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Resumen de la repercusión en medios sobre la nacionalización de YPF

'Manu militari' en la sede de Repsol YPF en Argentina

"Manu militari" en la sede de Repsol YPF en Argentina

lunes 16 de abril de 2012, 21:35h
Tras el anuncio de la Presidente de expropiar el 51% de las acciones de YPF y de nombrar como interventor de la misma a Julio De Vido, el representante del Gobierno argentino en Repsol-YPF, Roberto Baratta, llegó a la sede de la empresa en Buenos Aires con un listado de nombres para expulsarlos inmediatamente, publica El País.
Entre los primeros en salir se encuentra el directivo español Antonio Gomis, director general de Repsol en Argentina y adjunto a la vicepresidencia de YPF desde febrero de 2010.Los enviados del Gobierno han conminado a los directivos españoles a hacer sus cajas de forma inmediata y les han obligado a salir a la calle, agrega el diario. En cadena nacional, Cristina Kirchner anunció este lunes el envío de un proyecto de ley para declarar "de interés público nacional" a la riqueza de hidrocarburos del territorio de la República Argentina y expropiar el 51 % del patrimonio de YPF S.A. actualmente en poder de la petrolera española Repsol.

La iniciativa, denominada "Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina", sostiene que "el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos". La Casa Rosada (sede de la presidencia argentina) basaría su actuación en la Ley Nacional 21.499 de Expropiaciones, promulgada en enero de 1977 para dar marco legal a las nacionalizaciones.


Ley de expropiación 21499, conocida como "Ley Videla"

El proyecto de ley que ha anunciado la Presidenta, se basa en la conocida "Ley Videla", promulgada por el General Videla en 1977; en su artículo primero deja de manifiesto cuál es su principio "La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual".

Recordemos que Videla ocupó la presidencia de su país entre 1976 y 1981 durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional que se inició con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Además fue Jefe del Ejército Argentino entre 1975 y 1978. Tras la recuperación de la democracia en 1983, fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destitución del grado militar por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. El 22 de diciembre de 2010 fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por el caso conocido como UP1, fusilamientos en la unidad penitenciaria 1 de San Martín.
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