El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado la colaboración del Gobierno de
Esperanza Aguirre para implantar un nuevo modelo de concesión de licencias, que se basaría en contratar empresas externas que certifiquen que los diferentes locales cumplen todos los requisitos para que se les otorguen los permisos correspondientes, con el objetivo de agilizar los trámites.
Para llevar a cabo esta propuesta, el Ejecutivo que dirige Alberto Ruiz-Gallardón debe redactar una nueva normativa y precisa que se reforme la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Fuentes municipales confirmaronn que la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Elorriaga, tiene ya en su despacho una petición formal en este sentido.
Las mismas fuentes precisaron que la propuesta fue remitida antes de que el juez Santiago Torres diera orden de detener, en el marco de la Operación Guateque, a los 16 funcionarios y técnicos del Ayuntamiento y al empresario que presuntamente formaban parte de una trama de corrupción relacionada con el cobro de comisiones por la concesión de licencias.
Sin embargo, fuentes del departamento que dirige
Beatriz Elorriaga explicaron que no se está procediendo a examinar esta petición de forma separada al resto de escritos recibidos en relación a la Ley del Suelo debido a la paralización de la normativa en esta materia a nivel estatal.
El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, confirmó ayer que el Ayuntamiento estudia la posibilidad de contratar empresas externas que expidan certificados para agilizar la concesión de licencias municipales. Gallardón señaló que esta medida, en la que su equipo "
ya venía trabajando", colaboraría a la hora de evitar posibles casos de corrupción.
Agilizar las licencias para un proceso más transparente
El regidor explicó que es necesario agilizar la concesión de licencias, porque se daría un paso "
determinante" en favor de la "transparencia" en este tipo de procesos. Así, si existiesen empresas autorizadas por parte del Ayuntamiento que certificasen el cumplimiento de todos los requisitos, "
sin perjuicio de una posterior revisión" por parte del Ejecutivo municipal, los plazos se reducirían.
Ruiz-Gallardón, que recordó que sistemas como este ya están implantados en otras ciudades de Europa, destacó que de esta forma, el proceso de tramitación de las licencias se verían sometidos a unos "
parámetros de seguridad" adecuados. Además, justificó esta propuesta al referirse al
"uso de los tiempos" que han podido realizar los funcionarios presuntamente implicados en la trama de corrupción, ya que, al parecer, éstos agilizaban las licencias si existían pagos y las demoraban en caso contrario.
"Somos partidarios de elemento de agilización internos y externos al Ayuntamiento", apuntó el alcalde, quien aseguró que el hecho de que las agencias certificadoras autorizadas por el Ayuntamiento serían "
un buen instrumento". Por ello, su equipo trabaja en este campo desde hace tiempo y ya tiene una propuesta redactada, aunque, según Gallardón, actualmente sería "
un buen momento" para hacer una revisión de la misma.
CC.OO. duda de la legalidad de la medida
La Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Madrid de CC.OO. (FSAP) rechazó este viernes con un comunicado la propuesta de externalización de la tramitación de licencias realizada por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, por ser "de dudosa legalidad" y opinó que el objetivo de este anuncio es desviar la atención de "la investigación sobre la trama del caso 'Guateque' y de las responsabilidades políticas".
El secretario general de la FSAP, Julio Novillo, opinó que Gallardón está intentando "trasladar la inadmisible idea de que la corrupción no es cosa de unos pocos sino tan generalizada que sólo externalizando la gestión puede tener remedio", y apuntó a que su intención es "desviar la atención sobre su propia responsabilidad y sobre la de otros cargos políticos municipales designados por él".
Asimismo, arguyeron que la propuesta "no garantiza por sí misma más agilidad del proceso ni introduce más garantías para el ciudadano". "Antes al contrario, es más garantista que esta labor la realicen quienes están sometidos al Código de Conducta establecido en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos que por quienes no tienen esa obligación y, por tanto, menos responsabilidad llegado el caso", continuó Novillo.
"Es más, hemos conocido experiencias de privatización, como la gestión del cobro de multas, donde se demostró que las empresas ponían por delante la obtención de beneficio que el respeto a los derechos ciudadanos", recordó el sindicalista, insistiendo por último en que "la solución pasa por investigar y depurar responsabilidades, agilizar los trámites -empezando por completar las plantillas encargadas o relacionadas con la tramitación de licencias-, introducir medidas de transparencia en la tramitación e incorporar mecanismos de control de calidad interno que detecten irregularidades y mejoren los procedimientos de gestión".
La FRAVM censura la externalización de las licencias
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) censuró hoy la propuesta del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de externalizar la certificación para la concesión de licencias y reclamó que el Ayuntamiento disponga de "todos los recursos necesarios" para canalizar, "de manera ágil, eficaz y con todas las garantías y controles necesarios", los trámites preceptivos en esta materia.
La FRAVM, que rechazó la privatización de los servicios públicos, consideró "inaceptable" la opción de privatizar parte del servicio como solución a "un problema de control de gestión de lo público del equipo de Gobierno". En este sentido, resaltó que se puede "alimentar el descrédito" de la Administración municipal.
Por tanto, la Federación de Asociaciones de Vecinos reclamó al Gobierno de Gallardón que asuma "de forma transparente, responsable y constructiva" sus responsabilidades que le corresponde como gestor, "a la espera de que las instancias judiciales determinen las responsabilidades penales" de los imputados en la Operación Guateque.
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