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2012-05-22 12:16:59
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Las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid que investigaron los espías
A finales de enero y principios de febrero el “Espegate” era ya un clamor: dos medios de comunicación –El País y Público- machacaban reproduciendo los dossieres supuestamente elaborados por la trama corrupta policial madrileña; un juez decidía pasar de las diligencias previas a la apertura de un sumario; Aguirre aceptaba crear una comisión parlamentaria de investigación para tapar la investigación interna en Génova, y un ex policía sobre el que recaían las mayores sospechas, Sergio Gamón, ‘toreaba’ a la Asamblea de Madrid, en una de cuyas comisiones se vio obligado a comparecer, sacando a relucir el nombre de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
diariocritico.com
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Acosada por los dossieres presuntamente elaborados por presuntos ex policías corruptos, la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, había cargado contra el Ayuntamiento de Madrid –ver anteriores entregas- señalando que también Alberto Ruiz-Gallardón tenía sus ‘pata-negra’ policiales. El encargo de responder a esas veladas acusaciones –el 28 de enero- fue el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, un ‘gallardonista de pro’, sobre el que recaían todas las miradas tras la denuncia de la Unión de Policía Municipal (UPM) publicada en esa semana por el diario El Mundo: “No hay ninguna oficina parapolicial”, dijo, claro, Calvo.
Lo que sí era cierto es que el Ayuntamiento de Madrid –del que dependen, lógicamente, los policías municipales, un auténtico ‘ejército’ armado- cuenta con dos unidades municipales: la Oficina de Seguridad Corporativa y la Unidad de Vigilancia y Protección y su Sección de Apoyo, que es a lo que Aguirre se refería. Mientras esta última forma parte del organigrama de la Policía Municipal y rinde cuentas ante sus mandos, la primera, sobre la que recae directamente la denuncia de UPM, no está formada por agentes del cuerpo, sino por cuatro técnicos y tres auxiliares administrativos dirigidos por Juan Carlos Durán, como explicó Pedro Calvo a EFE.
Y esa Oficina de Seguridad Corporativa es la encargada de la coordinación de la seguridad privada que se presta en edificios municipales y de la gestión de la tarjeta corporativa del Ayuntamiento, que da acceso a las distintas sedes a responsables y funcionarios del Ayuntamiento y también, por ejemplo, a los periodistas con acreditación permanente.
A su vez, la Unidad de Vigilancia y Protección ejerce, entre otras, las funciones de contravigilancia de edificios municipales y escolta de autoridades municipales -aunque también de personas ajenas al Ayuntamiento pero amenazadas por ETA-, que la Ley obliga a desarrollar a las policías locales.
El ‘Aguirregate’, o los ‘contratos sospechosos’ de González
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Mientras Comunidad y Ayuntamiento se enzarzaban en los policías ‘pata negra’ que uno y otro pudieran poseer, el 29 de enero el diario Público entraba con misiles en la polémica de la trama corrupta. Titulaba ese día el diario de Jaume Roures: “Las cinco adjudicaciones de la Comunidad de Madrid que encendieron las alarmas en el Partido Popular”. Formaba parte de dos dossieres de 69 folios que le habían llegado a Público de no se sabía dónde, pero que fácilmente se podía imaginar de qué parte venía la entrega. No obstante lo cual, los dossieres eran espeluznantes.
“El patrimonio y las adjudicaciones realizadas por Ignacio González, el todopoderoso número dos de Esperanza Aguirre, preocupan al menos desde 2006 en la cúpula del PP. Así lo han confesado tanto en la dirección del partido como la propia presidenta madrileña, aunque esta última sostiene que en su día se comprobó que "todo era falso y calumnioso". Pero, ¿cuáles son esas adjudicaciones?”, escribía ese día en Público Manuel Rico, que extraía de los dossieres datos que, de ser ciertos, podrían resultar escalofriantes sobre las actividades de Ignacio González. A Saber:
I. Concesiones a Enrique Sánchez
Tenía que ver con el viaje que Ignacio González y su esposa realizaron en marzo de 2008 a Johannesburgo (Suráfrica) en compañía del empresario Enrique Sánchez y del ex secretario de Estado de Comunicación Pedro Antonio Martín Marín. Decía Público que el importe de los billetes fue abonado por el empresario como supuesto pago por contratos públicos recibidos. Ahí estaría –según se desprende de lo publicado por el diario de Roures- la firma de un segundo contrato entre el Canal de Isabel II –dependiente de González- y una empresa de Enrique Sánchez: “adjudicación en 2005 de un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una compañía de seguridad cuyo principal accionista es Enrique Sánchez. El Canal tenía contratadas antes de esa fecha 150.000 horas anuales de vigilancia, que pagaba a 13 euros, mientras que a Segurisa se le concedieron 953.000 horas, a un precio cercano a 20 euros”.
