Al haber pasado tres semanas sin que el Gobierno actúe, Bruselas enviará este miércoles a España una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción, para exigirle de nuevo que retire los requisitos impuestos por la CNE. Si el Gobierno no lo hace, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El 26 de septiembre, la Comisión declaró ilegales 18 de las 19 condiciones impuestas por la CNE en una decisión jurídicamente vinculante que puede ser invocada por E.ON ante los tribunales españoles, por ejemplo para pedir indemnizaciones.
Los argumentos utilizados por Bruselas fueron que la CNE adoptó su decisión sin comunicación previa al Ejecutivo comunitario ni aprobación por parte de éste, e impuso requisitos "contrarios a las normas del Tratado sobre derecho de establecimiento y libre circulación de capitales".
La Comisión había aprobado sin condiciones el 25 de abril la OPA de E.ON sobre Endesa al considerar que no obstaculiza de forma significativa la competencia efectiva. La actuación de la CNE vulnera el artículo 21 del reglamento de fusiones, que da competencia exclusiva a Bruselas sobre las concentraciones de dimensión comunitaria.