El Gobierno, al que se le han derrumbado las previsiones económicas, que se ve atacado por todos los frentes y que afronta una bajada importante en su popularidad, se propone emprender una auténtica
ofensiva política. La iniciará el próximo martes, 21 de julio, en un baño de multitudes en la Casa de Campo de Madrid, para ‘conmemorar’ los cien días del Gobierno socialista. Pero a nadie se le oculta que ese acto, a apenas unas horas de su cita monclovita con
Mariano Rajoy, significa un tour de force para arrancarle al líder de la oposición compromisos concretos. O, al menos, la ‘foto’ de que Gobierno y oposición están unidos para sacar adelante a España de los graves problemas por los que atraviesa.
La agenda será ‘abierta’, según ha reconocido la vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del Consejo de Ministros, en una rueda de prensa en la que por primera vez ha hecho concesiones al reconocimiento de la gravedad de la crisis:
“Reconocemos la situación en toda su dimensión, la afrontamos con decisión, pero en vez de sucumbir al desánimo, queremos expresar confianza”, dijo la vicepresidenta del Gobierno.
Hablaran "de todo"
Zapatero y Rajoy hablarán ‘de todo’: desde la lucha contra el terrorismo -en la que ahora parece mayor la posibilidad de acercar posiciones- hasta, desde luego, el pacto por la Justicia. Zapatero quiere salir de esa reunión con un desbloqueo político para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de cinco magistrado del Tribunal Constitucional, pero ¿estará igual de receptivo para el
pacto global por la Justicia que le va a exigir Rajoy?
De momento, el Consejo de Ministros ha conocido este viernes un informe del ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo, donde se aborda esa reforma para
“agilizar y modernizar nuestro servicio público de Justicia”. Es el informe, seguramente, que Zapatero le sacará a Rajoy en su entrevista del día 23. “
El presidente Gobierno plantea esta entrevista con voluntad diálogo y lealtad política e institucional”, según De la Vega, con una agenda abierta, aunque con temas prioritarios: la renovación de los órganos justicia, la lucha contra el terrorismo o la financiación autonómica…
Esa entrevista la afronta el Gobierno con un moderado optimismo, proveniente, acaso, de la necesidad de seguir demostrando que este presidente aún tiene ‘talante’
: “Sería bueno”, dijo De la Vega,
“que hubiera acuerdo para el bien del país y de los ciudadanos”. “Deseamos que el líder del PP pase de la palabra a los hechos” y vaya a Moncloa con voluntad de acuerdos, finalizó.
Dado que este domingo se cumplen efectivamente los cien días del nuevo Gobierno, De la Vega ha aprovechado para hacer un balance un tanto triunfal: ha dicho que
“hemos hecho frente a la situación con un plan de estímulo económico”, que
“hemos seguido extendiendo derechos sociales, avanzando en la construcción de un país diverso”, que se ha avanzado
“en la idea de un país eficiente”, que ha habido comparecencias en el Parlamento, medidas de protección a los consumidores y en seguridad ciudadana, eliminación de bombas racimo…
“Hemos trabajado intensamente, con confianza” para que “España sea un país más prospero, que extiende derechos, pacífico y solidario”.
Como concesión, acaso, a lo que le viene demandando el PP -esto es, un reconocimiento expreso de que estamos en crisis- De la Vega dijo que
“comprendo que ahora haya una situación de inquietud” y
“el Gobierno entiende la preocupación de los ciudadanos”, pero
“que sepan que nadie va a queda abandonado a su suerte”.
Es más, hasta los malos augurios mostrados el jueves por el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a España tienen algo positivo para el Gobierno Zapatero:
“Los pronósticos, en general, no son buenos”, ha reconocido De la Vega, pero
“estamos en condiciones de plantar cara a los problemas”, ya que, según ella, el FMI está descartando que entremos en recesión
. “Saldremos de esta situación”, finalizó.
Por otro lado, hasta la refriega que el presidente de la Generalitat de Cataluña,
José Montilla, ha iniciado por la financiación autonómica se queda en eso, en refriega: el Gobierno quiere y busca
“equilibrio entre los intereses de todos los españoles” y que cree que habrá acuerdos antes de finales de agosto.