La declaración final contempló la realización de consultas "para evaluar la oportunidad de convocar con urgencia a una reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, en el marco de las Naciones Unidas ante la gravedad de la crisis financiera".
Los mandatarios señalan en el documento que si bien la región está en mejores condiciones para hacer frente a la crisis, "no deben subestimarse sus potenciales efectos sobre el sector real de la economía, ni sobre la estabilidad política y social de la región".
Asimismo, "reafirmaron su compromiso de tomar las medidas necesarias para proteger el empleo y la inversión, garantizar la disponibilidad de financiamiento para las actividades productivas e impulsar políticas sociales que beneficien en particular a los sectores más vulnerables".
También recordaron la "responsabilidad" del sistema financiero de los países desarrollados en la actual crisis y al mismo tiempo coincidieron en la importancia de que la comunidad iberoamericana "participe activamente en la determinación de la respuesta internacional" a la misma.
Los iberoamericanos están "determinados a participar y contribuir activamente en un proceso de transformación profunda y amplia de la arquitectura financiera internacional", que contemple instrumentos de prevención y respuesta inmediata ante futuras crisis y garantice una regulación eficaz de los mercados internacionales.
Destacaron asimismo la importancia de la "participación universal, democrática y equitativa", en el debate y solución de la actual crisis financiera internacional.
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