Congresista oficialista a un paso del desafuero

Desde que se inició la sesión, Franklin Sánchez, José Vargas y Julio Herrera -los tres apristas que integran la subcomisión- se abocaron abiertamente a la defensa, con el apoyo de los asesores de la bancada aprista. Vargas pidió a la subcomisión que se modifique la tipificación de los delitos que se le imputan a Benites. Primero, solicitó que se retiren dos delitos (colusión y peculado) y se comprometió a respaldar la denuncia por falsedad genérica.

DESALOJO

Una primera señal de que las cosas no iban bien para la defensa aprista fue la decisión del presidente de la subcomisión, José Saldaña, de pedir que Benites y su abogado se retiraran de la mesa. Para ello, recordó la condición de suspendida que todavía pesa sobre la legisladora trujillana y el hecho de que la etapa en la que presentó sus descargos ya pasó.

La suspendida parlamentaria se fue argumentando, una vez más, que se le desconocía su derecho a la defensa. Benites se retiró de la sala sin formular declaraciones y se dirigió a otro ambiente del Parlamento, desde donde siguió las incidencias del debate.

TIPIFICACIÓN

Tras el retiro de Benites, el debate se inició y se concentró principalmente en la tipificación de los delitos, sobre todo en la figura del peculado en calidad de cómplice que establece el informe acusatorio.

Fredy Otárola, autor del informe, sustentó que la legisladora aprista participó en la comisión de delito, aunque no como autora. Sin embargo, Javier Bedoya (UN) pidió que se retire dicho delito y se incluya, en su reemplazo, la figura de la estafa. Por este motivo votó a favor de la denuncia con reservas en dicho punto. Otro parlamentario en contra de acusarla de peculado fue Carlos Bruce (AP), pero este -lejos de imitar a Bedoya- prefirió abstenerse.

El informe aprobado, deberá pasar ahora a la Comisión Permanente, donde la correlación de fuerzas es proporcional a la de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales: la integran siete congresistas apristas, cuatro nacionalistas, cuatro de UPP, tres fujimoristas, dos de AP y uno del Grupo Especial.

Habrá que ver si, en esta nueva instancia, los apristas insistirán en blindar a su correligionaria, a pesar del alto costo político que significaría para su bancada y para el Gobierno.