El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, abogó este lunes por promover políticas educativas y pedagógicas para frenar "la sangría diaria de muertes" en las carreteras de la Comunidad de Madrid, de cara a la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial, que se hará efectiva previsiblemente en el próximo puente de diciembre.
A la vista de su inmediata aplicación, la Fiscalía dirigida por Moix ha puesto ya en marcha su maquinaria para afrontar la nueva normativa, que contempla penas de cárcel para los conductores temerarios que superen en 60 kilómetros por hora la velocidad permitida en vías urbanas y en 80 kilómetros en las de carreteras.
.jpg)
Con la finalidad de analizar los problemas jurídicos y prácticos de la futura ley, Moix y el fiscal de Sala delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, mantuvieron esta mañana una reunión de trabajo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a la que asistieron representantes de la Guardia Civil, de la Jefatura de Tráfico, del Ayuntamiento de Madrid y de otros municipios.
Se trata de la primera de una serie de reuniones que mantendrán los actores implicados en esta materia en lo que respecta a la región después de que el Congreso aprobara el pasado miércoles esta reforma del Código Penal, que pretende acabar con la impunidad en las carreteras.
"La Fiscalía de Madrid está realmente preocupada porque existe una sangría diaria de muertes en las carreteras de Madrid. Por ello, hay que exigir una respuesta al legislador y al aplicador de la ley", aseveró Moix en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión, en la que estuvo acompañado de Vargas.
El fiscal jefe de Madrid consideró "prioritario" impulsar "una campaña de sensibilización" entre la población, que incluya políticas de reeduación en la seguridad vial. "La ley es un instrumento para ello", subrayó, al tiempo que añadió que la finalidad de la normativa será la "reinserción" de los infractores.
Por su parte, el fiscal de Seguridad Vial confió en que la nueva norma promueva "una mayor cultura de respeto a la ley en las carreteras y calles de la ciudad". "Los conductores deben saber que cuando infringen la ley hay consecuencias jurídicas penales", apostilló.
Al igual que Moix, Vargas esperó que la reforma tenga "un efecto pedagógico y educativo" y que "afiance la idea de que la carretera no es un mundo aparte porque están en juego las vidas de muchas personas".
Juicios rápidos
Entre sus estimaciones, Moix adelantó que este tipo de asuntos aumentarán "considerablemente" el número de juicios rápidos, la vía habitual de resolución de esta tipología de delitos. Ello podría acarrear una nueva sobrecarga de temas, que conllevaría el colapso de los tribunales madrileños.
A este respecto, el fiscal abundó en que el pasado año se registraron un total de 4.500 procedimientos abiertos por delitos contra el tráfico, de los que 4.000 se tramitaron a través de los juicios rápidos.
"Los procedimientos serán asumibles, pero tiene que haber plena coordinación entre los tribunales, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad", insistió el máximo responsable de la Fiscalía de Madrid.
Una de las cuestiones debatidas en la reunión fue la relativa a los excesos de velocidad, uno de los principales causantes de los accidentes en carreteras. Así, los asistentes al encuentro acordaron que se realicen comprobaciones periódicas de los radares fijos con el objeto de detectar cuanto antes a los infractores.
En estos casos, el primer paso será identificar a la persona que conduce el vehículo y, a continuación, remitir al juzgado los datos recabados para abrir un procedimiento contra el infractor por delitos relacionados con la seguridad vial.
Otra de las novedades de la ley serán los controles previos de sustancias estupefacientes, un sistema que aún está por revisar para mejorar su fiabilidad. Por el momento, el 9 por ciento de los conductores a lo que se les ha realizado la prueba han dado positivo. "Esto confirma que hay un elevado consumo de drogas unido a la conducción", apuntó Moix.