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Revuelta en el mundo digital ante la 'Economía Sostenible'

El 'Internet Power' se rebela contra el Ejecutivo de Zapatero

El 'Internet Power' se rebela contra el Ejecutivo de Zapatero

> La creación de una comisión que pueda cerrar páginas webs sin permiso del juez es el punto más caliente
> Hay quien compara este caso como el consumo de drogas: se persigue al que trafica, pero no al consumidor

jueves 03 de diciembre de 2009, 08:15h
Una rebelión sin precedentes. Algo así como el 'internetazo'. Cientos y cientos de bloggers, webmaster y profesionales del mundo de Internet andan revueltos con la nueva Ley de economía sostenible del Gobierno de Zapatero, que en uno de sus puntos más polémicos, se refiere al mundo de Internet. Aunque ahora ministros como Sebastián o González-Sinde insisten en que los internautas no serán los afectados por los cortes debidos a la vulneración de los derechos de autor, la creación de una comisión que pueda cerrar páginas webs sin permiso del juez ha 'calentado' el mundo de Internet.

Impresionante la respuesta de la comunidad de Internet ante esta nueva postura del Gobierno socialista, otra vez favorable a los creadores y artistas y en contra del colectivo de profesionales de la Red. Aunque en una primera ocasión se temía que se contemplase la posibilidad de que los ciudadanos sufrieran el corte de su servicio de Internet, el Gobierno se ha lanzado raudo a desmentirlo. Era el punto más polémico de la ley y que más protestas estaba generando.

La que está siendo la enemiga número uno para muchos de estos internautas y los colectivos que les agrupan es la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que ha asegurado que no se cortará Internet a los usuarios "en ningún caso", sino que actuará frente a quienes exploten los derechos de obras ajenas. En realidad, se trata de aplicar el mismo criterio que en el consumo de drogas: se persigue a quien trafica o provee, no a quien consume.

Pero su labor ya está marcada por ser la ex directora de la Academia del Cine, lo que para muchos hacen que su opinión en este campo esté más que sesgada. Y, además, de ella sale el apoyo a la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano formado por expertos independientes que pertenecerá a su Ministerio, y que investigará los casos de explotación ilícita de obras culturales. Hay muchas voces que hemos podido escuchar en este colectivo de Internet que equipara dicha comisión con el Tribunal de la Santa Inquisición.



Internet, revuelta

También hemos recogido opiniones de expertos, que tienen claro que difícilmente esta medida podría conseguir el apoyo parlamentario necesario para su tramitación, por lo que puede que se quede en agua de borrajas. O de borrador, como es esta ley actualmente. O para ser correctos: anteproyecto de ley.

Es así como ha comenzado a circular como la espuma un duro manifiesto que pocos blogs o páginas especializadas han dejado de publicar y que a continuación les ofrecemos. También multitud de gráficos y banners están siendo distribuidos en esta comunidad para concienciar al mundo de Internet acerca de esta posible amenaza a sus intereses. En la red social Facebook, el grupo llamado 'Manifiesto - En defensa de los derechos fundamentales en Internet' ya tiene más de 25.000 seguidores en apenas unas horas.


- Manifiesto íntegro:


Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.


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