Cronología de la trama corrupta de Madrid (VII)

La trama se complica. Álvarez Cascos y Gallardón entran en escena

viernes 20 de febrero de 2009, 20:22h

Un nuevo capítulo del ‘culebrón’ sobre la presunta trama de corrupción que salpica al PP de Mariano Rajoy se abrió esta semana después de que diversas informaciones de la Cadena Ser, el diario 'El País', y otros medios de comunicación implicaran en la trama a altos ex dirigentes y dirigentes del PP del como el ex ministro de Fomento del Gobierno de Aznar, Francisco Álvarez Cascos, o el propio alcalde Gallardón, que se ha visto también salpicado por el caso.

Entre tanto, la cacería de Bermejo y Garzón protagonizaba la semana política tanto en el Parlamento nacional como en la Asamblea de Madrid, en donde las explosivas acusaciones de Esperanza Aguirre implicando a los socialistas en la trama provocaban la suspensión de un pleno. El PP ponía la guinda pidiendo en el Congreso de los Diputados la apertura de una comisión de investigación sobre la cacería de marras.

El calvario del PP no cesa. Hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción implicaba al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, en diversas actuaciones supuestamente irregulares en las aparece el nombre de Francisco Correa. El informe de Anticorrupción pedía al juez Baltasar Garzón, -que el viernes tuvo que ser ingresado con un ataque de ansiedad en un centro hospitalario-, que se inhibiera en la causa en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad de Madrid y de Valencia dada la presencia de aforados del PP en el caso.

De hecho, esto obligaría además al juez Garzón a poner de inmediato la causa en manos del Tribunal Supremo. Entre ellos figura Alberto López Viejo, el ex consejero del que la presidenta Esperanza Aguirre, pero con escaño en el parlamento regional, a quien se le atribuye un papel central en la trama que justificaría el traslado del sumario al Tribunal Superior de Madrid.

Una auditoría del Gobierno madrileño ha detectado que López Viejo dejó sin pagar cinco millones de euros por trabajos encargados a la trama de corrupción mediante contratos de menos de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso. El destituido consejero de Deportes era quien contrataba la organización de los actos institucionales de Esperanza Aguirre. Garzón investiga si López Viejo cobró sobornos por la adjudicación de contratos a Francisco Correa, quien en los últimos diez años se encargó de los actos electorales del PP.

Pero en las grabaciones aportadas en la denuncia presentada por Anticorrupción aparece una frase de una imputada, según la información de 'El País', que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano. Garzón ha investigado "tres facturas sobre este punto".

La indignación en las filas del PP ha ido subiendo de grado por las filtraciones del sumario. Tras esta información, el PP se apresuró a anunciar la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque cree que "personal al servicio" de Anticorrupción ha podido cometer un "delito de filtración" en la presunta implicación del presidente valenciano.

El encargado de escenificar esa indignación fue el responsable de Comunicación del PP y diputado valenciano, Esteban González Pons, - que fue Conseller de Camps-, quien, en una comparecencia en la sede del PP nacional, exigió que se levante cuanto antes el secreto de sumario, mientras expresaba su temor a que si esto no ocurriera, haya más filtraciones durante la última semana de campaña en Galicia y en el País Vasco, con el consiguiente perjuicio para su partido. Pons insistió en la necesidad de que Garzón se inhiba del caso.

Varios detenidos, en libertad

Mientras tanto, el juez Baltasar Garzón dejaba en libertad a Andrés Bernabé, chófer del presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, y la persona que custodió el maletín en el que supuestamente se guardaban documentos "esenciales" para la investigación y que ha desaparecido.

Además, el juez también dejaba en libertad a Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market, la filial que Correa tenía en la Comunidad Valenciana. También quedaron en libertad al ex socio de Alejandro Agag, Jacobo Gordon, y el ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín, quien dijo estar “hasta los huevos” tras el interrogatorio al que el juez les sometió como imputados por blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Balín se dirigió a los periodistas para exigirles respeto. “No me gusta que mis hijos lean que su padre es un delincuente. No me he llevado dinero de nadie”, les dijo. Balín es miembro del consejo de administración de Hator Consulting, Osiris Patrimonial o Inversiones Kintimani, empresas de Correa.
Garzón ha citado para el 4 de marzo a Guillermo Ortega, ex alcalde popular de Majadahonda y ex gerente del Mercado Puerta de Toledo, y al empresario José Luis Ulibarri, como supuestos implicados también en la trama denominada como “Operación Gürtel”.

Paralelamente, la dirección nacional del decidía citar a los ex alcaldes de Boadilla y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, a comparecer ante el Comité de Derechos y Garantías para dar cuenta de las acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos.