Y añadía el periódico de Roures: “El contrato con Segurisa no es el único. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso este diario, el Canal de Isabel II firmó un segundo contrato con otra empresa de Enrique Sánchez. Se trata de Saneamiento y Mantenimiento Integral (Saminsa), que el 12 de enero de 2005 se quedó con la limpieza de edificios del Canal, por dos años y un importe de 2,6 millones (sin incluir el IVA)”.
II. Obras en carreteras autonómicas
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Tomando como base la denuncia que Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del PP hasta 2008, trasladó a Rajoy sobre los dossieres sobre González, Público revelaba que hubo una tensa conversación entre Lapuerta y González relacionada con la adjudicación de obras en carreteras controladas por la Comunidad de Madrid.
Publicaba el diario: “Las carreteras autonómicas dependen de la Consejería de Transportes. Este departamento es, precisamente, el que otorgó otro contrato multimillonario a Segurisa, la empresa del empresario con el que González viajó a Suráfrica. Se trata de una adjudicación para vigilar el Metro de Madrid, por importe de 25,9 millones de euros, aprobada en julio de 2006”.
III. El campo de golf de Chamberí
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El tercer punto ‘caliente’ era la gestión y explotación que el Canal de Isabel II otorgó, el 27 de diciembre de 2006, de un campo de golf y varias pistas de pádel, construidas sobre los antiguos depósitos de agua en el céntrico barrio madrileño de Chamberí, a un consorcio formado por las empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. “La primera de dichas sociedades fue constituida por José Antonio Clemente, que resultó ser socio de un hermano y de un cuñado de González en otra sociedad llamada Tamanaco 07 Consulting, cuyo objeto social es precisamente ‘la promoción, instalación y explotación de instalaciones deportivas’”.
Añadía Público que González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de Administración del Canal y que el importe de la concesión prácticamente dobló el previsto en el pliego de condiciones. En realidad, los datos de esta adjudicación fueron publicados por la revista Tiempo en abril de 2007 y González se defendió entonces argumentando que la empresa adjudicataria "no era de un familiar suyo". Era del socio de su hermano.
IV. La plaza de toros de Las Ventas
En el dossier de 69 páginas elaborado sobre el patrimonio y las actividades profesionales de González, se dedicaba –según Público- una especial atención a la concesión para explotar la plaza de toros de Las Ventas, cuya facturación supera los 20 millones de euros al año y aproximadamente la mitad quedan de beneficios: “El coso lo explotaba el empresario Simón Casas, pero en 2004 un polémico concurso le dejó sin la concesión, que pasó a manos de la empresa Taurodelta. Según se indica en el informe, ‘Simón Casas manifiesta públicamente que sabe (aunque no puede probar) que Nacho González obtuvo 50 millones de pesetas por esta concesión’”.
Taurodelta y otros dos empresarios crearon en 2005 la sociedad Taurovent, que pasó a explotar Las Ventas. Uno de esos empresarios era Fidel San Román, detenido en la Operación Malaya, que desarticuló una trama de corrupción en Marbella liderada por Juan Antonio Roca. “En el dossier”, dice el diario de Roures, “se recuerda que San Román admitió ‘haber pagado en distintas ocasiones a Roca’”.
V. Las televisiones digitales de Madrid
Y mucha enjundia parece tener lo contenido en el dossier de Público sobre la concesión de las TDTs en Madrid. La Comunidad de Madrid adjudicó en agosto de 2005 las televisiones digitales locales, en un proceso controlado en todo momento por el vicepresidente. En la demarcación de Madrid capital, recibieron la concesión siete empresas, controladas por Cadena Cope, Libertad Digital, Intereconomía, El Mundo, Onda Cero, Kiss FM y el productor Enrique Cerezo.
