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Decretolandia

martes 05 de marzo de 2019, 10:49h

Disueltas las Cortes Generales la vida política se ha transformado en un escenario preelectoral dentro del que el Gobierno conserva poderes limitados por la imposibilidad en que se encuentra de compulsar su gestión con el Poder Legislativo. Este ha sido sustituido por la Diputación Permanente que solo es un órgano suplente del Congreso para cuestiones urgentes o inaplazables. Una representación esquematizada que, por la eventualidad de sus funciones, asume competencias en caso de necesidad no como un miniparlamento con todas sus capacidades de debate y confrontación sino como un órgano en funciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez dice,en palabras de su vicepresidenta Carmen Calvo, que como tal Gobierno no está en funciones “porque eso se produce después de celebrar Elecciones” alegando la Ley de Gobierno aprobada en tiempos de José María Aznar en 1997 que establece que un Ejecutivo “cesa tras la celebración de Elecciones Generales”, momento en que entra “en funciones”. Tal cosa es cierta. Faltaría más. Una vez elegido un nuevo Congreso competente para elegir un nuevo presidente para formar un nuevo Gobierno el antiguo Gobierno es un órgano residual de enlace cuya única misión es mantener la continuidad administrativa y preparar la transmisión de sus facultades al nuevo Ejecutivo. Pero esta estricta definición no implica que el Gobierno que ha procedido a disolver las Cámaras y convocar Elecciones Generales pueda considerarse en plenitud de sus competencias desde el momento en que carece del órgano legislativo plenamente operativo que es la clave del sistema democrático. Tenemos, o deberíamos tener, un Gobierno limitado o, si se quiere afinar, autolimitado por decencia democrática. Lanzar una serie de decretos sin saber si su coste económico está previsto que pueda compensarse por la vía de la fiscalidad es practicar una demagogia engañosa de descarada propaganda electoral que podría entenderse si se tratase de propuestas programáticas de un partido para su futura gestión pero que son una indecencia como actividad oficial de un órgano de Gobierno.

Es cierto que no estamos ante un Gobierno en funciones en sentido estricto pero tampoco es un Gobierno en funciones de teatro que dispone del gasto público cuando no ha sido capaz de aprobar democráticamente unos Presupuestos con la correspondiente previsión de ingresos. Por eso es falso decir, como dicen, que también Rajoy aprobaba decretos en campaña. Rajoy lo hacía con unos Presupuestos Generales aprobados para el siguiente ejercicio y con el respaldo de una mayoría parlamentaria representada proporcionalmente en la Diputación Permanente. No es el caso de los Decretos en serie de presunto gasto social sin previsión económica que son como un trampantojo de prestidigitación política para engañar a un público infantil. Estos Decretos Ley con la legislatura parlamentariamente cerrada deberá pagarlos un futuro Gobierno sin haber sido sometidos a debate parlamentario ni cumplido los requisitos de “interés general y urgencia” que justifican su promulgación. Son el último fraude de una etapa presidencial corta y tramposa. El portavoz del Comité Electoral del PSOE ha dicho que aprobar estos Decretos es legítimo “si eso sirve para beneficiar a la ciudadanía”. Pero lo cierto es que estos Decretos disparados apresuradamente en jornadas preelectorales no son para “beneficiar a la ciudadanía” sino para comprar votos.

Por otra parte la Diputación Permanente del Congreso es un órgano donde el actual Gobierno no tiene garantizados los apoyos que podría solicitar en forma puntual para medidas de sentido común y no para propuestas de talante ideológico partidista como las que planea este Gobierno en semanas preelectorales. No es correcto que el Gobierno sin sombra de mayoría parlamentaria para aprobar sus Presupuestos, causa que provocó la disolución de las Cámaras, pueda pensar ahora que está tácitamente legitimado por un imponderable efecto extraparlamentario y actuar como si estuviese “en plenas funciones de trabajo”. En estos días quienes están en plenas funciones de trabajo son los Comités Electorales de los partidos políticos y no un equipo de Gobierno encastillado en la Moncloa.

Hacer campaña partidista desde la estructura de Gobierno de que se dispone por inercia, ya que es evidente su falta de apoyo minoritario por su imposibilidad de presupuestar, es socavar los principios y garantías del sistema. La batería de Decretos con la que el Gobierno trata de aparentar que quiere hacer lo que no ha sido capaz de hacer en sus días de gloria es un fraude. No vale demostrar que se puede disponer del dinero público con medidas no convalidadas por el debate y votaciones que exige la normalidad democrática. Esta vía no puede plantearse sin justificar la “extraordinaria y urgente necesidad” de las medidas que propone un Decreto Ley. No estando explicitas y demostradas estas circunstancias de urgente necesidad estas normas podrían ser declaradas inconstitucionales y, consecuentemente, anulables en la próxima legislatura y, entre tanto, pueden acarrear impactos económicos indeseables por su aplicación en precarias condiciones de estabilidad política. Solo la absoluta decisión autocrática de aquel a quien le escribieron su “Manual de Resistencia” puede aplicar a toda costa y cueste lo que cueste, como cantaba el himno carlista, esa siniestra obcecación de convertir el Reino de España en la República de Decretolandia.

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