Si algo llama la atención a lo largo de la campaña electoral es el respeto que, prácticamente en todo momento, la inmensa mayoría de los partidos han tenido de no mezclar los temas de la justicia con los temas políticos.
Si las encuestas, como dicen, les son desfavorables al PP, no entiendo qué necesidad tienen algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial, como Montserrat Comas y Félix Pantoja, de tratar de desprestigiar al PP mediante la firma de un manifiesto en contra de las propuestas que el mismo realiza en su programa electoral.
Seguramente porque estamos a escasamente a dos días de las votaciones y a uno del día de reflexión, algunos miembros del estamento judicial, que por su actividad profesional lo último que deberían tener es protagonismo, han pensado que es el momento adecuado para intentar que algunas personas que no estén suficientemente enfadadas con las propuestas y políticas del PP, se pasen a ese bando mediante la lectura del manifiesto que vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero también fiscales, secretarios judiciales y jueces han firmado denunciando, según ellos, que el PP también tiene una visión catastrofista en este tema e intenta que creamos que asimila delincuencia e inmigración o que, por ejemplo, los pre-adolescentes entre 12 y 14 años son un grave problema para la sociedad.
Lo mínimo que le podíamos exigir a aquellos que trabajan en el difícil campo de la Justicia es que sean coherentes y, desde luego, llama mucho la atención que los citados Comas y Pantoja hicieran gala de su coherencia al salirse de la Sala para evitar que hubiera quórum cuando se tenía que tomar una decisión respecto a la Ley de Banderas en el País Vasco, justificando su decisión porque no querían entrometerse en cuestiones políticas durante la campaña electoral y ahora no sólo no se ausentan sino que, además, promueven un manifiesto en contra del PP. A lo mejor eso no lo consideran una intromisión en la campaña, sino un acto de coherencia, pues debe estar a favor de sus opciones políticas.
Ya que estamos metidos en harina del tema judicial, una última incoherencia que también llama mucho la atención es que cuando en Asturias, también dentro de la campaña electoral, un tribunal dio la razón al Gobierno en el tema de la Educación para la Ciudadanía, nadie, absolutamente nadie, hizo ninguna reflexión respecto a que esa decisión se podía haber aplazado unos días para que nadie pudiera interpretarla como una intromisión en la campaña electoral y ahora resulta que cuando en Andalucía el tribunal dicta una sentencia contraria a la posición del Gobierno, sale el señor Chaves, referente importante dentro del PSOE y presidente de la Junta de Andalucía, diciendo que él no, pero que quizás el resto de los ciudadanos (ya me explicará el señor Chaves que diferencia hay entre él y los demás a la hora de analizar los hechos y sacar conclusiones) pueden interpretar esa decisión como un ataque al partido en el Gobierno, es decir, al PSOE. Para ponerle la guinda al pastel, es curioso que algún medio de comunicación intente sembrar dudas respecto a la profesionalidad del ponente que ha defendido esa sentencia.
Si (
No(