Estos siete medios de comunicación crearon, en diciembre de 2005, la empresa Teledifusión Madrid, cuyo objeto social es la gestión de las señales de las nuevas televisiones. Cada uno de ellos suscribió el 10 % del capital y el 30 % restante quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain. Esta empresa, según el periódico de Roures –quien, a través de Mediapro, forma parte de La Sexta- se había constituido justo un mes antes y su administrador único es Fernando Ruano, cuñado de Ildefonso de Miguel, el gerente del Canal de Isabel II y el más estrecho colaborador de González. [Ildefonso de Miguel es también otro de los supuestamente espiados en Madrid].
“Pero el negocio no terminó ahí. Teledifusión Madrid contrató a la empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y gestionara la red de las nuevas televisiones digitales. Y resulta que Secuenzia Pixels había sido fundada en 2003 por el propio Ildefonso de Miguel, quien, cuando pasó a trabajar en la Comunidad, dejó a la compañía en manos de su cuñado Fernando Ruano”.
Público extrajo mucho jugo a ese dossier, que fue publicando en días sucesivos.
Sergio Gamón se ríe de la Asamblea de Madrid
Tres días antes de la constitución oficial de la Comisión de Investigación ad hoc en la Asamblea de Madrid –prevista para el viernes, 6 de enero-, el director del Área de Seguridad de la Consejería de Interior, Sergio Gamón –en quien recaían todas, o casi todas, las sospechas sobre esta trama- protagonizó una tensa y breve comparecencia en el Parlamento regional, anticipando lo que será la Comisión de Investigación.
Gamón se desvinculó de la supuesta trama de espías; negó tener ninguna estructura a su cargo, y se desvinculó completamente del registro irregular y el robo de un ordenador en el despacho de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza del ex consejero Alfredo Prada. Recordó que este asunto fue sobreseído por los tribunales y pidió que PSOE e IU no buscasen sólo su vinculación con Esperanza Aguirre, ya que también sirvió a las órdenes de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Delante de los grupos políticos, Gamón se limitó a asegurar que sus competencias no están aún reguladas y que su función es elaborar un "estudio del modelo de seguridad privada que utiliza la Comunidad en sus 35 edificios y sedes institucionales para hacerla más eficiente". Un estudio por el que, según denunció el Partido Socialista de Madrid (PSM) cobrará más de 91.000 euros al año, sin tener ninguna función específica.
Y, así, en esas se va a encontrar este viernes la ya ‘famosa’ –por denostada antes de su creación- Comisión de Investigación sobre la supuesta trama corrupta de Madrid.
Pinche en las imágenes para ver los vídeos de Rajoy y Sergio Gamón sobre los espías
Rajoy dice no haber visto "ningún dossier" El 'espía' Gamón: "Trabajé tanto con
Aguirre como con De la Vega"
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VEA Cronología de la trama corrupta de Madrid (I)
VEA Cronología de la trama corrupta de Madrid (II)
VEA Cronología de la trama corrupta de Madrid (III)
VEA Cronología de la trama corrupta de Madrid (IV)
VEA Cronología de la trama corrupta de Madrid (V)
VEA Cronología de la trama corrupta de Madrid (VI)
Lo que sí era cierto es que el Ayuntamiento de Madrid –del que dependen, lógicamente, los policías municipales, un auténtico ‘ejército’ armado- cuenta con dos unidades municipales: la Oficina de Seguridad Corporativa y la Unidad de Vigilancia y Protección y su Sección de Apoyo, que es a lo que Aguirre se refería. Mientras esta última forma parte del organigrama de la Policía Municipal y rinde cuentas ante sus mandos, la primera, sobre la que recae directamente la denuncia de UPM, no está formada por agentes del cuerpo, sino por cuatro técnicos y tres auxiliares administrativos dirigidos por Juan Carlos Durán, como explicó Pedro Calvo a EFE.Y esa Oficina de Seguridad Corporativa es la encargada de la coordinación de la seguridad privada que se presta en edificios municipales y de la gestión de la tarjeta corporativa del Ayuntamiento, que da acceso a las distintas sedes a responsables y funcionarios del Ayuntamiento y también, por ejemplo, a los periodistas con acreditación permanente.
A su vez, la Unidad de Vigilancia y Protección ejerce, entre otras, las funciones de contravigilancia de edificios municipales y escolta de autoridades municipales -aunque también de personas ajenas al Ayuntamiento pero amenazadas por ETA-, que la Ley obliga a desarrollar a las policías locales.
