Esa información, y esas cinco recusaciones, son las que mantienen paralizado al Alto Tribunal, cuyos magistrados no saben exactamente qué camino seguir. Así que, después de dos días de agrios debates, el jueves decidieron dar traslado a las partes –Gobierno y PP, fundamentalmente- de todos los documentos que obran en el expediente. El objetivo no confeso del presidente accidental Vicente Conde Martín de Hijas es que, en base a lo endeble de las pruebas, el PP retire su recusación contra los tres magistrados ‘progresistas’ ya citados. Pero el PP ya ha dicho que no habrá tal.
La bronca, pues, continúa y lo hace con mucha más enjundia toda vez que este viernes se han conocido al completo las dos cartas del magistrado Ramón Rodríguez Arribas, enviadas a la presidencia accidental para este asunto y que, según el sector progresista, suponen una prueba de las ‘mentiras’ del PP.
Las cartas han sido dadas a conocer al completo en el voto particular que uno de los recusados conservadores, Agustín García-Calvo, ha realizado en discrepancia de la Providencia aprobada el jueves para dar traslado a las partes de todos los documentos sobre este asunto.
Según ese voto particular, en la mañana del 5 de noviembre de 2007, García-Calvo encontró en su despacho un escrito, acompañado por un acuerdo remisorio emitido por Vicente Conde. El escrito, firmado por el magistrado Ramón Rodríguez Arribas, tiene fecha de 14 de noviembre y resulta muy expresivo para este caso. Dice el escrito:
“En relación con el documento de fecha 29 de octubre de 2007, firmado por seis miembros de este Tribunal, entre los que me encuentro, suscrito en relación con la información recogida en el diario ‘El Mundo’, del día 25 de octubre y conforme a lo que ha manifestado en el Pleno del día de hoy, quiero dejar constancia de los siguiente, también a los efectos que puedan resultar oportunos para V.E.
“El referenciado escrito lo firmé en la creencia –ahora veo que equivocada- de que al estar dirigido a V.E. ‘a los efectos que puedan resultar oportunos’ no iba a tener acceso a las actuaciones, ya que solo pretendía poner ‘negro sobre blanco’ si lo hablado en la reunión celebrada en el despacho de la Excma. Sra. Presidenta de este Tribunal el día 12 de junio del corriente estaba o no en concordancia con la también referida noticia periodística.
“De haber comprendido que el documento se incorporaría a las actuaciones hubiera puesto de manifiesto, en primer lugar, que viene a integrar una prueba preconstituida, en segundo lugar, que, cuando menos, resultaba inconveniente que junto con mi firma figurasen la de dos miembros de este Tribunal abstenidos en dichas actuaciones, situación ya firme, y de otros tres recusados en las mismas, pendientes de resolución y finalmente que, aunque el contenido del documento responde a la verdad, no es toda la verdad.
“En efecto, corresponde a la verdad que, contra lo expuesto en la noticia del periódico, en aquélla reunión no se habló de la constitucionalidad de la Ley reformadora de la LOTC, que nadie propuso la celebración de una conferencia de prensa y que tampoco yo dije que me reservaba las opiniones parar el Pleno. Ahora bien, también es verdad –como por cierto, en parte, ha aparecido en noticias de prensa, concretamente en El País- que manifesté que la reforma legal era fruto de la desconfianza de los políticos, que esa desconfianza era injusta porque no hubiera sido posible remover la presidencia al vencimiento del término del mandato, e incluso llegué a jurar que personalmente no adoptaría ninguna determinación en ese sentido, proponiendo la dimisión de la Excma. Sra. Presidenta y del Excmo. Sr. Vicepresidente y la convocatoria de un Pleno para su ratificación en los cargos, oponiéndome a cualquier declaración institucional al respecto, propuesta que fue desechada por los demás porque podría suponer una ‘insumisión’ y porque el momento pudo haber sido el anterior a la promulgación de la Ley”.
Pero es quem anteriormente, el 29 de octubre, el presidente accidental, Vicente Conde, había recibido otro escrito en el que, más sucintamente, seis magistrados del Constitucional –entre los que se encontraban la presidenta, María Emilia Casas- desmentían la información de El Mundo que dio pie a la recusación de Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala. Ese otro escrito, incorporado también al voto particular de García-Calvo, señala:
“Tenemos el honor de poner en conocimiento de V.E., a los efectos que puedan resultar oportunos, que lo hablado por cada uno de nosotros en la reunión celebrada el día 12 de junio entre la Excma. Sra. Presidenta del Tribunal Constitucional doña María Emilia Casa Baamonde, el Excmo. Sr. Vicepresidente don Guillermo Jiménez Sánchez, y los Magistrados Excmos. Sres. don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, sin carácter jurisdiccional ni gubernativo, no se corresponde en ningún extremo con lo que se indica en la información recogida en el diario ‘El Mundo’ del día 25 de octubre. Ninguno de los presentes comunicó al exterior lo allí tratado”.
A pesar de estos dos desmentidos rotundos, los ánimos no se han aplacado en el Constitucional, sino todo lo contrario, según puede observarse especialmente en el voto particular de Roberto García-Calvo, el cual pueden ver de forma íntegra pinchando aquí.
La Provindencia del Constitucional, así como los votos particulares de Rodríguez Zapata y de García-Calvo la pueden obtener de forma íntegra pinchando aquí.
Si (
No(
