Hacia una necesaria reforma constitucional

El 6 de diciembre, coincidiendo con el 35 aniversario de la aprobación de la Constitución Española celebramos el más amplio período democrático de nuestra historia. En los más de 200 años de nuestra historia constitucional, desde la Constitución de Cádiz, los períodos de pacífica convivencia democrática resultan una agradable excepción.

Los socialistas, y según las encuestas la mayoría de los españoles, creemos que, tras 35 años de vigencia, es necesario plantear de nuevo la conveniencia y necesidad de la modificación de nuestro texto constitucional.

En la elaboración de nuestra Constitución los socialistas jugamos un papel tan importante al menos como el de las demás fuerzas políticas que participaron en su elaboración y aprobación. Y por eso nos enorgullecemos de que en estos 35 años, nuestra Constitución haya cumplido con notable acierto su papel, como marco de básico de nuestra convivencia: que haya enmarcado sólidamente la construcción y afianzamiento de nuestro Estado social y democrático de Derecho, permitiendo, asimismo, la articulación territorial del poder político en un Estado Autonómico. Ambas cuestiones con notable éxito.

Nuestro texto constitucional ha sido reformado en dos ocasiones como consecuencia de la pertenencia de España al espacio común europeo. En 1992, para permitir a los nacionales del resto de Estados miembros de la Unión Europea la posibilidad de ser candidatos en las elecciones municipales. En 2011, para incorporar aspectos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Zona Euro.

Pero, fuera de estos procesos, puntuales, de reforma constitucional los socialistas, que sí propusimos reformas en el pasado, no logramos alcanzar el consenso suficiente para encarar una modificación del texto constitucional. Ni siquiera en la primera legislatura del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, donde se avanzaron notablemente los trabajos previos a la reforma constitucional, informe del Consejo de Estado incluido.

La necesidad de reformar la Constitución es ampliamente compartida en la sociedad española a 35 años de su elaboración y se produce con normalidad, sin mayor dramatismo, en las democracias constitucionales de nuestro entorno. En España, probablemente como consecuencia de nuestra turbulenta historia político-constitucional y por la relativa juventud de nuestro sistema democrático, parecen existir ciertas prevenciones frente a una eventual modificación del texto constitucional. Es cierto que nuestra Constitución es todavía joven, como lo es el sistema democrático que estableció, pero no podemos sentir que ni una ni otro sean tan débiles como para no admitir un debate sobre su posible reforma.

Ningún texto constitucional es algo perfecto, cerrado, definitivo. Las Constituciones deben buscar un siempre difícil equilibrio entre, de un lado, garantizar su propia tendencia a permanecer en el tiempo posibilitando la estabilidad política y, de otro, estar dotadas de la necesaria flexibilidad, que permita su adaptación permanente a una realidad compleja y cambiante. Una Constitución no ha de reformarse tan a menudo que pierda su prestigio pero tampoco puede petrificarse hasta el punto de convertirse en letra muerta.

Para empezar, hoy en día, muchos de nuestros ciudadanos han vivido toda su vida en democracia. Se estima en más del 60 por ciento el número de españoles que no han votado nuestra norma básica de convivencia. Thomas Jefferson defendió que sería antidemocrático negar a las generaciones futuras la capacidad para decidir su propio modo de vivir. Pues bien, parece que estamos ante una nueva generación de españoles que tiene derecho a decidir sobre su propio texto constitucional.

Además, esta reforma constitucional que hoy planteamos resulta un necesario ejercicio de adecuación del texto constitucional de 1978 a nuevas realidades y, en consecuencia, tendrá un efecto beneficioso de acercamiento de nuestras instituciones a la ciudadanía.

Así establecida la necesidad de iniciar un procedimiento de reforma de la Constitución resulta imprescindible, en primer lugar, buscar el necesario consenso entre las fuerzas políticas, principal escollo al que, junto al procedimiento rígido de reforma, se enfrenta una eventual modificación de la Constitución. Un consenso que, a priori, debería ser al menos el mismo que contó la Constitución en su aprobación en 1978.

Tres formaciones políticas con representación parlamentaria (PSOE, Izquierda Unida y UPyD) al que se podrían sumar, sin dificultades, PNV y CiU, han planteado, con mayor o menor grado de concreción y formalismo, la necesidad de acometerla reforma de la Constitución.

El Partido Popular lo hizo, no hace tanto tiempo, cuando aún estaba en la oposición.