Salta el nombre de Álvarez Cascos

Por si el ambiente no estaba ya bastante caldeado, la Cadena Ser y el diario El País añadían más ‘munición’ al caso. Según desvelaban en varias informaciones, al menos una de las empresas de la trama corrupta en las que operaba Correa fue contratada al menos en cuatro ocasiones por la entidad pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), adscrita al Ministerio de Fomento, a lo largo de 2001 y 2002 durante el segundo Gobierno de José María Aznar, siendo ministro del ramo en ese momento Francisco Álvarez-Cascos. El diario de Prisa estimaba que el monto de las cantidades entregadas a la sociedad, Technology Management Consulting (TCM), fue de más de 350.000 euros.

Álvarez-Cascos negaba la mayor y aseguraba que no tiene “nada que ver” con ningún contrato entre las empresas de Correa y AENA. “Si se cometió alguna irregularidad, lo que a mí desde luego no me consta, se hizo sin mi consentimiento. Pero también hay que tener en cuenta que el señor Correa tenía una reputación como proveedor en el año 2000 que ahora evidentemente no tiene. Mucha gente contrataba con él de buena fe”, declaraba al citado diario. Sin embargo, el ex ministro – continuaba explicando El País - contrastó con algunos colaboradores la existencia de los contratos entre TCM y AENA, que él no recordaba, y terminó confirmando cuatro adjudicaciones. “Todo se hizo siguiendo los procedimientos establecidos en la ley, los que deben cumplir las administraciones públicas para poder contratar. La empresa de Correa ganó la adjudicación por ser la mejor oferta presentada, creo, probablemente la más barata. Nadie tenía en ese momento ninguna suspicacia hacia esta empresa. En cualquier caso y aunque me extrañaría que hubiera irregularidades, si las hubo yo no tuve nada que ver con esos contratos. Ni siquiera me enteré de ellos en su día porque eran temas como organizar la participación de AENA en algunas ferias internacionales”, se defendía Cascos.

Aguirre pierde los papeles

Como si la situación no estuviera al rojo vivo presidenta regional, Esperanza Aguirre, aportaba su ‘granito de arena’ en el Pleno de la Asamblea de Madrid celebrado el pasado jueves. Sus controvertidas declaraciones en relación a la trama de corrupción investigada por Garzón levantaron las iras de la oposición y tuvo que suspenderse la sesión. Aguirre llegó a asegurar que hay una “trama clarísima” contra el PP organizada por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el “juez socialista” de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para después añadir que también hay imputados entre las filas socialistas. Esto último levantó a la bancada de la oposición exigiendo a la presidenta que retirase esa "falsa" acusación, algo a lo que se negó la lideresa.

“A mí me parece que estamos ante una trama clarísima, una trama organizada por el ministro furtivo y el juez socialista, una trama contra el PP para evitar que pueda haber una alternativa al peor gobierno de la historia de la democracia”, aseguró en los pasillos de la Asamblea de Madrid en relación a la cacería en la que estuvieron presentes Bermejo y el juez Garzón, al frente de la Operación Gürtel.

Sus polémicas declaraciones se realizaron casi al mismo tiempo en que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, confirmaba que su Ayuntamiento amañó un contrato con Correa, la Fiscalía ha imputaba a Camps y la secretaría general del PP, María Dolores de Cospedal, anunciaba medidas judiciales contra el magistrado de la Audiencia Nacional por una “actitud prevaricadora”.

Aguirre abundaba en sus acusaciones asegurando que su partido está frente a “una trama para hacer que desistamos y una trama en la que cada mañana desayunamos con nuevas filtraciones de un sumario secreto, -que recuerdo que ese sumario es secreto-, pero todas las mañanas hay filtraciones, siempre al mismo grupo de medios de comunicación”.

En esta línea, indicó que uno de los medios “ya tiene una denuncia por coacciones” que el ex ministro Francisco Álvarez Cascos presentó el miércoles, "porque negándose a publicar la rectificación del ex ministro y secretario general, no se le ocurrió mejor cosa que coaccionar, amenazar y chantajear con publicar contratos de otra persona, razón por la cual ya se le puso una denunciar en el juzgado de guardia en el día de ayer". Así, reseñó que lo que hay “es una trama contra el PP”.

EL PP pide en el Congreso una Comisión de investigación sobre la ‘cacería

La ‘guinda’ de la semana la ponía el Grupo Popular en el Congreso, que dedicaba la última sesión de control al Gobierno antes de la celebración de las elecciones autonómicas, a arremeter contra Rodríguez Zapatero y su ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y su montería junto al Juez Garzón. El propio Mariano Rajoy atacaba al presidente con toda su artillería pesada por negarse a cesar al ministro que en un programa de televisión ha reconocido, para más ‘inri’, que carecía de licencia para cazar en la comunidad andaluza, motivo por el cual se le ha abierto un expediente informativo.

