El día que le estalló la ‘bomba’ a Esperanza Aguirre

Ese lunes 19 de enero, el periodista Francisco Mercado resumía en El País todos los temas que iba a desarrollar en sucesivas entregas en este periódico. Escribía que “Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, posee su propio Centro Nacional de Inteligencia o servicio de espionaje”, y señalaba que “un equipo dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña -fichado por Granados en julio pasado como asesor para temas de seguridad- y en el que se integran al menos tres ex guardias civiles, lleva a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes o dossiers sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos o Coslada, e incluso en municipios gobernados por dirigentes del PP con los que la dirección regional mantiene tensas relaciones”. La bomba empezaba a estallar y a convulsionar los cimientos del Partido Popular.

     El diario de Prisa apuntaba directamente a la cabeza de Esperanza Aguirre, recordando que Francisco Granados es de la “máxima confianza” de la presidenta regional, además de secretario general del PP madrileño. Pero añadiendo que mantiene “tensas relaciones” con uno de los políticos espiados, Ignacio González, el número dos del Gobierno regional. Granados aseguraba ese mismo día que el equipo de ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid y bajo su exclusivo control sólo tiene encomendadas tareas de "contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos". Pero el periódico recogía otras declaraciones, éstas del ex policía Marcos Peña, a sueldo en la Comunidad y uno de los presuntos implicados en la trama, en las reconocía que “su trabajo consiste, sobre todo, en realizar informes reservados cuyos resultados sólo conoce, supuestamente, el consejero Granados”.

    Se publicó entonces que Peña recibía información de 15 funcionarios, aunque el propio Peña sólo reconocía contar con tres ex guardias civiles: "Me sirven para hacer mis informes porque son mis enlaces para pedir datos en la Guardia Civil a la Unidad Central Operativa (UCO), a Asuntos Internos o a la Policía". Y añadía Peña a El País sobre sus funciones reales: "Yo le asesoro o le hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida".

Las ‘investigaciones’ de Granados, según El País

Entre esos ‘informes’ que el equipo de Marcos Peña supuestamente elaboró para Granados se citaban concretamente los siguientes:

 - El 'sheriff' de Coslada. Uno de los informes elaborados para el consejero madrileño aborda la trama corrupta de la Policía Local de Coslada, descubierta en mayo de 2008, cuyo cerebro era el jefe de ese cuerpo, el sheriff Ginés Jiménez. 

- Comisiones en Ciempozuelos. El ingreso de un millón de euros en un banco de Andorra por el ex alcalde socialista Pedro Torrejón y su antecesor, también del PSOE, Joaquín Tejeiro, destapó en 2006 el caso Ciempozuelos. Anticorrupción cree que ambos cobraron varios millones de constructoras del municipio. El dinero iba a parar a una trama de sociedades tapadera al servicio de ambos regidores, que actualmente se encuentran en libertad bajo fianza. Los empresarios que actuaron como testaferros también están imputados. 

- Sobre el ex juez decano de Ciempozuelos. El actual gerente de la Academia de Policía de Madrid y ex director general de Política Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre es, precisamente, el juez que inició en 2006 la investigación del caso Ciempozuelos. Agustín Carretero dejó el juzgado para convertirse en cargo de confianza del Gobierno regional del PP tras las elecciones de mayo de 2007. Cuando estalló el escándalo, Carretero, decano de los juzgados de Valdemoro, asumió el caso. EL PP, como acusación particular, utilizó como testigo a la ex concejal socialista María Pérez, que había investigado en secreto las corruptelas del alcalde. Pérez mantuvo conversaciones casi diarias con Carretero en fechas previas a la detención de los imputados. Según Peña a El País, en el ‘caso Ciempozuelos “los auténticos intereses que se movían allí siguen sin conocerse. Y será una bomba cuando se conozcan".

- Sobre la ‘mafia de las discotecas’. Hace unos días, Francisco Granados atribuyó la muerte a tiros de un portero de discoteca y de un relaciones públicas del mismo local a la actuación de una supuesta "mafia" de vigilantes. “Hablaba con conocimiento de causa”, escribía El País, “ya que uno de los informes elaborados para él por sus agentes versaba sobre ese mundo y la supuesta permisividad de algunos agentes de policía y autoridades locales hacia tales tramas”. El propio Peña aclaró a El País que entre sus trabajos “figuran investigaciones sobre tramas de corrupción que afectan a dirigentes socialistas o sobre escándalos en el sector de las discotecas de la capital de España. Peña aseguró que en ningún caso había hecho seguimientos personales a políticos”. 

- Sobre el incendio del coche de la mujer de Granados. Peña también dijo a El País que investigó el incendio del coche de Granados en su aparcamiento privado en Valdemoro. Los primeros indicios apuntaban que era un regalo de un constructor: “Son lo mismo. El caso Ciempozuelos y el incendio están unidos, y yo lo he descubierto”. Hay que recordar que Granados, antes de ser consejero de Aguirre, fue alcalde de Valdemoro, y negó que tal coche fuera un regalo de un constructor local, en contra de lo que apuntaban los primeros indicios. Este caso fue investigado por el juez Agustín Carretero, al igual que el caso Ciempozuelos.
 
