La Asociación de Internautas considera que el asunto reviste especial gravedad, porque "está en entredicho la cobertura legal de este sistema de interceptación, sin una ley orgánica que lo respalde, el derecho fundamental a la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos no está garantizado", según ha manifestado su presidente Víctor Domingo en La Gaceta.
"La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, creó el mecanismo para garantizar que el desarrollo de Sitel se lleva a cabo en secreto, que no pueda ser conocido por la opinión pública. Se trata de la orden PRE/1575/2006, de 19 de mayo, por la que creó una comisión interministerial (con miembros del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, del CNI y de las operadoras de telecomunicaciones). De la Vega pidió "sigilo" a sus miembros y decretó que el informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información "equivaldrá" (sustituirá) a la audiencia pública". De esta manera comienza la denuncia de la Asociación de Internautas que considera que "se está imponiendo una filosofía de la vigilancia para controlar al ciudadano".
De la Vega ordenó 'silencio'
El Ministerio de Industria, competente en la regulación de Sitel, ha impulsado recientemente dos órdenes (ETSI TS 133 108 y ETSI TS 101 671) para su desarrollo que tampoco han sido sometidas al “trámite público”, sino que han llegado directamente al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.
La Asociación de Internautas denunció la anomalía ante el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información el 19 de junio de 2009, pero no tuvo ninguna repercusión. La mencionada asociación entiende la actitud de la vicepresidenta como algo intencionado, dentro del "secretismo" generalizado "que rodea al caso Sitel".
Por otro lado, en las citadas órdenes se especifica que las operadoras "deberán proveer información de localización del terminal móvil del sujeto de la interceptación y, si es posible, de su o sus interlocutores". Se trata, según los internautas, de una "ilegalidad", ya que la localización geográfica afecta al artículo 18 de la Constitución Española. El artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones incluye la localización entre los datos relativos a la interceptación, pero sólo para el sospechoso.
Los impulsores del 'software espía'
La Asociación de Internautas hace memoria y critica con dureza que "Sitel comenzó a ser utilizado en pruebas en marzo de 2004, aún con el PP en el poder. El Gobierno de José María Aznar no se lanzó a usar el 'software espía' debido a las pegas que ponían los informes del CGPJ y el Ministerio del Justicia. Pero cuando el PSOE llegó al Gobierno no tuvo problemas en utilizar el arma informática más potente que jamás había tenido. Lo hizo el Ministerio del Interior, con José Antonio Alonso a la cabeza. Tanto él como su secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, se lanzaron sin mirar los problemas legales. Y no esperaron mucho. Ya en el año 2004 el secretario de Estado admitió en sede parlamentaria en dos ocasiones estar utilizando el 'software'. Ocultó, sin embargo, la falta de cobertura legal con la que operaba. "El Sistema Integrado de Interceptación Telefónica es un sistema que se ha desarrollado a lo largo de los años 2001 y 2003, es un buen proyecto, y de lo que se trata (...) es de establecer la consignación presupuestaria suficiente para optimizar el sistema", anunciaba Camacho el 13 de octubre de 2004 en las Cortes, según el Diario de Sesiones del Congreso. La misma fuente se hace eco de una segunda intervención seis días más tarde. "Sitel trata de mejorar (...) esas interceptaciones tan importantes en la lucha contra la criminalidad".
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