Veinticuatro horas después de esa bronca parlamentaria, la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, comparecía por sorpresa en el Congreso para anunciar que el PP quiere que se abra una comisión de investigación sobre la posible vulneración del principio de separación de poderes por parte del ministro de Justicia, Fernández Bermejo, por su cacería en Jaén junto al juez Garzón.

Sáenz de Santamaría, explicó que a juicio de su partido estos hechos suponen una “muy grave confusión” entre los poderes del Estado. La portavoz popular recordó que primero se conoció la coincidencia del ministro y el juez en una cacería en Jaén, el mismo fin de semana en el que algunos detalles de la investigación sobre el PP eran “filtrados” a los medios de comunicación como una “causa general contra el PP”.

Después se supo que esa cacería “no era la primera” y que el ministro había practicado la actividad cinegética sin la licencia exigida, por lo que podría haber incurrido en una infracción “al menos, grave” con multa de 600 a 4.000 euros e inhabilitación para obtener licencia.

A ello se une que algunas de las cacerías en las que ha participado el ministro podrían haber sido “regalos, privilegios”, cuya aceptación vulneraría el código de buen gobierno aprobado hace cuatro años.
A la espera de ver cómo reaccionan los demás grupos, el PP propone que la comisión investigue durante dos meses, aunque la portavoz no quiso desvelar aún los comparecientes que pedirá su grupo en caso de ser aceptada.

Gallardón también entra en escena

Después de protagonizar una jornada polémica en la que tuvo que reconocer que desde su Ayuntamiento se amañó un contrato en favor de la empresa de Francisco Correa, el viernes Gallardón volvía a ser noticia. El alcalde de Madrid salió mal parado con informaciones sobre antiguos cargos del ayuntamiento capitalino, pero que finalmente resultaron ser fruto de un error de 'cálculo' del Partido Socialista de Madrid. Esto sucedía horas antes de que cesara al asesor del concejal-presidente del distrito de Moncloa, José Javier Nombela, imputado por Garzón.

David Lucas, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid denunció públicamente que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) adjudicó, durante la presidencia del ex concejal Sigfrido Herráez, "numerosas promociones" de construcción a la empresa Ploder, que preside su suegro y de la que es consejera su esposa, María Gálvez. Sin embargo, estos supuestos indicios de delito resultaron ser fruto de un error en los nombres de la compañía y el grupo socialista de Madrid se vio obligado a emitir una nota de corrección para no atentar "a las personas y a su honorabilidad".

El ex-edil fue nombrado en el cargo en junio de 2003, un puesto del que dimitió en septiembre de 2005. También fue responsable en ese periodo de tiempo de la presidencia de la EMVS. El problema surgió con los nombres de Ploder Uicesa, la cuarta empresa adjudicataria de la EMVS. En un primer momento se denunció que según datos de la propia compañía pública fechados en 2009, la esposa de Herráez, María Gálvez, era consejera desde el año 2000, un cargo que compatibilizó en algunos momentos con el de apoderada, además su padre, el suegro del ex concejal, sería el presidente de Poder, señaló el PSOE. Las adjudicaciones a esta empresa continuaron en la EMVS una vez que Herráez dejó sus cargos en el Ayuntamiento.

Pero todo esto no era más que una metedura de pata ya que tal y como se recoge en el comunicado del PSM, David Lucas reconoce que tras recibir nueva documentación la historia queda tal y como reproducimos a continuación:

"Se han producido diversas adjudicaciones a la empresa PLODER UICESA S.A."

"... figuraban como miembros históricos del Consejo de Administración de la Empresa PLODER UICESA S.A. Doña María Gálvez Fernández y D. Luis Gálvez Murcia"

"Que esta información nos condujo a la creencia de que las adjudicaciones realizadas cuando Sigfrido Herráez era concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid se habían producido a PLODER UNICESA SA, tras comprobar los documentos de la EMVS".

"... hemos podido comprobar que las adjudicaciones cuando él era concejal de Vivienda se realizaron a la Empresa UICESA SA no estando en ese momento ningún familiar de Sigfrido Herráez en el Consejo de esta empresa"

"Posteriormente, tras la marcha de este concejal del Ayuntamiento de Madrid, PLODER SA absorbió a UICESA SAU, debiendo ser ese el motivo por el cual aparece la nueva empresa en todos los listados históricos de la EMVS"

"Solicitamos a la EMVS que rectifique el listado de adjudicatarios de vivienda y allí donde ponga PLODER UICESA SAU se clarifique y diga UICESA SA únicamente si es antes de la fusión de las dos empresas" (...) para así "evitar posibles equívocos"

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Rajoy dice no haber visto "ningún dossier" El 'espía' Gamón: "Trabajé tanto con
Aguirre como con De la Vega"

VEA Cronología de la trama corrupta de Madrid (I)