Pérez Tremps logrando que el tribunal adoptara una novedosa doctrina sobre la imparcialidad de sus magistrados basada en la duda razonable. Y estoy seguro que también estuvo detrás de la maniobra contraria, la que ha propiciado la parcialidad hasta lograr la entrada con ocultación de militancia de FPC en el sanctasanctorum constitucional. Todo un caballo de Troya. El hoy embajador en Londres se lo curró bien. Suya fue también la estrategia de marcar los tiempos  en su partido para bloquear  durante años la renovación del Tribunal, exprimiendo la ley como un limón, hasta dejar famélico y casi sin quórum el pleno del órgano constitucional por excelencia. El objetivo era evitar una composición del Tribunal favorable al PSOE o a los sectores más progresistas. Y bien que lo logró. Los socialistas caían una y otra vez en el anzuelo tirado por el PP con la candidatura de su portavoz judicial Enrique López como cebo. Bien sabían en Génova que no habría acuerdo ninguno con los socialistas  para la renovación mientras mantuvieran esa candidatura. Y ganaron tiempo hasta que la victoria electoral cambió radicalmente la relación de fuerzas en la negociación. Pero entretanto, lograron introducir en la casa al tapado FPC sin levantar la menor sospecha.  ¡Hasta el PSOE lo votó en el Senado! Tan perfecta fue la maniobra que "el modesto profesor universitario"  logró hace unas semanas ser elegido presidente por unanimidad  en un intento de los magistrados por  escenificar un sosiego tan ausente de aquella casa durante años y años.

No dudo que ahora, conocida la ocultación de militancia por parte de su presidente,  a más de uno de los togados se le habrá puesto la misma cara de tonto que tenemos muchos ciudadanos, indignados por el engaño. Lamentablemente tenemos que agradecer al malvado Luis Bárcenas que haya facilitado los datos para descubrir la infamia. El nuevo presidente del TC y todos sus magistrados están bajo sospecha y la institución se hunde aún más  en el pozo profundo de desprestigio en el que han caído otras importantes instituciones del Estado. Y no se trata de abominar porque los conservadores hayan aprovechado su inmensa mayoría en las urnas para hacer bascular los criterios del Alto Tribunal hacia sus postulados ideológicos. Que estaban en su derecho. Pero con luz y taquígrafos y no con maniobras, impugnaciones, bloqueos y, finalmente, ocultación y engaño. No sé si el siempre solícito Alberto Ruiz  Gallardón se valdrá solito para soportar y detener el tsunami de impugnaciones y de descrédito que se avecina. Todo aquel que ha sufrido una resolución adversa tras recurrir al TC una ley o disposición de un Gobierno del PP desde diciembre de 2010, mes en el que empieza el ejercicio de su cargo de magistrado  el hoy presidente, y al menos hasta 2012, cuando dejó de pagar cuota de militante, encontrará una "duda razonable" sobre la imparcialidad del magistrado-militante y, por tanto, intentará impugnar las resoluciones del TC pidiendo que se aplique la llamada doctrina Pérez Tremps. Empezando por los gobiernos de Cataluña o de Andalucía, sin ir más lejos, además del citado Baltasar Garzón. Mal enemigo, por cierto, si lo que quiere evitarse es el desprestigio internacional. A lo mejor los estrategas de Génova se tendrán  que plantear que despierte de su sueño de pompa y circunstancia el embajador Federico Trillo. Para que abandone la plácida contemplación de  la guardarropía del mayordomo real en Buckingham Palace y vuelva a la bronca pelea judicial española a la búsqueda de una salida al escándalo. Porque pese a su renovación el nuevo TC puede quedar bloqueado de nuevo, más dedicado a resolver los recursos que pongan en duda la imparcialidad y apuesten por la contaminación partidaria de sus decisiones que a ofrecer a la sociedad interpretaciones válidas e incuestionables de la Constitución. 

Sí, jefe Jaúregui, te evitaré la lamentable escena que te anticipaba al principio pero no te creas, que más obsceno que esa inocente, aunque exhibicionista y reivindicativa bajada de pantalones es lo que nos está pasando...