No todo son mercados, o al menos no todo son bancos ni capitales. Cuando la Unión Económica Europea se creó allá por los 50´s, uno de sus objetivos fundacionales fue asegurar el libre movimiento de personas. Restringido inicialmente a trabajadores y sus familias, no es hasta el Tratado de Maastricht en 1992 cuando se introduce el concepto de ciudadanía europea. La libre circulación afecta desde entonces a todos los ciudadanos de la Unión al margen de su condición o no de trabajadores. Según la Comisión Europea, 14 millones de ciudadanos viven establemente en otro país de la UE. El 30% no tienen un trabajo –estudiantes, pensionistas, familiares de trabajadores y buscadores de empleo-. Los sistemas de protección social varían considerablemente de unos países a otros y eso ha llevado a desplazamientos hacia aquellos de mayor protección. Alemania y Reino Unido han sido grandes receptores, en particular desde la ampliación de la UE hacia el este de Europa. Las consecuencias en Gran Bretaña son conocidas. Es ahora Alemania la que anuncia un severo endurecimiento de las condiciones para el acceso de ciudadanos comunitarios al sistema de protección social. Aunque legalmente cuestionable, el resurgir del nacionalismo, la percepción de inseguridad y las elevadas tasas de desempleo en los países más débiles de la UE, están inclinando a los responsables políticos a replantearse este pilar esencial de la Unión. No es el único sobre el que se plantean retrocesos, aunque quizá si estamos ante el más determinante en la percepción de los ciudadanos. Es un síntoma muy visible de que Europa no solo no avanza sino retrocede.
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