Un hipotético rescate de las autopistas de peaje en Cataluña a fecha de 2018 sería de 4.276 millones y no de 5.721 como se estimó en el 2015. Es decir, el Estado se ahorraría un 25% en la factura gracias a la aplicación de la ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde el año pasado, tal y como ha calculado la Universidad Politècnica de Catalunya (UPC).
El Estado se ahorraría un 25% del coste que se estimó en 2015 relativo al rescate de las autopistas de peaje en Cataluña. Así lo ha calculado la Universidad Politècnica de Catalunya (UPC) en un estudio al que ha tenido acceso 'La Vanguardia'. Asimismo, el informe apunta a que cuanto más se tardase en tomar la decisión, más bajo sería el precio final porque los contratos de concesión estarían más próximos a caducar.
En total saldrían 4.276 millones de las arcas públicas -de los cuales 2.003 los abonaría la Generalitat y 887 la Administración General en concepto de vías de peaje explícito- para financiar las autopistas de peaje catalanas y no a 5.721 millones como se calculó en 2015. Esto es así porque se tiene en cuenta la aplicación de la nueva ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor en marzo de 2018 y que modifica el cálculo del llamado lucro cesante por rescindir los contratos anticipadamente.
En cualquier caso, la decisión final sobre el futuro de las autopistas de peaje en Cataluña no está tomada cuando falta menos de un año para que revierta en el Estado la primera concesión: la AP-7 entre Tarragona y Alicante gestionada por Aumar (Abertis).
El Gobierno central pretendería abordar la cuestión en una futura subcomisión parlamentaria, mientras la Generalitat aboga por la creación de una especie de consorcio entre diferentes administraciones para la explotación, mantenimiento y mejoras de las vías junto a la creación de una 'tarifa plana' para que el usuario disfrute de la red de carreteras durante un tiempo determinado.
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