El coordinador general de Izquierda Unida,
Gaspar Llamazares, y la diputada de esta formación por Madrid,
Monserrat Muñoz, exigieron al Ministerio del Interior que no
"minimice" la "
escalada" que, a su juicio, están experimentando las organizaciones de extrema derecha en nuestro país, y que tome medidas preventivas para evitar que estos grupos consigan su objetivo de "alterar la convivencia democrática". También acusaron al PP de ser "
complaciente" y
"benévolo" con estas formaciones por interés electoral.
Llamazares y Muñoz ofrecieron una rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, al que transmitieron su preocupación por la proliferación de convocatorias de estos grupos que están teniendo lugar en varios lugares de España, especialmente en Madrid.
Los representantes de IU solicitaron entrevistarse con Camacho tras el asesinato el pasado domingo del joven antifascista Carlos Palomino, presuntamente a manos de un militar ultraderechista, para conocer qué datos tiene el Gobierno sobre estos grupos y sus planes para atajar la violencia ideológica, xenófoba y racista.
Investigar financiación y contactos internacionales
La conclusión que ambos han sacado de la reunión es que el Ejecutivo no sólo no ha hecho un diagnóstico en profundidad sobre esta cuestión, sino que minimiza este problema que, según IU, hay que intentar atajar a tiempo para que no vaya a más. "Si esto no se toma en serio, se estará cometiendo un gravísimo error", advirtió Muñoz.
Para avanzar en este objetivo, los dos diputados han pedido a Camacho que se investigue quién está detrás de las convocatorias de manifestaciones, por qué en los últimos años se han activado hasta cinco partidos "con el apellido Nacional", qué conexiones internacionales tienen estos grupos y quién los financia.
"El Gobierno no se ha dado cuenta del salto cualitativo que están dando estos grupos y pretende responder con normalidad a lo que no es normal", se quejó Llamazares, quien advirtió al Ejecutivo de que una actitud "más firme" no aumentará la actividad de estos grupos como piensa el Gobierno, sino que eliminará la sensación de "impunidad" que es lo que, en su opinión, les beneficia.
Prohibir manifestaciones
En la misma línea, los dos diputados de IU han demandado que las delegaciones del Gobierno actúen con "más rigor" y no autoricen las marchas con lemas claramente antidemocráticos o con "itinerarios provocadores" como la que, a su juicio, ha convocado La Falange mañana en Madrid, que tiene previsto pasar cerca del barrio madrileño de Malasaña, donde cada fin de semana se dan cita numerosos jóvenes.
Además, han solicitado expresamente al secretario de Estado de Seguridad que se impida que esa marcha finalice en el interior de la Basílica del Valle de los Caídos, que pertenece a Patrimonio Nacional, aunque Muñoz dio por hecho que esta petición caerá en saco roto. En cualquier caso, garantizó que Interior va a poner todos los medios para garantizar la seguridad este fin de semana, víspera del 20 noviembre, aniversario de la muerte de Franco y José Antonio Primo de Rivera.
Asimismo, Llamazares y Muñoz incidieron en que no se puede ser "equidistantes" ni adoptar "decisiones salomónicas", es decir, prohibir tanto las manifestaciones ultraderechistas como las antifascistas, porque, desde su punto de vista, es la extrema derecha la que propugna proclamas "claramente agresivas y actuaciones violentas". "No se puede jugar a la equidistancia ni intentar disimular hablando de bandas juveniles. No se puede tener manga ancha con quienes quieren tomar la calle", enfatizó Muñoz.
Ambos insistieron en la necesidad de "llamar a las cosas por su nombre" y de reconocer que el asesinato del pasado fin de semana fue un "crimen ideológico". En este punto, arremetieron contra el PP, que, con su negativa a achacar esa muerte a la "extrema derecha", ha impedido que la Asamblea de Madrid apruebe una declaración institucional de condena.
"Vándalos" Que el PP hace suyos
En concreto, Llamazares destacó como "escandaloso" que el PP sea "incapaz de desmarcarse de la extrema derecha" y que para "mantener el pastoreo del voto de la extrema derecha dentro de su organización política" adopte una "actitud benevolente y complaciente" con estos grupos, algo que, a su juicio, no haría ningún otro partido de la derecha europea.
"El PP no sólo da la impresión de estar gestionando la herencia del franquismo cuando no quiere condenarlo, sino que parece quiere gestionar también la de estos vándalos considerándolos de su entorno", denunció el líder de IU.
Habida cuenta de la "preocupación" que causa en IU el incremento de la actividad de estos grupos en Madrid, han presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que instan al Gobierno a elaborar un plan específico contra las actuaciones "fascistas, racistas y xenófobas" en esta comunidad, con medidas de prevención a aplicar en colaboración con los ayuntamientos y el gobierno regional y más medios y recursos.
Igualmente, piden al Gobierno que en un plazo de seis meses presente un informe exhaustivo sobre estos grupos que aluda también a a la participación en los mismos de miembros del Ejército o de las Fuerzas de Seguridad.
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