El ex alcalde de Galapagar dice no haber actuado contra nadie

La Fiscalía acusa a Cabrera de un delito de prevaricación y de otros dos de infidelidad en la custodia de documentos públicos y pide para él cuatro años de prisión y otros diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público.

También se han sentado en el banquillo de los acusados Victoriano Martínez, José Ponce y María del Carmen García, teniente de alcalde y concejales, respectivamente, del Ayuntamiento de Galapagar entre 1999 y 2003 y para quienes el fiscal pide ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, durante la legislatura de 1999-2003, Miguel Yaben fue jefe de negociado y pidió una excedencia para ocupar la plaza de letrado consistorial interino, que compatibilizaba con la labor de abogado en su propio despacho.

Yaben ha explicado al tribunal que fue el alcalde de la legislatura anterior quien le autorizó a compatibilizar su cargo público con su actividad privada mediante un decreto dictado el 17 de diciembre de 1996. Manuel Cabrera, quien según relata el escrito fiscal, "tenía enemistad con Miguel Yaben", dictó otro decreto el 18 de junio de 2001 por el que acordaba la incoación de un expediente para la revisión y suspensión del anterior.

Cabrera ha señalado que tal iniciativa partió de la secretaria general del Ayuntamiento, quien le advirtió que el decreto de 1996 "incumplía la Ley de Compatibilidades" y ha añadido que, asesorado por un gabinete jurídico externo, emprendió el proceso a pesar de encontrarse en causa legal de abstención por estar imputado en otras causas.

Así, Cabrera supuestamente dictó el decreto al tiempo que elevaba este asunto al Consejo de Estado, que en 2002 resolvió que no procedía ni la revisión del oficio ni la anulación del primer decreto, aunque el ex alcalde no llevó esta resolución al pleno de la Corporación.

Ya cesado en el ejercicio de la abogacía, Yaben presentó dos escritos, que presuntamente nunca fueron tramitados, y en los que solicitaba la caducidad del expediente y que se retirase la medida cautelar que pesaba sobre él, según expone el escrito fiscal.

En junio de 2002, el ex alcalde convocó a la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Galapagar, entre los que figuraban los co-acusados, para abrir un expediente disciplinario a Yaben por incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades.

Victoriano Martínez ha reconocido durante la vista ser el autor de esta iniciativa, pues según ha manifestado, Yaben "estaba cobrando de más y tenía ingresos particulares".

Según las conclusiones del Ministerio Público, "dada la enemistad existente entre los acusados y Miguel Yaben", éste último presentó un escrito de recusación que presuntamente fue ocultado por el ex alcalde Cabrera, quien previamente dio orden de que todos los escritos le fueran presentados a él directamente sin pasar por la Secretaría.

Por su parte, Yaben ha manifestado que desde que entró el nuevo grupo de Gobierno en 1999, él vivió "una situación muy angustiosa", mientras que los acusados han comentado que Yaben se dedicó a interponer demandas y querellas contra ellos para que tuvieran que abstenerse de resolver las cuestiones relacionadas con él.