El ‘Aguirregate’, o los ‘contratos sospechosos’ de González
Mientras Comunidad y Ayuntamiento se enzarzaban en los policías ‘pata negra’ que uno y otro pudieran poseer, el 29 de enero el diario Público entraba con misiles en la polémica de la trama corrupta. Titulaba ese día el diario de Jaume Roures: “Las cinco adjudicaciones de la Comunidad de Madrid que encendieron las alarmas en el Partido Popular”. Formaba parte de dos dossieres de 69 folios que le habían llegado a Público de no se sabía dónde, pero que fácilmente se podía imaginar de qué parte venía la entrega. No obstante lo cual, los dossieres eran espeluznantes.
“El patrimonio y las adjudicaciones realizadas por Ignacio González, el todopoderoso número dos de Esperanza Aguirre, preocupan al menos desde 2006 en la cúpula del PP. Así lo han confesado tanto en la dirección del partido como la propia presidenta madrileña, aunque esta última sostiene que en su día se comprobó que "todo era falso y calumnioso". Pero, ¿cuáles son esas adjudicaciones?”, escribía ese día en Público Manuel Rico, que extraía de los dossieres datos que, de ser ciertos, podrían resultar escalofriantes sobre las actividades de Ignacio González. A Saber:
I. Concesiones a Enrique Sánchez
Tenía que ver con el viaje que Ignacio González y su esposa realizaron en marzo de 2008 a Johannesburgo (Suráfrica) en compañía del empresario Enrique Sánchez y del ex secretario de Estado de Comunicación Pedro Antonio Martín Marín. Decía Público que el importe de los billetes fue abonado por el empresario como supuesto pago por contratos públicos recibidos. Ahí estaría –según se desprende de lo publicado por el diario de Roures- la firma de un segundo contrato entre el Canal de Isabel II –dependiente de González- y una empresa de Enrique Sánchez: “adjudicación en 2005 de un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una compañía de seguridad cuyo principal accionista es Enrique Sánchez. El Canal tenía contratadas antes de esa fecha 150.000 horas anuales de vigilancia, que pagaba a 13 euros, mientras que a Segurisa se le concedieron 953.000 horas, a un precio cercano a 20 euros”.
Y añadía el periódico de Roures: “El contrato con Segurisa no es el único. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso este diario, el Canal de Isabel II firmó un segundo contrato con otra empresa de Enrique Sánchez. Se trata de Saneamiento y Mantenimiento Integral (Saminsa), que el 12 de enero de 2005 se quedó con la limpieza de edificios del Canal, por dos años y un importe de 2,6 millones (sin incluir el IVA)”.
II. Obras en carreteras autonómicas
Tomando como base la denuncia que Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del PP hasta 2008, trasladó a Rajoy sobre los dossieres sobre González, Público revelaba que hubo una tensa conversación entre Lapuerta y González relacionada con la adjudicación de obras en carreteras controladas por la Comunidad de Madrid.Publicaba el diario: “Las carreteras autonómicas dependen de la Consejería de Transportes. Este departamento es, precisamente, el que otorgó otro contrato multimillonario a Segurisa, la empresa del empresario con el que González viajó a Suráfrica. Se trata de una adjudicación para vigilar el Metro de Madrid, por importe de 25,9 millones de euros, aprobada en julio de 2006”.
III. El campo de golf de Chamberí
El tercer punto ‘caliente’ era la gestión y explotación que el Canal de Isabel II otorgó, el 27 de diciembre de 2006, de un campo de golf y varias pistas de pádel, construidas sobre los antiguos depósitos de agua en el céntrico barrio madrileño de Chamberí, a un consorcio formado por las empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. “La primera de dichas sociedades fue constituida por José Antonio Clemente, que resultó ser socio de un hermano y de un cuñado de González en otra sociedad llamada Tamanaco 07 Consulting, cuyo objeto social es precisamente ‘la promoción, instalación y explotación de instalaciones deportivas’”.Añadía Público que González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de Administración del Canal y que el importe de la concesión prácticamente dobló el previsto en el pliego de condiciones. En realidad, los datos de esta adjudicación fueron publicados por la revista Tiempo en abril de 2007 y González se defendió entonces argumentando que la empresa adjudicataria "no era de un familiar suyo". Era del socio de su hermano.