Desde el punto de vista de su contenido, existen aspectos de nuestro texto constitucional que están francamente superados, bien porque se han desplegado de forma completa (piénsese en los preceptos constitucionales dedicados al acceso a la autonomía por parte de las nacionalidades y regiones), porque han quedado desfasados e incluso pueden resultar ofensivos (referencia a "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" del artículo 49 CE) o, simplemente, porque se han visto superados por la realidad (por ejemplo, la limitadísima referencia a la informática como límite de los derechos al honor y la intimidad familiar y personal del artículo 18.4 CE).

Son sólo ejemplos, pero imponen la necesidad, al menos, de plantear el debate sobre la reforma constitucional. Ya en 2004 el Partido Socialista planteó la necesidad de la reforma de cuatro aspectos concretos del texto constitucional: la regulación del Senado, para convertirla en una verdadera Cámara de representación territorial; modificar el régimen de sucesión de la Corona para acabar con la discriminación por razón de sexo en la misma; incorporar la referencia a las Comunidades Autónomas ya constituidas, y, finalmente, hacer lo propio con la Unión Europea y el Derecho Comunitario.

El vertiginoso tiempo trascurrido desde que en 2004 planteamos estas cuatro reformas concretas nos lleva hoy a añadir nuevos ámbitos de reforma constitucional. El propio modelo territorial que fue configurado en el Título VIII, conocido como el Estado de las Autonomías, ha sido un importante factor de progreso, cohesión y consolidación del Estado social; pero hoy es preciso actualizarlo y perfeccionar su latente vocación federal. Para ello, es muy importante delimitar claramente la distribución de competencias y responsabilidades entre el Estado y las Comunidades Autónomas, garantizando la solidaridad y la igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, instaurar un sistema estable de financiación y establecer mecanismos eficaces de cooperación institucional, que tantas veces se han echado en falta, y para lo que es fundamental la inaplazable reforma del Senado.

La actualización del Estado de las autonomías, avanzando hacia el federalismo, es también la garantía del restablecimiento del consenso territorial, ante una amenaza de resurgimiento de dos posiciones antagónicas, que pretenden, una la ruptura de Cataluña con España, y otra la recentralización del Estado en menoscabo de las instituciones autonómicas. Frente a estas posiciones, PSOE y PSC apostamos por este proyecto común para España, y para Cataluña y el resto de comunidades autónomas en España, convencidos como estamos de que es garantía de convivencia y de que sigue siendo posible, como lo fue hace treinta y cinco años, la unidad y el entendimiento de todos partiendo de la voluntad común de dialogar y encontrar conjuntamente los necesarios consensos y las soluciones a los problemas que se puedan presentar.

La reforma que queremos impulsar debe servir también para la incorporación a la Constitución de mecanismos que garanticen la pervivencia de nuestro Estado de bienestar -a través, por ejemplo, de la constitucionalización, como verdadero derecho fundamental, del derecho a la salud o a la protección social, la incorporación a la Constitución del cuarto pilar del Estado de bienestar (servicios sociales) o una nueva regulación constitucional de los derechos de los trabajadores- o la inclusión de fórmulas que mejoren las relaciones entre representantes y representados (derecho de acceso a la información pública como verdadero derecho fundamental, modificación del régimen jurídico de la Iniciativa Legislativa Popular...) y, en definitiva, que mejoren el mismo sistema democrático representativo.

Lo que no resulta tolerable, desde un punto de vista democrático, es recurrir a una reforma "fraudulenta" de la Constitución como está haciendo sistemáticamente el Gobierno del Partido Popular. Destruir el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores a través de la reforma laboral, dificultar el acceso a los tribunales a través de nuevas y desorbitadas tasas judiciales, desproteger el dominio público marítimo terrestre con la modificación de la Ley de Costas, modificar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sólo para garantizarse un futuro resultado electoral o restringir los derechos de información, reunión y manifestación a través de un nuevo régimen sancionador que quiebra las garantías jurisdiccionales de estos derechos... no son sino alteraciones materiales, por no decir vulneraciones flagrantes, hechas de forma subrepticia de la Constitución. Pero el partido en el Gobierno las ha llevado a cabo por la puerta de atrás, sin seguir el procedimiento de reforma previsto en los artículos 166 a 169 de la Constitución.

De lo que se trata, en definitiva, es de empezar a reflexionar, a dialogar y a debatir públicamente y, en último término, a elaborar, entre todos, una nueva norma constitucional que regule nuestra convivencia para, al menos, otros 35 años. No se trata de elaborar un nuevo texto constitucional pero se puede y se debe plantear la necesaria adaptación de nuestra Carta Magna a una nueva realidad social y política.

[*] Soraya Rodríguez es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados