El Parlamento chipriota ha aprobado este viernes la creación de un
fondo de solidaridad y la instauración de restricciones para el
movimiento capitales financieros, dos de las iniciativas promovidas en
los últimos días para evitar el plan inicial sobre tasas a los depósitos
bancarios.
Chipre negocia una serie de medidas con las que satisfacer a la
'troika' --Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario
Internacional-- y obtener una ayuda económica que le salve de la
quiebra.
Nicosia planteó la creación del fondo de solidaridad como
herramienta para recaudar, mediante la emisión de bonos de emergencia,
la parte del rescate que le corresponde pagar a Chipre. La Comisión
Europea examina los detalles de este fondo "para ver hasta qué punto es
una alternativa viable", según el portavoz de Asuntos Económicos, Simon
O'Connor.
El Ejecutivo comunitario sí había exigido la aprobación de las
regulaciones sobre el capital. El vicepresidente de Asuntos Económicos
de la Comisión Europea, Olli Rehn, subrayó este viernes la importancia
de una ley para controlar la actividad bancaria, con el objetivo de
"evitar todo movimiento de capital que debilite la estabilidad
financiera de Chipre" una vez que reabran los bancos a partir del
próximo martes.
Los ministros de Economía de la eurozona celebrarán el domingo una
reunión extraordinaria para determinar si el 'plan B' aprobado por el
Parlamento chipriota durante el fin de semana cumple las condiciones
exigidas para desbloquear la ayuda. La reunión tendrá lugar un día antes
de que venza el plazo que ha dado el Banco Central Europeo (BCE) para
cortar la liquidez a los bancos chipriotas.
En primer lugar, la UE quiere limitar la ayuda a la isla a 10.000
millones de euros --frente a los 17.000 millones de euros que pedía el
Gobierno de Nicosia--. El resto del dinero deberán aportarlo los propios
chipriotas. La segunda condición es que la deuda de Chipre no deberá
superar el 100% del PIB en 2020, el umbral que el Eurogrupo considera
sostenible.
El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha dicho que no
hay muchas alternativas a la tasa a los depositantes y ha pedido que se
excluya a las cuentas de menos de 100.000 euros, cantidad garantizada
por las normas de la UE.
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