IV. La plaza de toros de Las Ventas
En el dossier de 69 páginas elaborado sobre el patrimonio y las actividades profesionales de González, se dedicaba –según Público- una especial atención a la concesión para explotar la plaza de toros de Las Ventas, cuya facturación supera los 20 millones de euros al año y aproximadamente la mitad quedan de beneficios: “El coso lo explotaba el empresario Simón Casas, pero en 2004 un polémico concurso le dejó sin la concesión, que pasó a manos de la empresa Taurodelta. Según se indica en el informe, ‘Simón Casas manifiesta públicamente que sabe (aunque no puede probar) que Nacho González obtuvo 50 millones de pesetas por esta concesión’”.Taurodelta y otros dos empresarios crearon en 2005 la sociedad Taurovent, que pasó a explotar Las Ventas. Uno de esos empresarios era Fidel San Román, detenido en la Operación Malaya, que desarticuló una trama de corrupción en Marbella liderada por Juan Antonio Roca. “En el dossier”, dice el diario de Roures, “se recuerda que San Román admitió ‘haber pagado en distintas ocasiones a Roca’”.
V. Las televisiones digitales de Madrid
Y mucha enjundia parece tener lo contenido en el dossier de Público sobre la concesión de las TDTs en Madrid. La Comunidad de Madrid adjudicó en agosto de 2005 las televisiones digitales locales, en un proceso controlado en todo momento por el vicepresidente. En la demarcación de Madrid capital, recibieron la concesión siete empresas, controladas por Cadena Cope, Libertad Digital, Intereconomía, El Mundo, Onda Cero, Kiss FM y el productor Enrique Cerezo.Estos siete medios de comunicación crearon, en diciembre de 2005, la empresa Teledifusión Madrid, cuyo objeto social es la gestión de las señales de las nuevas televisiones. Cada uno de ellos suscribió el 10 % del capital y el 30 % restante quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain. Esta empresa, según el periódico de Roures –quien, a través de Mediapro, forma parte de La Sexta- se había constituido justo un mes antes y su administrador único es Fernando Ruano, cuñado de Ildefonso de Miguel, el gerente del Canal de Isabel II y el más estrecho colaborador de González. [Ildefonso de Miguel es también otro de los supuestamente espiados en Madrid].
“Pero el negocio no terminó ahí. Teledifusión Madrid contrató a la empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y gestionara la red de las nuevas televisiones digitales. Y resulta que Secuenzia Pixels había sido fundada en 2003 por el propio Ildefonso de Miguel, quien, cuando pasó a trabajar en la Comunidad, dejó a la compañía en manos de su cuñado Fernando Ruano”.
Público extrajo mucho jugo a ese dossier, que fue publicando en días sucesivos.
Sergio Gamón se ríe de la Asamblea de Madrid
Tres días antes de la constitución oficial de la Comisión de Investigación ad hoc en la Asamblea de Madrid –prevista para el viernes, 6 de enero-, el director del Área de Seguridad de la Consejería de Interior, Sergio Gamón –en quien recaían todas, o casi todas, las sospechas sobre esta trama- protagonizó una tensa y breve comparecencia en el Parlamento regional, anticipando lo que será la Comisión de Investigación.
Gamón se desvinculó de la supuesta trama de espías; negó tener ninguna estructura a su cargo, y se desvinculó completamente del registro irregular y el robo de un ordenador en el despacho de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza del ex consejero Alfredo Prada. Recordó que este asunto fue sobreseído por los tribunales y pidió que PSOE e IU no buscasen sólo su vinculación con Esperanza Aguirre, ya que también sirvió a las órdenes de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Delante de los grupos políticos, Gamón se limitó a asegurar que sus competencias no están aún reguladas y que su función es elaborar un "estudio del modelo de seguridad privada que utiliza la Comunidad en sus 35 edificios y sedes institucionales para hacerla más eficiente". Un estudio por el que, según denunció el Partido Socialista de Madrid (PSM) cobrará más de 91.000 euros al año, sin tener ninguna función específica.
Y, así, en esas se va a encontrar este viernes la ya ‘famosa’ –por denostada antes de su creación- Comisión de Investigación sobre la supuesta trama corrupta de Madrid.
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QUIÉN ES QUIÉN EN LA TRAMA DE MADRID
>> Especial: Cronología íntegra de la trama de Madrid
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