El Consejo Departamental de Santa Cruz, cumpliendo funciones de Asamblea Legislativa, resolvió ayer aprobar la pregunta del referéndum para la aprobación del estatuto autonómico local, destinar un presupuesto de 10 millones de bolivianos e instruir al prefecto del departamento, Rubén Costas, convocar a la consulta popular regional para aprobar ese documento.
La determinación fue adoptada después de recibir el informe técnico de la Corte Departamental Electoral, que validó 103.034 firmas de respaldo para que se realice la consulta, y que son suficientes para la convocatoria, según establece el artículo 6 de la Ley marco del Referéndum aprobada durante el gobierno del ex presidente Carlos Mesa.
Según el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, la pregunta aprobada es la misma contenida en los libros autonómicos y que consulta a los cruceños si están de acuerdo en que “En virtud de esta iniciativa popular para la convocatoria a Referéndum Departamental, de conformidad al artículo 4 de la Constitución Política del Estado y artículo 6, numerales II y III de la Ley marco del Referéndum Nº 2769, el Prefecto del departamento de Santa Cruz convoque a un referéndum departamental, a través del cual el pueblo cruceño pueda decidir la inmediata ratificación y puesta en vigencia del Estatuto Autonómico aprobado por la Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz el 15 de diciembre de 2007, de manera que a partir de la decisión afirmativa del referéndum, dicho Estatuto se constituya en la norma institucional básica del departamento autonómico de Santa Cruz y sea de cumplimiento obligatorio para todos los habitantes”.
El informe técnico sobre la validación de las firmas fue oficializado ayer por la Corte Departamental Electoral en la primera sesión de sala plena.
En la oportunidad, el presidente de ese organismo regional, Mario Orlando Parada, ratificó que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley marco del Referéndum, que requiere el 8 por ciento de las firmas del Padrón Electoral para poder convocar a un referéndum por iniciativa popular.
Parada se limitó a señalar que concluían un trabajo técnico y no podían emitir declaraciones de criterio político al respecto.
“La lucha no ha concluido, la lucha más bien continúa”, declaró el vicepresidente cívico, Roberto Gutiérrez, tras advertir que seis departamentos representados por sus comités exigirán el cumplimiento de la ley.
En el mismo proceso de consolidar sus estatutos se encuentran Beni, Pando y Tarija, mientras Chuquisaca promueve un referéndum autonómico.
A mediados de este mes, luego de una polémica sobre la legalidad, la Corte Nacional Electoral decidió validar el proceso de verificación de firmas iniciado por la Corte cruceña. El Nuevo Día
El Gobierno dice que es ilegal
En representación del Gobierno nacional, el viceministro de Descentralización, Fabián Yacsik, declaró ayer que no conoce la fundamentación de la Corte Departamental Electoral (CDE) para validar las firmas.
Sin embargo, aseveró que respeta ese trabajo porque ellos son autónomos, aunque el Ejecutivo considera que el proceso autonómico para la aprobación de los estatutos regionales “va en contrarruta” porque existe una serie de ilegalidades.
“Dejemos de lado la recolección de las firmas y el cumplimiento de esos requisitos que no los vamos a cuestionar, sin embargo, la ley es clara al señalar que es el Congreso Nacional el que debe convocar al referéndum departamental y no el Consejo Departamental o el Prefecto, desconocemos quiénes están propiciando estas ilegalidades”.
Yacsik dijo que existen enormes observaciones, pues los estatutos no pueden estar descolgados de la Constitución Política del Estado y debe existir una compatibilidad. El Nuevo Día
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