Madrid recurrirá la sentencia por "tráfico ilegal" de trabajadores

Según informa este jueves el diario 'El País', en 2005, el Ayuntamiento otorgó la gestión de las señales de tráfico de la ciudad a la unión de empresas temporales Madrid Viario. Algunos de los empleados de esa firma fueron trasladados a las dependencias de la Concejalía de Movilidad, en la calle de Albarracín. Les dieron tarjetas, ordenadores, horarios e instrucciones idénticas a las de los funcionarios. En realidad, de facto, como señala la sentencia, se convirtieron en funcionarios.

"La demandante, en la sección de Ocupación de la Vía Pública, desarrolló funciones administrativas propias del Ayuntamiento, bajo la dirección de los superiores municipales, utilizando exclusivamente los medios materiales e informáticos proporcionados por el Ayuntamiento", señala la sentencia. Concretamente, atendía a ciudadanos en una ventanilla que concedía permisos de estacionamiento y licencias de circulación para vehículos pesados. Firmaba expedientes y ponía sellos oficiales del Ayuntamiento.

Pero algunos de esos trabajadores, entre los que está Gema Molina (que ha ganado el juicio, sobre el que cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid), fueron despedidos. Molina demandó a Madrid Viario y al Ayuntamiento. "La causa es precisamente haber sido sometida a un tráfico ilegal de trabajadores, cuya acreditación dejaría sin contenido el despido, decidido por Madrid Viario, ya que la demandante podría optar por mantener su relación laboral con el Ayuntamiento", señala la sentencia.

"Es escandaloso que condenen a la Administración, que es quien debe dar ejemplo de política laboral. Pero no nos extraña. Hay más casos y derivan de una política de externalización de servicios y de duplicar funciones que pueden hacer los funcionarios y que se contratan en condiciones precarias", denunció este miércoles el portavoz de IU, Ángel Pérez.

Lo que hizo Madrid Viario, según la sentencia, fue "ceder ilegalmente" a trabajadores al Consistorio. "La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal autorizadas", recuerda el juez. Además, apunta: "Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tienen derecho a adquirir la condición de fijo, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria". Molina cobraba 1.200 euros al mes. Un sueldo inferior al de un funcionario del mismo rango (22.000 euros anuales) y sin los derechos de un trabajador público. Además, el Ayuntamiento otorgaba una responsabilidad que se obtiene por mérito, capacidad y un concurso público.

El Ayuntamiento anunció este jueves que recurrirá la decisión judicial. El vicealcalde, Manuel Cobo, calificó la sentencia de "aparatosa" por hablar de "tráfico ilegal de trabajadores". "Todas las Administraciones públicas contratan a empresas privadas para que presten servicios a los ciudadanos. Si un tribunal considera que ese servicio se presta en las mismas condiciones que un funcionario, habrá que analizar el caso concreto, pero nosotros creemos que esto no es más que la prestación de un servicio por parte de una empresa privada", argumentó.