La empresa de seguridad Prosegur, cuyos trabajadores aparecen en tres de los cuatro vídeos con agresiones a usuarios del metro de Madrid difundidos por el diario El País, aseguraba el miércoles que habían despedido a seis trabajadores implicados en las distintas grabaciones. Sin embargo, comunicó este jueves al empleado su despido, según confirmó una portavoz de la empresa al rotativo El País. Ésta no especificó si el vigilante trabajaba en los servicios de Metro o en otras instalaciones, pero lo cierto es que seguía siendo empleado suyo. A pesar de que Metro, adonde llegaron las imágenes de forma anónima en octubre, se las remitió para que depurara responsabilidades "laboral y judicialmente".
Según informa este viernes el diario El País, un portavoz de Metro aseguró este jueves que Prosegur les había comunicado "oficialmente" que el vigilante ya no seguía trabajando para ellos, tal como aseguró el miércoles al diaro El País. Ante la pregunta de si existen nuevos vídeos de los que Metro tenga conocimiento, la respuesta oficial fue: "Todo el material conocido por Metro se ha enviado a la policía".
No aclaran si existen más vídeos, pero tampoco hicieron mucho con los que ya conocían -los dos primeros desde agosto, los dos últimos, oficialmente desde octubre- hasta que fueron difundidos públicamente. Ni despido, ni denuncias durante meses. La primera visita a un juzgado relacionada con estos hechos -cuatro vídeos a los que ha tenido acceso el diario El País en los que aparecen vigilantes de seguridad del metro agrediendo a usuarios- se produjo el miércoles por la noche, según la portavoz de Prosegur, que aseguró que la empresa denunció en el juzgado las agresiones, pero se negó a facilitar la denuncia a ese periódico.
Inhabilitación de los supuestos agresores
Esa falta de premura puede traer problemas a las dos empresas, tanto a Metro como a la concesionaria de una porción de su servicio de seguridad. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía explicaron que pedirán explicaciones a ambas por no haberles comunicado las posibles agresiones cuando les llegaron las grabaciones.
La Jefatura ha abierto además diligencias penales y ha identificado a uno de los agresores. También han iniciado los expedientes que pueden terminar con la inhabilitación de los supuestos agresores como vigilantes. Porque, de momento, cualquiera de ellos puede seguir desempeñando sus funciones sin que exista ningún impedimento. Para trabajar de vigilante se necesita la llamada tarjeta de identidad profesional, un permiso que expide el Ministerio del Interior. Y para que Interior lo retire se necesita "condena firme por un delito doloso cometido en el ejercicio de sus funciones", según la Ley de Seguridad Privada. Mientras continúa el proceso, la Jefatura estudia pedir a la Delegación del Gobierno la retirada cautelar de sus placas.
CC OO advirtió este jueves de que los vigilantes que cometieron supuestamente las agresiones "pueden estar trabajando para otras empresas de seguridad". Su portavoz en el sector de Seguridad Privada, Javier Torrejón, manifestó su indignación por las agresiones y señaló que, mientras no se les retire la tarjeta de identificación profesional, seguirán trabajando como vigilantes para otras empresas.
También llegan tarde las explicaciones de los responsables públicos. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, admitió este jueves que Metro debería haber presentado una denuncia en los juzgados cuando conoció los vídeos. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, se limitó a condenar los hechos y a pedir "una investigación judicial si esas agresiones vulneran derechos fundamentales". Los implicados en los vídeos que han sido identificados y despedidos -seis, según Prosegur; Metro no ofrece cifras- siguen habilitados para ser vigilantes.
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