El juez federal Royce Lamberth, del Distrito de Columbia, emitió este martes una sentencia que obliga al Gobierno de Donald Trump a reactivar los servicios de Voice of America (VOA).
Se trata del medio financiado por la Administración estadounidense que había operado durante más de 80 años hasta su desmantelamiento en marzo. Es la emisora internacional más grande y antigua y financiada por el gobierno federal.
La decisión judicial también exige la restitución completa de las actividades de la Agencia Estadounidense para los Medios Globales (USAGM), la entidad encargada de financiar VOA y otros medios internacionales.
En un dictamen de 37 páginas, el magistrado señaló que la medida adoptada por el Ejecutivo de Trump para desarticular la USAGM probablemente contravenía tanto las leyes vigentes como la Constitución. “La negativa del gobierno a utilizar los fondos asignados por el Congreso según las normativas presupuestarias representa un ataque directo al poder legislativo”, afirmó Lamberth en su resolución.
El fallo calificó la decisión de la Administración Trump sobre la USAGM como “arbitraria y caprichosa”. Además, ordenó la inmediata reincorporación de todos los empleados y contratistas de VOA, así como la reanudación del financiamiento a otras plataformas vinculadas, como Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks.
Según el juez, estas medidas son necesarias para garantizar que los medios internacionales de USAGM puedan continuar ofreciendo “noticias consistentemente confiables, precisas, objetivas y completas”.
Impacto del fallo
La USAGM, antes conocida como Broadcasting Board of Governors, contaba con un presupuesto anual cercano a los 270 millones de dólares, empleaba a más de 2.000 personas y difundía contenido en 49 idiomas. Su audiencia semanal alcanzaba a más de 361 millones de personas en todo el mundo, según datos recogidos por el diario 'The New York Times'. Sin embargo, desde el inicio de su primer mandato (2017-2021), Trump mostró una postura crítica hacia esta agencia, argumentando que no cumplía con sus funciones legales.
En marzo pasado, el presidente firmó una orden ejecutiva que instruía a los directores de las agencias federales a eliminar todas las funciones no legalmente establecidas y reducir “el desempeño de sus funciones estatutarias y el personal asociado al mínimo requerido por la ley”. No obstante, el juez Lamberth consideró que el desmantelamiento de la USAGM violó incluso los términos de dicha orden.
“Implementaron acciones inmediatas y drásticas para recortar operaciones sin tomar en cuenta sus obligaciones legales o constitucionales, tal como lo exige el lenguaje claro de la Orden Ejecutiva, y sin evaluar el daño causado a empleados, contratistas, periodistas y consumidores de medios en todo el mundo”, destacó el fallo.
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