Un himno de más

La manifestación madrileña del sábado, formalmente convocada por el Foro de Ermua y entusiásticamente jaleada por el Partido Popular y su hijuela la Asociación de Víctimas del Terrorismo, acabó siendo más una protesta contra la política antiterrorista del Gobierno que un rechazo de la banda terrorista ETA. Como sucede en toda democracia, la concentración produjo reacciones favorables y contrarias.

Era previsible que así fuera. Como previsible es la legitimidad de ambas posturas. Naturalmente, al Gobierno se le puede (se le debe) criticar sin que por ello tiemblen los cimientos del estado de Derecho. Como también se puede (se debe, en ocasiones) cuestionar críticamente la puesta en escena de los convocantes y las acres y torpes opiniones vertidas contra el actual Gobierno y su presidente. Entra dentro, insiste el columnista, dentro de la más absoluta normalidad democrática. Normalidad, por otra parte, notable y ciertamente ruidosa.

Lo que parece una auténtica chorrada es que los legítimos detractores de la aparatosa deriva antigubernamental de la manifestación del sábado, en un ejercicio saduceo, se agarren al ardiente clavo de la supuesta ilegalidad de la difusión, al final del acto, del himno nacional, retorciendo la letra y el supuesto espíritu de la orden de Presidencia del Gobierno, que en 1997, con José María Aznar López en La Moncloa,  regulaba los supuestos protocolarios en los que debía interpretarse el himno nacional. A ningún francés, en similares circunstancias, se le ocurriría cuestionar la interpretación pública de “La Marsellesa” al término de una manifestación a favor o en contra de lo que fuera. Porque el himno en cuestión forma parte del patrimonio público de la república vecina.

La antigua “Marcha Granadera” (obsequio de Federico el Grande de Prusia al Rey de España, allá por la primera mitad del siglo XVIII), acabó siendo elevada a la categoría de “Marcha Real” , para, al correr de los años y salvo los paréntesis de la I y II República Española,  tanto en dictadura como en democracia, acabar siendo el himno nacional de España. Y, por ello, del dominio público. Máxime cuando éste himno carece de letra oficial (un insólito detalle no exento, afortunadamente, de ambigüedad práctica).

Los contrarios al desarrollo de la manifestación madrileña del sábado tienen muchísimos más argumentos de autoridad que la difusión pública de los compases del himno nacional para poner a caldo al Foro de Ermua y sus entusiastas palmeros que recurrir a la incierta casuística administrativa sobre el uso del himno nacional. La voluntad del legislador no era más que la de regular en qué circunstancias era (es) preceptivo la forzosa interpretación del himno español. Y no excluía ninguna más. La dejaba al libre albedrío personal o colectivo, como no puede ser menos tratándose de una partitura de dominio público, el utilizarlo. Lo mismo sea en el ámbito privado (silbarlo en la ducha, por ejemplo) que en el colectivo, sin más límites que los del sentido común y un cierto decoro formal. Esperemos que el Gobierno, en un necesario ejercicio de sensatez, no entre al capote de quienes este fin de semana se declaran sus (des)interesados amigos. Existe otra forma de manifestar el disgusto por los insultos, muchos de ellos no sólo soeces, también cavernarios, proferidos contra José Luis Rodríguez Zapatero. No hace falta, por tanto, recurrir a sutilezas de leguleyos, por un himno de más o de menos. Sería una chorrada, además de un error.