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La crisis de autoridad

La crisis de autoridad

Cuando algunas instituciones quisieron nombrar prefecto de Sucre luego de la renuncia de la autoridad interina, el presidente  se aferro a la Constitución Política del Estado y no dio un paso fuera de lo normado por ella: elecciones y el "soberano"  decide;  así fue y  Sucre eligió a su prefecta. Seguramente en el caso del prefecto de La Paz ya no valen los argumentos  presidenciales y la CPE –esta vez- está de juerga.  Este proceder se ha hecho norma. Cuando al gobierno le conviene las Leyes son  inflexibles. Inflexible fue el vicepresidente cuando contestaba a los periodistas que "la ley se cumple" refiriéndose a la Ley de Convocatoria al Referéndum Revocatorio que como sabemos, establecía unos curiosos porcentajes que terminaban beneficiando al Presiente y Vicepresidente, ahora,  como el prefecto de Oruro no llega a ese porcentaje resulta que el gobierno se olvidó de sus amenazas y prefiere que sea nomas como  siempre; el 50% más uno. Adiós el imperio de la Ley. Si se contabilizara la cantidad de veces que el Poder Ejecutivo torció las normas a su favor, incluido el vergonzoso procedimiento desplegado a  efectos de redactar la CPE del MAS (que finalmente termino de elaborarse en una oscura oficina gubernamental entre gallos y media noche) no debería sorprender a nadie que exaltados autonomistas arremetieran contra la policía cruceña la semana pasada.

En el imaginario colectivo estos eventos dejan su propia huella. La instrumentación de la justicia y este permanente manejo mañoso e interesado de las normas se muestra como un abuso de poder al extremo de que más de un sector le ha  hecho notar al presidente Morales que Bolivia no es "su juguete". Más allá de esto, sin embargo, el efecto estructural de semejante accionar termina socavando todas las formas de legitimidad y destruye el principio de autoridad.  En efecto, ante la airada reacción gubernamental en respuesta a la golpiza que exaltados autonomistas cruceños emprendieron contra la policía, una buena parte de los ciudadanos se pregunta por que el gobierno no reaccionó con la misma vehemencia  cuando -muertos de por medio- la policía cooperó con los presos del penal de Sucre mientras se fugan  en sus narices. Se suma a esto las curiosas y hasta jocosas explicaciones que suelen dar sus viceministros.

La autoridad no se sitúa en las abscisas del interés y la obediencia servil, se localiza en las abscisas del bien y del mal, en el horizonte de la norma y la Ley, en el imperio de Lo Justo.  No sirve de mucho que el presidente instruyera "dar con los autores"  de los desmanes del  15 de agosto  porque los autores en realidad no son los ciudadanos que llevados por sus propias iras agreden y destruyen, la autoría final hay que encontrarla en esa estructura institucionalizada de dependencias y subordinaciones espurias mediante las cuales la Ley sirve cuando así lo deciden los poderosos. El principio de autoridad se recuperará en Bolivia cuando la justicia, la Ley y las normas sean respetadas en primer lugar por los mandatarios, y cuando estas dejen de ser el botín del ganador, solo entonces gobernantes y gobernados podrán asumir como evidente que hay preceptos de cumplimiento universal, entre tanto, nadie tendrá el aval moral para exigir nada.

 

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