- La cooperación de la Policía y la Guardia Civil. Según Peña, sus informes se nutren en parte de los datos que les suministran sus "enlaces" en distintas unidades de Policía y Guardia Civil, incluidas unidades de Asuntos Internos o de lucha contra el crimen organizado. “Todo ello”, escribe este día el periódico de Prisa, “al margen de cualquier protocolo oficial establecido y sin el amparo de solicitud judicial alguna. Actúan, en suma, como una agencia de detectives en la que los ex profesionales rentabilizan sus antiguos contactos profesionales, pero con dinero público y amparo del Gobierno regional”. ¿Para qué? “A Granados le venían las hostias de todas partes y tenía que saber de dónde le venían”, resume gráficamente Peña.

- Requisa del ordenador de Juan Carlos Fernández, un hombre de confianza del ex consejero Alfredo Prada, que fue director general de Seguridad en la Consejería de Interior hasta 2006, fecha en la que le sucedió Sergio Gamón, si bien Fernández conservó su cargo como director de seguridad de Justicia. Fernández habría sido expiado en junio de 2008 y, según denuncia ante el fiscal, cuando fue cesado Prada, los hombres de otro supuesto implicado, Sergio Gamón, entraron supuestamente en su despacho y le requisaron documentos y su ordenador personal. El País decía ese 19 de enero que “según altos cargos de la Comunidad, había un dossier contra el propio Granados (sobre sus supuestas relaciones con constructores, incluido el asunto del famoso coche incendiado, y su patrimonio personal)”.


Grabaciones ocultas a Ignacio González

Pero la bomba de relojería se activó con la información de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el hombre con más poder después de la presidenta Esperanza Aguirre, fue objeto de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero, y que además fue grabado con cámaras ocultas. Dos 'dossiers' –supuestamente en poder del diario de Prisa- incluían fotos y documentos privados de González. Lo peor es que para la obtención de esos documentos se precisaba de “la complicidad” de personal vinculado a la seguridad de la Comunidad de Madrid, ya que conocían al detalle la agenda personal del número dos de Aguirre.

    El primer espionaje González, según el diario de Prisa, fue en Cartagena de Indias (Colombia), en un desplazamiento oficial que el consejero madrileño realizó en agosto de 2008 como responsable del Canal de Isabel II. Dice El País: “El informe detalla que mantuvo una entrevista con el presidente colombiano Álvaro Uribe y luego desarrolla una teoría respecto a la connivencia del vicepresidente regional con una de las personas que se incorporaron a la comitiva, un constructor, J.B., que supuestamente tenía parentesco con el jefe de una trama delictiva”. González negó conocer al constructor del que habla el dossier.

    Para el segundo informe, los espías consiguieron una fotocopia de los billetes de avión de Ignacio González y su esposa en viaje privado a Johanesburgo, en vuelo de Iberia el 16 de marzo de 2008. Dice el periódico que el coste del viaje (unos 8.000 euros) se lo regaló Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa, entre otras, y contratista de la Comunidad de Madrid, como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos multimillonarios. El periódico escribía lo siguiente: “Todos los billetes de avión se pagaron en metálico. El contratista le acompañó, con su esposa, en tal viaje y pagó también en efectivo. González rechazó las acusaciones del informe: "Mi viaje me lo pagué yo en metálico porque me venía bien, y tengo factura de ello. El viaje me lo organizó un amigo que también vino. Fuimos a visitar al embajador de Suráfrica que es amigo nuestro y estaba a punto de ser relevado. El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada", explicó.

    Luego se sabría que ese “amigo” que acompañó a González era Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Comunicación de José María Aznar entre otros muchos cargos. Amigo íntimo y hombre de confianza de González, le acompañó junto al empresario Enrique Sánchez. A Martín Marín se le relacionaría luego con Segurisa, la empresa de Sánchez. Martín Marín es consejero de Avalmadrid, una entidad financiera participada, entre otras, por la Comunidad y Caja Madrid. Según publicaría el diario Público una semana más tarde, su yerno, Borja Sarasola, es viceconsejero de González y una de sus hijas, Pilar Martín, trabaja en la Fundación Canal de Isabel II. Precisamente, el gerente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, será otro de los supuestamente, como veremos en otro capítulo.



Caja Madrid, ¿dio El País en la clave? 
   


Lo curioso es que ese mismo día, en el despliegue que realizó el diario de Prisa sobre este asunto, se incluía una información titulada “Juego a todo o nada en Caja Madrid” y como subtítulos “Aguirre y Gallardón pelean por una pieza clave en la batalla para suceder a Rajoy” y “El PSOE, que teme al alcalde como rival, apoya a la presidenta para debilitarle”. ¿Estaba ofreciendo El País la clave sobre el espionaje político?

    A Miguel Blesa lo colocó José María Aznar en la Presidencia de Caja Madrid –la cuarta entidad financiera española- en 1996 y ahora está en el ojo del huracán, dado que Aguirre quiere finalizar su mandato y rebajar poder a la representación del Ayuntamiento capitalino. Escribía ese día Carlos Cué en El País: “En Caja Madrid se libran a la vez dos batallas clave para el reparto del poder político. Por un lado, la guerra por el futuro del PP entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. La primera es líder de los críticos a Mariano Rajoy y el segundo, el gran aspirante a la sucesión. Para cualquiera de los dos, en un momento de crisis y con sus arcas vacías, el control de la caja es básico como trampolín de poder. Y por otro, está la estrategia del PSOE, obligado a elegir entre Aguirre y Gallardón. Después de algunas dudas y cambios de tercio, los socialistas han optado por la presidenta”.
 

MAÑANA, SEGUNDA PARTE: Gallardón entra en escena: espiaron a Cobo, su número dos

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