Las palabras de Camps no tienen eco en Cataluña

Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana y hombre de la situación en el nuevo PP de Mariano Rajoy ha puesto el grito en el cielo justo antes del anuncio del acuerdo.  Camps dijo el lunes que no permitirá que el Gobierno “humille” a la comunidad que preside, autorizando el trasvase de agua del Ebro hasta Barcelona. En este sentido avisó que su gobierno ha puesto en marcha las iniciativas “que hagan falta” y no descartó manifestaciones a “la escala que corresponda”.

Sin citar en ningún momento a Cataluña, Camps indicó, en el marco de las jornadas interparlamentarias el PP de la Comunidad Valenciana :“no admitiré la humillación que significaría que lo que no se nos permite a nosotros se permita a otros territorios de España”.

Contra lo que se pueda pensar las palabras de Camps no han tenido casi ningún eco en Cataluña. El debate en este territorio es otro. Por una parte está la necesidad acuciante de tener agua durante lo más extremo del estío. Se ha de tener en cuenta que el territorio catalán es la primera autonomía en atracción de turismo y los visitantes no están acostumbrados a ahorrar agua.

El segundo elemento es la contradicción interna entre los partidos que hicieron del no al trasvase del Ebro una bandera electoral y la nueva situación. Además, contra el envío de agua del Ebro a Barcelona se posiciona un conjunto de plataformas con gran capacidad de movilización en el sur de Tarragona.

El PP catalán ha arremetido contra la operación por considerar que supone aceptar lo que se negó en otros tiempos, pero sin entrar en el agravio comparativo con otros territorios. Igualmente CiU, que se puede decir que perdió unos votos decisivos en el Delta del Ebro por su apoyo al trasvase, aprovecha ahora para restregar a socialistas, ICV y ERC, que firmaron manifiestos con las plataformas antitrasvases y ahora se los pasan por el arco de triunfo.

Los contrarios al trasvase consideran que la Generalitat y el Gobierno español han aprovechado “la histeria hídrica” de los ciudadanos de Barcelona para forzar la creación de una nueva infraestructura que puede amenazar la continuidad del Delta por la salinización que implicará un descenso importante del caudal del Ebro en su parte final.

Todo lo anterior explica la obsesión de los gobernantes de Barcelona y Madrid en no llamar a la operación decidida trasvase. Un trasvase tiene una complicada tramitación que daría posibilidad a los mandatarios de la Comunidad Valenciana y también a los afectados para personarse en un proceso judicial que podría atrasar la solución mucho más de lo esperado. Y lo que quita el sueño a Montilla y menos a la nueva ministra Elena Espinosa es ver a Barcelona con restricciones de agua potable.

Los políticos que hicieron bandera de “la nueva cultura del agua” : PSC, ICV y ERC han visto como una sequía de varios años tumbaba buena parte de sus teorías. La solución propuesta, además del giro semántico de no llamar trasvase al transporte de agua desde la desembocadura del río hasta Barcelona, supone además abrir la puerta a la compra de agua, dentro del mismo territorio de los regantes. Seria lo que los estudiosos han llamado crear un banco de agua.