El centro de especialidades de Pontones, sito en la ronda de Segovia y que atiende a una población de casi 300.000 pacientes, pasó a estar en abril gestionado de forma compartida entre la Consejería de Sanidad y la empresa Capio.
A raíz de la decisión, la empresa Capio, multinacional propiedad de un fondo de capital riesgo que gestiona también la Fundación Jiménez Díaz y el hospital de Valdemoro, aportó seis ginecólogos, otorrinos y cardiológos para atender a 200.000 habitantes de los barrios de Universidad, Cortes, Palacio, Embajadores, Imperial, Acacias y Palos de Moguer. Asimismo Capio contrató al personal administrativo necesario para gestionar las agendas de citas de los facultativos.
Por su parte, los médicos de la Consejería de Sanidad siguieron haciéndose cargo de los pacientes de esta zona que hasta ese momento atendían, a los que se sumarán 80.000 nuevos ciudadanos del centro de especialidades Aguacate, situado en Carabanchel.
Según se supo, el acuerdo entre la Consejería de Sanidad y Capio se remontaba a 2006 cuando el entonces consejero, Manuel Lamela, acordó ceder la gestión del centro de Pontones, y también el de Quintana en Argüelles.
Rechazo de trabajadores y pacientes
El paso a la gestión privada provocó el rechazo tanto de trabajadores, como de asociaciones de pacientes. Los trabajadores del laboratorio del Centro de Especialidades fueron reubicados a partir del 19 de mayo en diferentes centros de la región, sin opción a elegir según denunciaron muchos de ellos.
El delegado de UGT, José Povedano, alertó que "con la presencia de sus médicos, la empresa podrá derivar y facturar a Sanidad miles de pruebas diagnósticas que hasta ahora se hacían en Pontones con medios públicos hacia sus instalaciones de la Fundación Jiménez Díaz".
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), por su parte, calificó de "privatización encubierta" la medida y apoyó las movilizaciones de los trabajadores para "el mantenimiento de Pontones como un centro sanitario exclusivamente público".
Para denunciar la privatización de Pontones, unos 200 trabajadores y usuarios del ambulatorio de Pontones presentaron más de 30.000 firmas en el registro de la Consejería de Sanidad.
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