Estalla la Cañada Real

Una casa en la que vivían tres familias fue derribada en la mañana del 18 de julio en la Cañada Real Galiana (Villa de Vallecas), tras una batalla campal que arrojó un saldo de más de 30 heridos, la mayoría agentes, y cuatro vecinos, uno de ellos detenido.

Un centenar de vecinos españoles, rumanos y marroquíes se enfrentaron a pedradas a los agentes de la Policía Municipal y la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios. El dueño de la casa llevaba recibiendo desde noviembre avisos que anunciaban la demolición de su vivienda y colocó carteles por los muros convocando a sus vecinos a acudir la mañana de este jueves para evitarlo. "La próxima puede ser la tuya", advertían los pasquines.

El aviso surtió efecto y unas doscientas personas —hombres, mujeres y niños— esperaban desde primera hora la llegada de la policía. Los enfrentamientos se produjeron cuando del inmueble, de dos plantas, fue sacada por la fuerza una mujer con un bebé.

En ese momento, los vecinos empezaron a lanzar piedras y otros objetos contundentes a los agentes, que respondieron con las porras, pelotas de goma y gases lacrimógenos. El resultado fue una batalla campal que se trasladó a los descampados colindantes y se saldó con veintitrés policías y cuatro vecinos heridos, además de un detenido.

Los policías heridos fueron más de 30 agentes de la Policía Nacional, 19 de los cuales fueron dados de baja, según la Jefatura Superior de Policía, y siete de la Municipal, seis de los cuales fueron atendidos en la Comisaría de San Blas. Presentaban contusiones en brazos, cabeza y cara, provocadas por impactos de piedras, botellas y bombonas de butano, entre otros materiales arrojados con contundencia. Durante la reyerta resultó herido el jefe de la UC2, con un fuerte golpe en el rostro, y un mando de la Policía Nacional, este último con heridas de menor consideración.

El mismo día, siete familias rumanas de otra zona de la Cañada se presentaron en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo para pedir que se paralizara las órdenes de derribo de sus chabolas, alegando que el Ayuntamiento las había enviado con un defecto "de forma" (una de ellas, a nombre de una niña de cinco años) y que, además, no tenían adónde ir en caso de quedarse sin su infraivienda. Apoyados por voluntarios de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, recibieron la noticia de la batalla campal a la salida del juzgado. Al día siguiente, con el conflicto del asentamiento en primer plano de la actualidad, consiguieron la paralización de la orden.

Al día siguiente, unos 200 vecinos de la Cañada Real anduvieron unos dos kilómetros por la carretera rumbo a la Junta Municipal de Vicálvaro, donde pretendían reunirse con la concejala de distrito para pedir la legalización de sus viviendas. La plaza donde se encuentra la junta fue, literalmente, tomada por la policía ante la perspectiva de que se repitieran los sucesos del día anterior, pero finalmente no se registraron incidentes. Los vecinos no consiguieron su objetivo de reunirse con la concejala y regresaron a sus viviendas.

Más problemas con la llegada del invierno
Unos 20.000 vecinos de los sectores 4 y 5 y de Valdemingómez de la Cañada Real Galiana se quedaron el día 19 de noviembre sin luz debido a una explosión en el transformador situado junto a la Mezquita de Vicálvaro, que está gestionado los propios habitantes de la vía pecuaria.

El transformador podría haberse sobrecargado por la gran cantidad de radiadores y estufas eléctricas que los vecinos han accionado durante la última semana por las bajas temperaturas. La situación en esta zona de la Cañada Real, la misma donde se produjo un desalojo que desembocó en un violento enfrentamiento entre vecinos y Policía, se agravó por las fuertes lluvias que han caído y empantanado parte del terreno. La situación se prolongó durante ocho días.

El 4 de diciembre, ocho casas de ladrillo de la Cañada quedaron calcinadas a causa de un incendio, aunque no hubo que lamentar heridos.

Gallardón pide coordinación
Ya en el mes de julio, Gallardón había sugerido la posibilidad de crear un consorcio para abordar lo que ya consideraba como "uno de los problemas más graves de Madrid", que compete a varias Administraciones: el Ayuntamiento de Madrid, porque la mayor parte del asentamiento discurre por el municipio; la Comunidad, propietaria de los terrenos, que además están protegidos por su condición de cañada real; y los ayuntamientos de Getafe y Rivas-Vaciamadrid. Las denuncias de las empresas transportistas cuyos vehículos se dirigen a Valdemingómez eran continuas por la peligrosidad de la ruta: atracos, asaltos, etcétera, hasta el punto de que Ayuntamiento y Comunidad llegaron a anunciar que en 2008 habría un desdoblamiento de la carretera que lleva a Valdemingómez para que los vehículos no tuvieran que pasar por el poblado.

En aquel momento, Esperanza Aguirre aseguró en que la iniciativa le parecía "una buena idea, como todas las del alcalde". Pero la cosa cambió después de los sucesos del 18 de octubre: al día siguiente, preguntada al respecto, la presidenta declaró que los asentamientos ilegales de la Cañada Real Galiana eran un "problema heredado" por su Gobierno con el que éste no tenía "nada que ver". El consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, declaró el día 23 que la Comunidad carecía de competencias en la Cañada Real, aunque su gobierno estaba, según Granados, "dispuesto a participar en cuantas comisiones haga falta". Sin embargo, Aguirre volvió a asegurar el día 31 que "las competencias de la Cañada son de los Ayuntamientos".

El 20 de diciembre, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, con los votos en contra del PSOE, promover la constitución de un Consorcio público, compuesto por las tres Administraciones, la Delegación del Gobierno y las asociaciones de vecinos para solucionar los problemas de la Cañada Real.