México no puede solo

Con una crónica diaria de muerte, corrupción y violencia, continúa en México la gran cruzada emprendida por el gobierno conservador del presidente Felipe Calderón contra las redes de narcotráfico. La lucha abierta contra el tráfico de drogas es una decisión valiente y extraordinamente arriesgada, adoptada por el presidente Calderón desde el mismo momento en que tomó posesión de su cargo en diciembre de 2006. El empeño es meritorio, pero no está claro si se han calculado correctamente los riesgos que se corren y los recursos con los que cuenta el país para un combate de esta naturaleza.

La lucha abierta desplegada por el Estado se ha cobrado ya más de cuatro mil muertos, de ellos unos quinientos miembros de los cuerpos de seguridad. La Policía está siendo sometida a una presión sin precedentes y el Ejército se ha involucrado en el combate como principal agente. Aún así, los recursos de investigación y represión policial desplegados son insuficientes para combatir el enorme potencial paramilitar de las redes internacionales de narcotráfico que operan en la zona. La Policía Federal Mexicana, con un considerable grado de corrupción interna y una más que probable penetración de los narcos en sus filas, tiene pocos efectivos dispuestos para actuar con eficacia frente a los capos de la droga. El resto de cuerpos policiales simplemente carecen de la preparación y equipo adecuado para cumplir esta misión.

El recurso al Ejército Mexicano, con las mismas carencias que la Policía pero menos sospechas de corrupción y más prestigio social, plantea inquietantes cuestiones sobre la oportunidad de su utilización. El reciclaje forzado de la tropa militar en fuerza policial es siempre problemático. El concepto de empleo de la fuerza militar está alejado de misiones en las que las principales bazas son la investigación en medios marginales y el trato con la población civil, entre la que se refugian y camuflan los delincuentes. El gran poder otorgado a los jefes militares puede conducir a abusos de los soldados y a corrupción de los mandos, dado el difícil control y supervisión de su labor en estas misiones. El gobierno haría bien en investigar las denuncias de vulneración de los derechos humanos que ya se han formulado, antes de que la situación esté fuera de control.

Para acometer con posibilidades de éxito el reto de la lucha contra el narcotráfico, además de la transformación de las Fuerzas de Seguridad, la Administración Pública tiene que responder también mostrando su capacidad para conducir complejos procesos judiciales y gestionar un sistema penitenciario adecuado con las garantías de un Estado de Derecho. Los medios personales y materiales, la capacidad técnica y el asesoramiento que requiere la gran campaña anti-traficantes pueden sobrepasar las posibilidades de un país como México, aún considerando su gran potencial, en el que tantas necesidades sociales continúan sin cubrir.   

El esfuerzo del gobierno mexicano contrasta con la pasividad de Washington. La administración Bush ha elogiado la iniciativa del presidente Calderón, pero se ha mostrado poco inclinado a prestar medios económicos. La ayuda aprobada por el Congreso y el Senado se sitúa en torno a los 600 millones de dólares, cantidad muy inferior a los enormes beneficios que los narcotraficantes obtienen en el mercado estadounidense, donde también adquieren sus armas y medios de transporte. La menor implicación de Estados Unidos, a diferencia de los programas desarrollados en otros países latinoamericanos, se corresponde con su falta de protagonismo en el desarrollo del combate que se libra al sur del Río Grande.

La lucha emprendida por el gobierno de México puede desbordar su capacidad si no recibe decidida ayuda internacional, especialmente de Estados Unidos. México no puede solo y lo peor es que, una vez iniciado el combate, no se puede permitir una derrota que tendría graves consecuencias. La Policía quedaría desestabilizada durante décadas y el Ejército se habría jugado parte de su gran prestigio social en esta guerra irregular, mientras que las organizaciones de narcotraficantes saldrían reforzadas de la lucha al conseguir corromper a sectores más amplios de la administración pública y la sociedad civil mexicana.